LA RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA – ESTRICTO DERECHO

Por: Mtro. Rumualdo García Mejía

Hablaremos de un tema bastante interesante, porque concierne a uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial: la renovación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. A diferencia de los otros dos, representados en la gobernadora y en el congreso, el Poder Judicial no se elige por voto popular: su órgano máximo es el Supremo Tribunal de Justicia, el cual tiene una presidencia, designada por el Pleno para un periodo de dos años, que puede reelegirse.

Esta elección tiene lugar durante los primeros quince días de noviembre del año que corresponda, y este año toca renovación de la presidencia, ya que la última vez que se eligió fue en el mes de noviembre de 2020, siendo el Magistrado Bernardo Salazar Santana quien actualmente es el presidente, de ahí que en la primera quincena de noviembre de este año deba elegirse.

Actualmente, el Supremo Tribunal de Justicia lo integran diez magistradas y magistrados. ¿Quiénes son estos diez grandes electores? Tenemos los tres más antiguos: Rafael García Rincón quien llegó en 1997 y tiene casi 25 años en el cargo, mientras que en 1999 arribaron José Alfredo Jiménez y María Luisa Ruiz Corona, todos designados durante el sexenio de Fernando Moreno. Después vienen tres más, nombrados por Silverio Cavazos: uno fue Bernardo Salazar Santana, actual presidente, luego vino Miguel García de la Mora y finalmente Juan Carlos Montes y Montes. Estos seis que he mencionado tienen la particularidad de haber estado en el cargo por más de seis años y, como no se hizo una evaluación en su momento respecto a su permanencia, eso generó automáticamente su ratificación tacita en la magistratura, adquiriendo la inamovilidad.

Luego vienen otros tres, que designó Nacho Peralta: Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, quienes llegaron en septiembre de 2018 y, por último, el caso de la magistrada Lilia Hernández Flores quien llegó en septiembre de 2021, en sustitución del magistrado Mario de la Madrid Andrade, que había sido nombrado por Nacho, pero renunció para asumir su notaría, de ahí que Lilia Hernández fuera nombrada solo para cubrir el resto del periodo que correspondía a Mario de la Madrid, lo que significa que en septiembre de 2024 estarían venciéndose los periodos de estas cuatro magistraturas.

En resumen, de estos 10 integrantes, tenemos 7 hombres y 3 mujeres; 4 de carrera judicial y 6 externos; 3 que vienen desde el sexenio de Fernando Moreno, 3 designados por Silverio Cavazos; y 4 que fueron nombrados durante el sexenio de Ignacio Peralta, aunque hay que rescatar el buen nombre de la magistrada Lilia que, aunque fue nombrada en ese periodo, hay coincidencia en atribuírsela a Indira y no a Nacho, porque él nunca hubiese nombrado un perfil decente como ella.

Hecha esta revisión, hay que remontarnos a julio de este año, cuando ocurrió un intento de “madruguete” al darse la noticia de que habían nombrado presidenta del Supremo Tribunal a Leticia Chávez Ponce, a quien inicialmente se buscó designar por el periodo completo de 2 años; después se le quiso nombrar como presidenta hasta noviembre de este año; luego se acordó que solo estaría de presidenta por un mes; y al final quedó en nada, porque Bernardo Salazar terminó regresando al cargo al recuperarse milagrosamente de los problemas de salud que en su momento le sirvieron como justificación, esfumándose la presidencia fugaz de Leticia Chávez.  

Hacemos referencia a este hecho porque a partir de entonces se conformaron dos bloques: uno de resistencia, que no piensa permitir que los designios de la gobernadora se hagan presentes en el Poder Judicial, y otro grupo que quiere facilitarle las cosas a Indira Vizcaíno para que tenga el control del Tribunal.

El primer bloque es el mayoritario, conformado por 7 de estos 10 que hemos mencionado: los silveristas Bernardo, Miguel y Juan Carlos, los peraltistas René, Leticia y Sergio Marcelino, además de la magistrada Ruiz Corona. Por otro lado, tenemos un mini bloque rebelde, integrado por dos de los fernandistas: García Rincón y José Alfredo Jiménez, y la única que podríamos identificar como indirista, la magistrada Lilia.

