MÉXICO TIENE UNA DEUDA HISTÓRICA CON LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS: CLEMENTE CASTAÑEDA
El senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, propuso la expedición de la Ley Federal de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, al destacar que México tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas.
“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las comunidades originarias, a las que todavía se niega a reconocer como sujetos de derecho, pero esta deuda ha tomado un sentido de urgencia ante las políticas del Gobierno Federal, que ha impuesto un decreto presidencial para desarrollar obras sin la necesidad de consultar, informar y transparentar”.
Indicó que dicho proyecto se realiza con el fin de obligar al Estado mexicano a reconocer a las comunidades indígenas y afroamericanas como sujetos de derecho y consultarlas cuando cualquier proyecto planeado tiene afectaciones en tierras, territorios o recursos.
La Ley Federal de Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, sobre cualquier programa, proyecto, acción gubernamental, así como de cualquier medida legislativa o administrativa susceptible a afectarles, además, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho, establece quiénes pueden ser sujetos de consulta, los mecanismos de participación y los sujetos obligados a realizar el ejercicio.
El senador Castañeda destacó que es una urgencia que se le garantice a las comunidades indígenas y afromexicanas el derecho a la consulta.
“Urge garantizar a las comunidades indígenas y afromexicanas el derecho a la consulta y establecer los mecanismos; de lo contrario, se corre el riesgo de que se sigan realizando ejercicios aislados, sin base legal, sin protocolos mínimos y condicionados por intereses políticos y económicos”.
El Estado mexicano ha sido omiso en su obligación de garantizar el derecho a la consulta y legislar en la materia, incluso a pesar del fallo de la SCJN que ordenó al Congreso de la Unión emitir una ley que reglamente el derecho a la consulta previa, libre e informada, antes del 31 de agosto de 2021.
