REORDENAMIENTO MUNICIPAL DEBE CUIDAR NO VIOLENTAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA
En varios municipios costeros de Colima, como Tecomán, se enfrentan serios problemas de urbanización debido a la proliferación de colonias irregulares, lo que dificulta la provisión de servicios públicos municipales.
Esta situación ha llevado al Ayuntamiento, a través del Cabildo, a aprobar por mayoría un programa de ordenamiento territorial que, aunque bien intencionado, podría atentar contra el derecho de propiedad de los ciudadanos, un derecho protegido por la Constitución.
En una sesión de Cabildo celebrada a finales de julio de 2024, se discutió un proyecto para reorganizar el crecimiento municipal de manera ordenada, evitando la expansión descontrolada que incrementa los costos de los servicios públicos.
Se destacó la problemática de los lotes baldíos, que no solo son focos de infección debido a la falta de limpieza, sino que también representan un desafío para la urbanización planeada.
Para resolver esto, algunos regidores propusieron incentivar a los propietarios a construir, ofreciendo facilidades como la exención de licencias de construcción o incluso conectar a los propietarios con constructores que puedan financiar las obras.
El objetivo declarado era disminuir la cantidad de lotes vacíos y promover el crecimiento ordenado del municipio.
Sin embargo, esta propuesta ha suscitado controversia.
Si bien es cierto que la intención de mejorar la urbanización y evitar lotes baldíos es loable, el Ayuntamiento no tiene facultades legales para obligar a los propietarios a construir en sus terrenos.
La Ley Orgánica del Municipio Libre de Colima y el artículo 115 de la Constitución establecen claramente las atribuciones municipales, pero no contemplan la capacidad de imponer la construcción o venta de propiedades a sus dueños.
El derecho a la propiedad es un derecho humano protegido, que solo puede ser limitado mediante un proceso judicial formal, y solo en casos excepcionales de utilidad pública, como lo dictan las leyes de expropiación.
Es importante recalcar que el Ayuntamiento cuenta con mecanismos legales establecidos para asegurar que los propietarios mantengan sus terrenos limpios y libres de riesgos sanitarios.
Estos procedimientos incluyen la posibilidad de, imponer sanciones, e incluso; limpiar los terrenos a costa del propietario, recuperando los gastos a través de procesos administrativos.
En casos extremos, si los propietarios incumplen, el Ayuntamiento puede iniciar procedimientos de embargo o remate del bien, siempre siguiendo el marco legal correspondiente.
El acuerdo aprobado por mayoría del Cabildo, aunque bien intencionado, podría ser impugnado judicialmente por su aparente inconstitucionalidad, al afectar el derecho a la propiedad privada, sin un sustento legal válido.
Antes de someter este tipo de medidas a discusión, es crucial que las autoridades municipales consulten con asesores jurídicos y representantes de la comunidad legal, como colegios de abogados, para asegurarse de que las soluciones propuestas no trasgredan los derechos de los propietarios.
El problema de los lotes baldíos y el crecimiento urbano desordenado, debe ser abordado, pero siempre dentro del marco de la ley y respetando los derechos de sus dueños.
El Ayuntamiento podría optar por soluciones más efectivas y ajustadas a la legalidad, como crear brigadas de limpieza que no solo solucionen el problema inmediato, sino que también generen empleo, o mejorar los mecanismos de sanción y recuperación de costos por la limpieza de los terrenos.
El reto está en encontrar un equilibrio entre la necesidad de un crecimiento urbano ordenado y el respeto a los derechos de los propietarios.
Es una tarea que exige no solo voluntad política, sino también un profundo respeto por el marco legal y los derechos ciudadanos.
Solo así se podrá avanzar hacia un municipio más ordenado y con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes, sin vulnerar los derechos fundamentales de la propiedad privada.
Es importante también que los propietarios cumplan con sus deberes, ya que poseer un inmueble conlleva varias obligaciones, como mantenerlo limpio, cercado y asegurarse de que no cause problemas a los vecinos, a terceros o a la población en general.
Esta responsabilidad debe ser compartida entre el municipio y los propietarios.
No obstante, el Cabildo, como institución que debe salvaguardar la propiedad, como un ente público de la nación, debe evitar cualquier violación a este derecho, ya que dichas acciones que pretende no resuelven el problema, sino que lo agravan al violentar el derecho a la propiedad privada.
Por ello, es fundamental reconsiderar este acuerdo municipal.
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