Es importante hacer esta distinción, porque con estos bloques se puede advertir que hay una clara desventaja numérica en cuanto a las posibilidades que tiene la gobernadora de incidir en esta elección, lo que generó en los últimos días una urgencia apremiante de hacer nombramientos de última hora en el Supremo Tribunal. Sin embargo, no hay vacantes, y por eso también se ha buscado generarlas, en espacios como el del notario que a veces pedía permiso para ausentarse como magistrado y atender sus intereses del momento, a quien se dice que desde el gobierno estatal lo tienen en la mira, por su participación tan activa a favor del PRI en el pasado proceso electoral. Otros dos que pueden hacer espacio son René Rodríguez y María Luisa Ruiz Corona: ambos pueden pensionarse por la edad, al rebasar los 65 años, ya que no podrán recibir una pensión por un monto superior al tope existente en la actual Ley de Pensiones. Otro que también podría irse es José Alfredo Jiménez, quien desde hace tiempo se puede jubilar al tener más de 30 años de servicio como exige la ley.

No obstante, en caso de una vacante, se genera una preocupación mayor, por la información que circula acerca de quiénes podrían ocupar esos espacios; preocupación que es legítima, porque ha habido magistraturas lamentables y, sin embargo, cuando se les sustituye, llega alguien todavía peor. En los últimos días se han manejado perfiles como el de Brenda Gutiérrez que, aun siendo mujer, sus méritos son políticos, no jurídicos, lo que sería perjudicial para la administración de justicia al no ser un perfil viable, porque ni siquiera conoce la institución, no sabe de sus problemas, ni está empapada de los temas jurisdiccionales.

Precisamente por eso habría que insistir en que, al interior del Poder Judicial, hay mujeres muy destacadas, con amplia trayectoria, con carrera judicial, que han tenido muy buen desempeño, de probada capacidad, que perfectamente pudieran cubrir estos espacios. El día que quiera la Gobernadora, debería reunirse con estas mujeres juezas y, si llega a generarse esta posibilidad, de entre ellas designar magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia.

Para finalizar, retomando nuestro tema, haremos referencia a las 4 opciones que hemos identificado para la presidencia del Supremo Tribunal: la primera, puede repetir Bernardo Salazar, lo que si bien es factible, sería trágico para el Poder Judicial, por decir lo menos; una segunda posibilidad sería que no elijan a Bernardo, pero sí a alguien de su grupo, para que prácticamente él continuara siendo el poder tras el trono, como quiso hacer en meses pasados con Leticia Chávez, quien prefirió dar un paso al costado; en una tercera opción, se nombraría a alguien del bloque disidente, y para ello suena como la más viable la magistrada Lilia, al ser el único perfil que se pudiera identificar con la gobernadora, pero de entre ellos el que está más apuntado es José Alfredo Jiménez, quien ya fue presidente, pero no tuvo un desempeño satisfactorio como se esperaba, de ahí que no sea el perfil más adecuado; la cuarta y última sería que llegue un perfil nuevo, externo o del interior.

Si ese alguien que llegara fuera del Poder Judicial, sería plausible; en cambio, lo que no sería aceptable es que llegue alguien externo, que ni siquiera conozca la institución, ni los procedimientos judiciales. El Poder Judicial del Estado, dada la situación crítica que atraviesa, no necesita perfiles ineptos e incompetentes; lo que sí requiere son personas comprometidas, capaces, que saquen adelante la justicia en Colima.

OTROSÍ: Ya hubo un pronunciamiento de la Sala Superior acerca de la revocación de mandato y no quiso entrarle al fondo del tema. Sigue el turno de la Suprema Corte, a quien corresponderá resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por una minoría de la legislatura local. En caso de que tampoco prosperara, tocará intentar otras dos vías jurídicas que aún restan para hacer realidad el anhelo de una amplia mayoría de la sociedad colimense. Que no haya dudas: ¡habrá revocación de mandato!