SECUESTRO DE HIJOS POR MADRES TÓXICAS – ANÁLISIS POLÍTICO

                                                   Por Abel González Sánchez

“Mi mamá me secuestró para no ver a mi padre por 14 años”

Colima repunta a nivel nacional en homicidios dolosos, en adicciones, feminicidios, suicidios y también en divorcios practicando abiertamente el famoso “secuestro” de sus propios hijos, pero en perjuicio del padre y solo favoreciendo a la madre, es un problema social porque por falta de reformas al Código Civil no pueden obligar judicialmente a la madre a realizar un pacto obligatorio para la convivencia compartida de sus menores hijos, pues obliga solo a los hombres a entablar un juicio ante Juzgados familiares insensibles, burocráticos y hasta corruptos porque niegan las convivencias y las custodias en perjuicio de los derechos humanos de los menores de edad, por ello el Código Civil debe ser reformado para aplicar imparcialmente la justicia con equidad de género.

En Colima, desde el momento en que se separan las parejas, las madres se presentan en el Centro de Justicia para la Mujer en donde tienen impresas miles de órdenes de restricción, pero no un psicólogo como filtro, pues basta con las denuncias de las madres sean ciertas o falsas y sin sustento, ya que jamás investigan los supuestos hechos que argumentan las madres, y a ciegas giran los oficios de restricción y así empieza el calvario de los padres notificados, de un plumazo están impedidos de ver a sus hijos por muchos años, so pena de meterlos a la cárcel si tratan de acercarse para abrazar o saludar a sus propios hijos, es decir, las madres vengativas con apoyo gubernamental secuestran, esconden o evitan que los padres en divorcio convivan con sus propios hijos, por venganza psicológica o por capricho, por ello si las instituciones gubernamentales valoraran en las escuelas, los jóvenes que se suicidan, los más violentos, conflictivos o con problemas de adicciones provienen de éstos hogares.

Los Juzgados Familiares dejaron de ser funcionales para la sociedad colimense desde hace años, son obsoletos, pues crean muchas argucias legaloides para la defensa de las madres sin investigar ni importarles si algunas son tóxicas, adictas o enfermas mentales y de riesgo para las niñas y niños, los Juzgados solo se van contra los hombres o padres para sacarles rápido una pensión alimenticia, jamás les interesa en nada la convivencia de los niños con sus papás, tampoco les interesa saber si los niños viven un infierno con sus madres en sus casas, pues ninguna institución de las tantas que existen investiga nada, son para sostener a la burocracia y todo lo hacen atrás de sus escritorios leyendo cada tres meses de lo que escriben las partes en sus expedientes, jamás resuelven un asunto familiar en un año, los asuntos penales les va peor.

Es lamentable que en los estudios de investigación realizados por ESLEGAM,S.C. se acreditó que poco más del 70% de las denuncias familiares y divorcios que demandan pensión alimenticia en Colima, proliferan la falsedad en sus declaraciones, sin trascendencia, hasta de risa, propiciadas por la propia autoridad, 34 expedientes familiares que pedían convivencia fueron abandonados por los papás después de 5 años, la empresa investigó que nunca lograron la convivencia con sus hijos, menos la custodia. A las instituciones encargadas de la problemática familiar en Colima les vale un comino la formación mental de los menores, ni los derechos humanos de los niñas y niños para que convivan con sus padres, no respetan ni los derechos de los padres ni la equidad de género, de hecho, no existe en los pasillos de la justicia en Colima.

LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL El secuestro de los hijos por uno de sus progenitores debería ser castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel, así lo señalan la mayoría de los códigos civiles en los estados, aunque usan otros términos, como secuestro parental, abuso de la custodia, etc, pues a toda costa en Colima las madres tóxicas impiden que sus hijos vean a sus padres, porque corren el riesgo que se les pueda caer la minita de oro y no propiamente a la madre, sino también a la abogada que respalda a la madre y quizás al juez si recibe mochada también, pues saben que si los niños prefiere irse con el papá, se acaba el negocio en los juicios, quizás por eso prefieren respaldar más a las mujeres para embargar, encarcelar al padre y obligarlo para que pague mensualmente su pensión alimenticia, pero ¿Qué clase de juzgados familiares tenemos? Porque no hacen investigaciones a los hogares y porqué solo trabajan detrás de un escritorio divirtiéndose de lo que escriben las partes, sin investigar nada sobre la realidad, pues una trabajadora social puede visitar mínimo ocho hogares diarios e investigar con los vecinos. ¿Luego entonces sí tiene razón Claudia Sheinbaum que debe reformarse a fondo el poder judicial?

