INCONSTITUCIONAL COLUSIÓN DEL STJE EN REMATE DE VIVIENDAS DE INFONAVIT -“JUSTICIA EFICIENTE”
Por Ángel Durán
Existe una práctica recurrente en los juzgados del poder judicial local, “donde por sistema” y en una gran cantidad de asuntos tramitados por el INFONAVIT en contra de quienes se han atrasado en sus pagos, éstos pierden sus casas a través de convenios ventajosos avalados por el STJE y eso es inconstitucional.
¿Qué ocurre? El juez al recibir la demanda, la admite, luego se la notifica al demandado -e insisto, en muchos casos, es el mismo sistema-, luego el INFONAVIT presenta un convenio firmado por el demandado y éste es aprobado por el juez, quedando listo para el remate en caso de incumplimiento.
Este sistema de actuación por parte del INFONAVIT y que el sistema de justicia local lo avala y lo autoriza es inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque se utiliza a los tribunales haciendo parecer que todo es legal, para quitarle la casa a una gran cantidad de familias colimenses.
Es una práctica sistemática que se hace a través de una simulación y contubernio con el sistema de justicia, esa simulación es porque, el INFONAVIT desde que hace el convenio sabe perfectamente bien, que el demandado no puede cumplir sus obligaciones y lo hace firmar, diciéndole que lo está ayudando y que le va a condonar los intereses, pero éste no se da cuenta, que al final el contrato establece, que en caso de incumplimiento de los pagos, el inmueble pasará a remate en automático y pagará los intereses, recargos, gastos de juicio y los gastos de los abogados, independientemente que al firmar el convenio le había dicho, que no los tendría que cubrir. ¿Y qué cree? La mayoría de los contratos que se firma en el juicio, se incumplen y posteriormente se remata la casa. Fin de la historia.
Este hecho, sucede porque el poder judicial sigue utilizando un sistema de aplicar la ley legalista, arcaico, decimonónico que ya no se utiliza; ahora, todas las autoridades de conformidad con la Constitución -por supuesto que los jueces son autoridad-, están obligados a respetar derechos humanos.
El derecho a la vivienda digna, es un derecho humano que los juzgadores no garantizan a los titulares de la vivienda y se alían con el INFONAVITA a fin de quitar a través de un convenio fraudulento e inconstitucional la casa de un trabajador, sin un proceso justo.
Lo delicado de esta situación, es que pareciera todo legal; ¿por qué? Pues porque, ante el incumplimiento de un derechohabiente que haya dejado de pagar al INFONAVIT, la ley establece que lo pueden demandar y también es legal, que el demandado pueda firmar un convenio; sin embargo; ¡apoco no le resulta sospechoso a los juzgados del poder judicial, cuando ven que sistemáticamente, en todos los tribunales y de manera continua el INFONAVIT, después del emplazamiento, firma el mismo convenio con la mayoría de los demandados! con las mismas promesas y aceptando que si se incumple inmediatamente pasará a remate y las promesas de condonación que le había hecho no se las respetan y luego ambas partes solicitan que quede como sentencia firme.
Como jueces humanistas, tienen la obligación de respetar el derecho humano a la vivienda digna, porque en éste, no nada más vive ahí el demandado, si no toda la familia. Los juzgadores debieran sospechar que el INFONAVIT está sorprendiendo a los demandados y los está engañando, al hacerlos firmar un convenio con promesas que saben que ellos no pueden cumplir y que, de esa forma, rematarán el inmueble, sin el mínimo esfuerzo de buscar un esquema de ampliación de crédito o cualquier otra cosa que no llegase a privarlo de la vivienda.
El gobierno federal a través del INFONAVIT, tiene como propósito, el otorgar una casa a los trabajadores, con base en la protección del derecho humano a una vivienda digna, hoy día, los jueces no deben dejarse sorprender por esas acciones fraudulentas que dañan a la sociedad, pues se están convirtiendo en una institución judicial ejecutora del INFONAVIT, originada en un proceso judicial que viola derecho humano a la vivienda.
Pareciera ser el INFONAVIT, que es un banco de la iniciativa privada, o que es un sistema judicial especial exprofeso a sus peticiones; cuando realmente es una institución pública, que tiene como propósito dar hogar a la clase trabajadora, pero no, esta institución en contubernio con los tribunales judiciales no lo están cumpliendo y como consecuencia están violando a la Constitución y tratados internacionales.
México firmó la declaración Universal de los derechos humanos que protege el derecho a la vivienda en su artículo 25.1, también se comprometió a respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales y el art. 11 también proteger el derecho a la vivienda, igual signó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre e igual protege el mismo derecho en su el art. XI, igual el Protocolo de San Salvador instrumento internacional secundario, a la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde el primero proteger el derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado, dentro de los que se encuentra proteger el derecho a la vivienda; asimismo en las diferentes actuaciones del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación, también lo garantiza; además de las Observaciones generales del Comité No. 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y No. 7 (1997) sobre los desalojos forzosos.
Todos estos instrumentos internacionales, están siendo violentados ilegalmente por parte del poder judicial, pues está dejando que el INFONAVIT abuse en contra de los demandados, presentándolos como que aceptan las condiciones del contrato, cuando realmente en el fondo, los están engañando y los están haciendo consentir la renuncia a defenderse en el proceso y a solicitar opciones para resolver el problema de vivienda. Por eso son inconstitucionales los remates de viviendas de INFONAVIT bajo esta práctica sistemática tolerada por el poder judicial.
La abogacía se da cuenta, que muchos derechohabientes al darse cuenta de que le están rematando su casa, acuden a asesorarse y al revisar el expediente no les queda otra más que decir, que su juicio concluyó mediante convenio; ahí es donde se nota que los demandados, no sabían las consecuencias de haber firmado el convenio y ese engaño de apariencia legal no lo puede permitir un juez.
¿Cuál es la causa; la errónea forma e injustificada de aplicar la ley, sin observar el derecho humano a la vivienda; por lo que la solución es, que los juzgadores resuelvan aplicando este derecho en términos del artículo 1º. De la Constitución federal y los instrumentos internacionales en cita; obligación que la tienen desde junio de 2011; pero que se niegan a aplicarla y por eso la injusticia en contra de muchas familias colimenses que caen en las garras de la aparente justicia legalista.
Ángel Durán
