¿QUÉ HACER SI UN BACHE TE CAUSA DAÑOS?

Por: Ángel Durán

Cada año, los baches se convierten en una trampa recurrente en las calles de Colima, afectando a conductores y peatones por igual. 

Este problema, que se agrava durante la temporada de lluvias, va más allá de ser una simple molestia; representa una falla grave en la gestión de los servicios públicos y una violación a los derechos ciudadanos.

A pesar de que existe un marco legal que establece la obligación de los Ayuntamientos de mantener en buen estado las vialidades, la realidad es que la falta de acción y mantenimiento adecuado sigue causando daños patrimoniales que los ciudadanos terminan asumiendo. 

En Colima, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que los afectados por los daños al caer en un bache tienen el derecho de reclamar indemnizaciones cuando sus bienes (vehículo) resultan dañados por la falta de mantenimiento en la infraestructura pública. 

Sin embargo, esta ley, que en teoría protege a toda persona afectada, rara vez se aplica debido a las trabas que ponen las mismas autoridades de los Ayuntamientos, que se rehúsan a pagar alegando que no hay presupuesto, además de la falta de información disponible para la población sobre este derecho.

La ley señala que los afectados pueden solicitar al Ayuntamiento la compensación de los daños; eso sí, como en todo accidente, hay que comprobarlo: lo primero que debes hacer es llamar a los agentes municipales, como si se tratara de cualquier accidente. 

No muevas el carro hasta que llegue la autoridad, para que den fe de lo ocurrido y levanten el acta circunstanciada donde se detalle minuciosamente el hecho ocurrido, estableciendo en qué lugar y bajo qué circunstancias se causaron los daños en tu vehículo. 

Debes tomar fotografías, preferentemente video, e incluso, anotar el nombre de los peritos que acudieron. 

Posteriormente, presenta todo tipo de pruebas; si tienes testigos, pide sus datos y solicita que te apoyen con su declaración, además de facturas de reparaciones al vehículo, presupuestos del daño y cualquier otro documento o prueba que demuestre la relación entre el daño y la negligencia del municipio. 

Esta reclamación la puedes hacer ante el Ayuntamiento o también puedes acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, pero este ya es un litigio.

Este procedimiento administrativo, aunque perfectamente legal, se convierte en una barrera casi insuperable para muchas víctimas, sobre todo porque las propias autoridades suelen desanimar a los afectados al momento de iniciar una reclamación. La existencia de una ley no garantiza su cumplimiento. 

En Colima, el problema radica no solo en la falta de mantenimiento de las vialidades, sino también en la desinformación y la desidia por parte de las autoridades para hacer cumplir los derechos establecidos en la ley. 

Esto nos enfrenta a un reto mayor: como personas, tenemos el deber de conocer nuestros derechos, saber dónde están y, en caso de que se nos violenten, exigir a la autoridad que se nos respeten.

El incumplimiento del Ayuntamiento en la reparación preventiva de las calles no solo incumple sus funciones que están en la ley, sino que también representa un costo económico significativo para los afectados. 

Los vehículos dañados por baches requieren reparaciones que, en muchos casos, superan las posibilidades económicas de las personas afectadas. Esto genera un círculo vicioso de impunidad y falta de responsabilidad que debe romperse.

Para transformar las palabras que están en la ley en acciones concretas, es necesario un cambio de enfoque tanto por parte de las autoridades como de la sociedad. 

Es imperativo que las autoridades municipales adopten un enfoque de responsabilidad en la gestión del mantenimiento adecuado para evitar estos daños. 

Esto no solo implica realizar reparaciones correctivas, sino también implementar un plan de bacheo preventivo antes de la temporada de lluvias. 

La transparencia en el manejo del presupuesto destinado a estas tareas debe ser un compromiso ineludible, y los Ayuntamientos deben rendir cuentas de manera clara y oportuna a los ciudadanos.

Al mismo tiempo, como sociedad, debemos pasar de las palabras a los hechos. Es momento de exigir que las leyes, como la de Responsabilidad Patrimonial, se respeten y se apliquen. 

Esto requiere no sólo un conocimiento profundo de nuestros derechos, sino también la disposición de actuar cuando estos son vulnerados. 

Denunciar, reclamar y documentar cada caso es fundamental para crear un precedente que obligue a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades.

El camino de la ley al derecho es un proceso que demanda voluntad y acción tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. 

No podemos permitir que los baches sigan siendo un problema recurrente en nuestras calles, ni que los daños que ocasionan queden impunes. 

Es hora de que las autoridades hagan su parte y de que nosotros, como sociedad, utilicemos las herramientas legales a nuestra disposición para exigir un cambio real. 

Pasemos de las palabras a los hechos y que con lo que dice la ley se consiga justicia.