MUTILACIÓN DE LA SALA CIVIL REQUIERE DE SOLUCIÓN INMEDIATA
El colapso de la justicia civil en Colima es un hecho inédito. La reciente salida de dos magistrados, Magda Leticia Chávez Ponce y René Rodríguez Alcaraz, ambos ex integrantes de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ha dejado al órgano judicial en una situación de parálisis total.
La Sala Civil, originalmente compuesta por tres magistrados, cuenta ahora solo con uno: el magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo. Sin embargo, él no puede resolver todos los asuntos civiles pendientes, ya que la ley exige un mínimo de dos magistrados para que las resoluciones sean válidas.
Ante este panorama, el Poder Judicial tiene la obligación de nombrar, de manera urgente, a jueces provisionales que sustituyan a los magistrados faltantes hasta que se designen a los titulares.
Esta crisis pudo y debió ser evitada por el Pleno del Tribunal. Retirar a dos magistrados sin realizar los movimientos necesarios conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fue una medida injustificada que ha generado la paralización de la justicia civil en Colima.
La Sala Civil atiende los asuntos más relevantes, especialmente en materia familiar: pensión alimenticia, custodia, violencia intrafamiliar y problemas relacionados con mujeres y niños.
Estos temas son sumamente sensibles y requieren atención inmediata para garantizar la protección de los derechos de las familias colimenses.
Pues a pesar de contar con mecanismos legales de sustitución, estos no se aplicaron, y actualmente no hay forma de avanzar ni de reclamar esta omisión ante otras autoridades.
El juicio de amparo, que podría haber sido útil para exigir la actuación del Pleno, tampoco es viable en este momento, ya que los juzgados federales no están trabajando debido a la suspensión de labores derivada de la reforma judicial en curso.
Esta falta de previsión ha generado una situación sumamente grave, sin precedente en la memoria histórica reciente de Colima. La mutilación de la justicia civil debe resolverse con urgencia.
Es fundamental que el Pleno del Tribunal tome medidas inmediatas para restaurar el funcionamiento de la Sala Civil y garantizar la protección de los derechos de los colimenses.
La situación actual no es solo una demora; se trata de la imposibilidad técnica y legal de administrar justicia en Colima. Los cientos de personas que esperan resoluciones de la Sala Civil están varadas en un limbo jurídico, sufriendo una vulneración masiva a sus derechos humanos.
El Poder Judicial del Estado de Colima debe, con carácter de urgencia, aplicar la Ley Orgánica del Poder Judicial y designar jueces interinos para habilitar la Sala Civil.
Incluso; se podría considerar asignar a otros magistrados con experiencia en materia civil, como la magistrada Ana Lilia Hernández, quien actualmente se encuentra en una sala penal, pese a que toda su carrera judicial ha sido en el ámbito civil.
Sería adecuado que el Pleno del Tribunal acordara su traslado a la Sala Mixta Civil para formar parte del Pleno junto al magistrado Jiménez Carrillo, y designar jueces que cubran las vacantes dejadas por los magistrados salientes.
La inacción del Pleno es una muestra de descuido institucional. Independientemente de las razones o diferencias que puedan existir entre sus miembros, deben entender que los derechos de la sociedad y el funcionamiento del sistema de justicia, son de interés superior.
Deben dejar de lado sus diferencias y actuar de inmediato, porque de lo contrario serán recordados como el Pleno que ahogó el sistema de justicia civil en Colima.
Designar jueces provisionales para cubrir las vacantes de magistrados, también va a tener consecuencias graves para el funcionamiento de los juzgados, ya que generará nuevas debilidades, sobre todo porque dejará a dos juzgados sin titulares.
Esto obligará a habilitar a secretarios de acuerdo que sustituyan a los jueces que a su vez sustituyan provisionalmente a los magistrados.
No se previeron las dimensiones del daño que esta decisión ocasionaría, pero ahora la situación debe remediarse lo más rápido posible, designando a las personas más idóneas para ocupar estos cargos de manera temporal, hasta que se nombren a los titulares definitivos.
Este vacío también implica un deber para los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.
Ambos han sido omisos ante un problema que vulnera la dignidad y los derechos de los ciudadanos colimenses. Es un llamado a la conciencia del Pleno del Supremo Tribunal y de los actores políticos para que actúen de manera responsable y cumplan con su deber de brindar justicia.
El colapso de la justicia civil en Colima también nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de una reforma estructural en el sistema judicial.
No es suficiente con designar a magistrados interinos; es necesario revisar a fondo las causas que llevaron a esta crisis.
La administración de justicia no puede estar sujeta a la inestabilidad institucional ni a cambios repentinos de personal.
Se requiere un compromiso claro y contundente de los tres poderes del Estado para resolver esta situación de manera definitiva.
Mientras tanto, la sociedad civil y los colegios de abogados deben alzar la voz para que este problema se resuelva cuanto antes; como ya lo han hecho entre otros, el Lic. Alfredo Galván Morfín y el Mtro. Antonio Cabrera Contreras, ante esto no podemos callar.
No podemos permitir que el sistema de justicia de un estado, colapse sin que haya consecuencias y, sobre todo, sin que se implementen soluciones estructurales que eviten que esto vuelva a ocurrir.
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