EL ADEUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA – FOREX

Alejandro Bernal Astorga

Mucho de lo que hoy somos, es producto de la educación recibida en casa desde pequeños, transmitida por maestros o mentores y de la experiencia adquirida con el tiempo. La educación genera oportunidades que transforman la vida de las personas; al dotarlas de conocimientos, competencias y valores para vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en que viven.

Apostar por la educación es atacar la causa de muchos de los problemas que nos aquejan y no solo sus efectos; es la mejor inversión al generar el capital humano que Colima y México requieren, para transformar positivamente su entorno.

Desde 1940 la Universidad de Colima ha sido la casa de estudios de múltiples generaciones de colimenses entre los que se encuentran, profesionistas, empresarios, servidores públicos, deportistas, artistas, científicos, académicos e investigadores destacados; es probable que, en nuestras familias, encontremos a muchos de sus egresados.

De acuerdo con la plataforma en rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para atender a 28,462 alumnos (47.4 por ciento de educación superior y 52.6 por ciento de educación media superior), la Universidad de Colima cuenta con aproximadamente 2,300 maestros, además de personal administrativo y de servicios. Para operar, recibe participaciones del gobierno federal (78.61 por ciento) y del gobierno del estado (21.39 por ciento), dado que el derecho a la educación se garantiza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, el convenio marco de colaboración 2021, establece el otorgamiento de subsidios del gobierno federal a través de la SEP ($1,640.6 millones de pesos) y del Gobierno del Estado ($446.39 millones de pesos) otorgados mediante ministraciones mensuales, teniendo este último cinco días hábiles para aportar la cantidad correspondiente una vez que el ejecutivo federal lo haya hecho. Cabe mencionar que las aportaciones de ambas instancias son aprobadas por sus poderes legislativos y que la auditoría superior de la Federación ha auditado a la Universidad de Colima en múltiples ocasiones sin que hasta el momento haya encontrado inconsistencias.

Los problemas financieros del Gobierno del Estado han ocasionado que, desde abril del presente año, la Universidad de Colima no haya recibido sus aportaciones, adeudando al mes de agosto de 2021, $236.31 millones de pesos, que  comprometen el cumplimiento de las obligaciones laborales de la institución con sus trabajadoras y trabajadores.

La situación es compleja y Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Rector de la Universidad de Colima ha manifestado que “pese a las gestiones hechas, aún no tenemos una respuesta resolutiva del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, por lo que exigimos que realice a la brevedad la entrega de los recursos que nos adeuda”.

Circunstancias como las actuales ponen a prueba a las personas y a las organizaciones: los efectos de la pandemia han requerido esfuerzos adicionales de las universidades, maestros, estudiantes y de sus familias para contar con plataformas, equipos e internet que han hecho posible la continuidad académica y la inscripción récord de nuevos estudiantes.

Lo que se espera entonces es un ejecutivo estatal a la altura de las circunstancias; que no afecte la función sustantiva de la universidad, las oportunidades de crecimiento de los estudiantes, los derechos laborales de sus trabajadores y las oportunidades de desarrollo en el Estado, justo cuando más se necesitan.

Vulnerar el derecho a la educación, no ha sido, ni será una opción.