Mis respetos para todas las madres solteras, sobre todo para aquellas que fueron abandonadas por sus parejas sin que los papás se hagan responsables en la manutención de sus hijos, más sin embargo posiblemente nuestro Tribunal de Justicia carece de personal de trabajadoras sociales y por eso recurre al DIF estatal que dura meses y hasta años para realizar una sola visita a las familias y valoran su estado financiero, lo que vivimos es falta de responsabilidad gubernamental e institucional,  se quejan de la falta de recursos humanos y gastos para gasolina, pero la realidad es que no hay visión sobre la problemática social, ni capacidad ni interés por nuestros representantes en el Congreso Local ni en los Juzgados que dicen imparten justicia, siempre sentados detrás de los escritorios y los notificadores nunca aparecen.

MI MAMÁ ME SECUESTRÓ POR 14 AÑOS El tema y la palabra “secuestro” de la madre a un hijo, se debe porque la semana pasada conviví con una familia y uno de los jóvenes que estaba presente en la reunión social se acercó para decirme, disculpe me dicen que usted escribe en periódicos, sí le contesté ¿En qué puedo ayudarte?, dijo, es que “Yo fui secuestrado por mi mamá durante más de 14 años” Me sorprendió, pensé que estaba bromeando, pero le empezaron a salir las lágrimas y me levanté para que nos retiráramos un poco y me comentara porque hablaba con voz muy baja. Al final de su diálogo me preguntó ¿podrá escribir eso sin poner mi nombre? Claro, lo hago la próxima semana.

En síntesis el joven trae un trauma psicológico contra la madre y el padre, debido a su repentina separación desde hace 14 años, ya tiene 18 y los culpa por igual a los dos, inclusive pensó suicidarse en una ocasión señaló, y sabemos muy bien que en Colima ocurren muchos suicidios de adolescentes por éste motivo,  pero acusa más a la mamá por la presión psicológica y mal trato infantil que le hizo con amenazas injustas por varios años y trae coraje porque dice lo dañó no lo protegió del padre pues el jamás le pegó, nunca respetó su voluntad de niño y después de adolescente, porque deseaba ver a su papá, y que por venganza de la madre contra el padre, le inventaba cosas que debía decir en el juzgado sin ser ciertas, me dolía mucho “me amenazaba en sacarme a la calle si no hacía lo que me decía”, “me secuestró mi mamá repetía”, nunca me permitió ver a mi papá hasta hace poco que cumplí los 18 años y ahora yo la amenacé que me saldría de la casa si no dejaba ver a mi papá y por eso me permitió  desde hace dos meses, ya son varias veces que salgo, aunque ya no quisiera regresar a la casa con mi madre, aseguró.

Esta es la cruda realidad que existe en Colima con la pésima impartición de justicia familiar, le recomendé que platicara bien con su padre para asistir a terapia con algún especialista en orientación psicológica profesional y que lo conveniente es que también traten médicamente a su mamá porque quizás se trastornó con su separación también, porque las autoridades ni las toman en cuenta ni las valora en su salud mental, le dije quizás ella necesita ayuda igual que tú, finalmente eso le manifesté y tuve que decírselo a su padre en corto quien aseguró que gastó cerca de cien mil pesos sin poder ver a su hijo por años. Urge pues definitivamente una reforma para obligar institucionalmente a realizar pactos de convivencia con los niños en un divorcio o separación, cosa que no se hace, pues los Juzgados son burocráticos, insensibles y muchas veces corruptos.