HAZESA, LA EMPRESA COBIJADA POR ASIPONA

La empresa portuaria Hazesa, terminal portuaria encargada de manejo de contenedores y almacenamiento de estos; a través de su gerente y CEO Raúl Sandoval ha sido beneficiada con importantes contratos por parte de las autoridades, desde la extinta API hasta la hoy Asipona, de quien Hazesa ha recibido privilegios de sus dos últimos administradores por fuera de la ley, Salvador Gómez Meillón y Mario Alberto Gasque Peña exdirector y director actual de Asipona, respectivamente, ayudaron a Hazesa a monopolizar el manejo de contenedores y mercancías sobre otras operadoras.

Terminal Marítima Hazesa es uno de los tantos negocios del Grupo Hazesa, del empresario Raúl Sandoval, uno de los principales financiadores de un medio de comunicación en Manzanillo que tiene sus instalaciones en el exclusivo y lujoso edifico de Torrepuerto Manzanillo, desde donde se dicta línea a los políticos que doblegaron y se calumnia a los que todavía no.

Asipona ha permitido que esta empresa haga y deshaga a su antojo en el puerto.  Mario Maldonado, en El Universal, dijo el pasado 17 de febrero del 2023 que Salvador Gómez Meillón, entonces titular de Asipona, “a su llegada a este recinto le dio un permiso fuera de la ley a la Terminal Marítima de Hazesa, que dirige su amigo Raúl Sandoval, para operar la llegada y salida de contenedores”.

“Lo que esta persona no menciona es que en su terminal (Marítima HAZESA) almacenan material en áreas que no están autorizadas como recinto fiscalizado y que Asipona, por intereses muy poco trasparentes en común, les permiten”.

Lo anterior, provocó la ira de otras operadoras se pusieran furiosas, pues ellas ofrecen el mismo servicio con menor costo, más capacidad y en terrenos legales y mejores; provocando el famoso paro de operadoras en marzo del año pasado. Cosa que poco importo a los administradores de Asipona que hoy en manos de Mario Alberto Gasque, sigue dando contratos privilegiados a Haseza.

Primero, es importante entender que los tentáculos de Haseza se extienden desde 2013, cuando Raúl Sandoval Calderón, padre del actual, consiguió los contratos para operar la terminal norte (TUM). En marzo de 2013, la entonces API Manzanillo emitió el fallo de la TUM a favor de las Empresas Transportes Hazesa, S.A de C.V y Terminal de Servicios Hazesa, S.A de C.V

El grupo resulto ganadora del Concurso Público API/MAN/TUM/01/02 para la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos derivados de la concesión de un área ubicada en el Recinto Portuario. La concesión fue entregada por Flor de María Cañaveral Pedrero, entonces titular de la API.

El contrato comprendía la entrega de una superficie de 128 mil metros cuadrados de zona federal terrestre y 31 mil metros cuadrados de área marítima, con un frente de agua de 707 metros lineales, para la construcción, equipamiento, operación y explotación de una terminal de usos múltiples y donde Haseza invertiría más de mil millones de pesos.

A partir de ese momento, se extendieron las prácticas monopólicas de la empresa, misma que en 2016 se amparó argumentando una violación a la regla 13 de operación del puerto de Manzanillo que dice que la carga general, los graneles y minerales se deben descargar en determinados muelles, ya que Haseza quería que estos se solo se descargaran en sus áreas y sus muelles y se sentía amenazada por las empresas rivales.

En ese ya lejano año, el Juzgado Primero de Distrito exigió a la entonces API lista de terceros dañados por juicio de amparo Ocupa y Timsa, y otras siente empresas que operan en el puerto que eran perjudicadas porque “Hazesa acapare toda la carga general, los graneles y minerales”, decía el dictamen. Lo que demuestra que las malas prácticas de la empresa ya eran comunes en ese entonces.

Dicho amparo le fue negado a Haseza en enero de 2017, pues el Juzgado Quinto de Distrito, del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en Culiacán, Sinaloa, resolvió el sobreseimiento del juicio de amparo interpuesto por la Terminal Marítima Hazesa.

Argumentando que “Desde la perspectiva de dicha empresa, la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo no hacía valer la regla 13 de Operación del puerto, por lo que desde diciembre de 2015 se quejó y en 2016 interpuso el amparo”.

No obstante lo anterior, y demostradas sus malas prácticas ante la justicia, en 2016 y según un boletín de prensa de la misma entidad: “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) entregó Certificados de Industria Limpia y Calidad Ambiental a la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo S.A. de C.V. y a la Terminal Marítima Hazesa, S.A. de C.V; respectivamente, al cumplir ambas los requisitos que establece el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA).

 API de Manzanillo recibió su cuarto refrendo y en esta ocasión con el Nivel de Desempeño Ambiental 2, por cumplir con lo establecido en la legislación ambiental y los parámetros exigidos por la NMX-AA-162-SCFI-2012, siendo la entidad paraestatal la tercera instalación en el estado de Colima en obtenerlo”.

Ya con total libertad, para abril de 2019 y bajo el cobijo de Asipona:

“Raúl Sandoval Calderón, apoderado legal y presidente del Consejo de Administración de Hazesa S. A. de C. V. presentó este miércoles al director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Capitán Héctor Mora Gómez,  el proyecto ejecutivo y los datos técnicos para la ampliación de sus instalaciones en el puerto de Manzanillo.

Con el objetivo de incrementar sus servicios, la Terminal Marítima Hazesa ampliará su zona de atraque de la Terminal Especializada en Granel Mineral y de Carga General, ubicada en el Polígono II de la Zona Norte del recinto portuario, por lo que construirá una segunda posición (muelle), a fin de eficientar el manejo de mercancías.

El representante de Hazesa señaló que la obra tendrá una inversión aproximada de 450 millones de pesos, mismos que serán financiados con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras)”. Cómo puede leerse en el portal de Colimanoticias.com

Lo que evidencia el crecimiento de Haseza y el financiamiento de entidades públicas pese a sus malas prácticas previamente comprobadas.