OPINION

ESTO ES LO QUE NECESITA MEJORARSE PARA QUE EL PODER JUDICIAL FUNCIONE – DEMOCRACIA DELIBERATIVA

La función del poder judicial de administrar justicia en Colima, está colapsado. Existen dos razones que motivaron su caída; la primera y que es la que tenemos que cambiar urgentemente, es, una reingeniería administrativa judicial total del poder judicial, pues por la falta de voluntad de los integrantes del Pleno del STJE para mantener de forma eficiente el sistema de justicia local, de acuerdo a la función que le corresponde, el sistema cayó.

Por lo tanto, se tiene que buscar un mecanismo diferente para que, a pesar de la negativa de quienes hoy administren poder judicial del Estado, se logre ese cambio que no puede retrasarse.

La forma, que se ha utilizado en otros casos similares, es que, dentro de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) se deben cuidar uno a otro, para que cada quien haga su función y cuando alguno de ellos falla, los otros, deben de hacer lo que se necesite para evitar un daño a la sociedad.

En ese sentido, el poder ejecutivo y el poder legislativo, deben estar atentos para reconstruir al poder judicial, sin violentar su autonomía e independencia, solamente como poderes públicos que tienen que servir de equilibrio para que el sistema de justicia del Estado, no siga como está, sino que lo tienen que reestructurar totalmente, a fin de que sea eficaz.

La institución adecuada como ya se mencionó, es hacer una reingeniería administrativa jurisdiccional de todo el sistema de justicia, modificar tanto la Constitución como la Ley Orgánica y el marco jurídico que tiene, a fin de implementar y que funcione; el servicio civil de carrera, la capacitación permanente y urgente de todo el personal del poder judicial, respetar los protocolos de escalafón dentro de la burocracia judicial, transparentar su funcionamiento, la designación y nombramiento de los cargos públicos desde magistrados, jueces y personal administrativo con base en los protocolos y usos de buenas prácticas, combatir la corrupción al interior, el nepotismo, eficientar los perfiles de quienes ahí trabajan, rendición de cuentas, utilizar el uso de las buenas prácticas judiciales que se utilizan en el país y en organismos internacionales que por obligación tenemos que cumplir, establecer metas de aumento en la calidad de justicia, iniciar procedimientos en contra de servidores públicos del sistema de justicia que no cumplen con su función, incluyendo juzgadores y magistraturas, vigilancia permanente de la calidad de justicia a través de un Consejo de la judicatura local o similar; y para que esto no se entienda como una violación a la autonomía e independencia del sistema de justicia local, se tendrá que modificar la Ley Orgánica y la propia Constitución local, para crear una institución interna al poder judicial, pues todo va enfocado a que el sistema de justicia funcione y crezca, para poder garantizar el derecho humano de la sociedad como interés colectivo, a tener acceso a una justicia de calidad.

La segunda de las causas que han motivado la caída del poder judicial local, es la incapacidad del propio poder, al enfrentarse a la pandemia de COBID-19, quedó rebasado totalmente y sigue así, sin hacer ningún cambio, la única forma de hacerlo, es contar con el expediente electrónico, pero por lo que se observa, el Pleno está poniendo de pretexto que no tiene dinero y mientras no se lo den, no existirá la justicia digital, que es la única, que pudiera medio levantar el mal sistema de justicia que ya existía, pues aunque regresar las cosas antes de cómo se encontraba al iniciarse la pandemia, la justicia local ya no estaba funcionando.

Por esos importante que, como medida urgente, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y un llamado también a todas las organizaciones civiles de abogados federados y asociados a fin de ayudar a reconstruir al poder judicial en el Estado de Colima. Un llamado muy especial a la sociedad a fin de que apoye esta necesidad de justicia, que, al fin, el servicio de justicia es de todos y de interés público.

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