SE DEBE PRIORIZAR LA SALUD: REMEDIOS OLIVERA

+ La diputada local por Movimiento Ciudadano refirió que el Congreso del Estado ha aprobado puntos de acuerdo con exhorto al gobierno de la república para resolver la falta de medicamentos en los tratamientos del cáncer infantil, sin embargo, “no sabemos qué ha pasado con ello”.

“La salud es un derecho plasmado en la Constitución de nuestro país, que no debe escatimarse a ningún mexicano, así quedó establecido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, enfatizó la diputada local por el partido Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera Orozco, durante la comparecencia en el Congreso del Estado de la secretaria de Salud del Estado de Colima, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo.

Y es que, para la legisladora, los trabajos que se han venido realizando en la entidad por parte de las autoridades, para hacerle frente a la pandemia por el SARS COV 2, han sido insuficientes, ya que muchos de los hospitales y clínicas no cuentan con lo necesario para atender a los pacientes.

Asimismo, indicó que, a pesar de la instalación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, así como de los 15 filtros sanitarios de mitigación, no ha habido una disminución importante de contagios y defunciones por esta nueva enfermedad.

En materia de cobertura, precisó que la cobertura que señala el anexo del 5º informe establece que la población no derechohabiente, que atienden los Servicios de Salud en el Estado representa el 43.57% que equivale a 336 mil 688 personas, en tanto quienes cuentan con alguna cobertura como derechohabientes representan el 56.43% con una población de 436 mil 154 habitantes.

“Esto lo podemos traducir que para atender al 43.57% de la población colimense, se cuenta con un total de 824 médicos, 730 paramédicos y 1 mil 157 enfermeras, además del personal administrativo y directivo que se requiere para operar  3 hospitales generales, 1 hospital Regional, 1 Hospital Materno Infantil, 117 Centros de Salud y 13 Unidades Móviles dependientes de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, lo que nos da una clara idea de que el personal de salud no es suficiente para brindar de entrada la atención médica necesaria y de calidad que se requiere, pues la carga de atención  por cada médico es de  408.60  personas, lo que significa 24.5 médicos por cada 10,000 habitantes”, indicó.

En ese sentido, comentó que “en esta soberanía hemos atendido a personas que ante la falta de recursos para cubrir sus tratamientos acuden a solicitar ayuda, resultando muy complicado para quienes, sin gozar de salud y con los estragos de su enfermedad, tienen que andar limosneando para no perder la vida. Entonces es ahí cuando una se pregunta.  ¿el Derecho a la Salud consagrado en la Constitución dónde queda? Y es cuando te das cuenta que resulta un mero postulado y una oportunidad de retórica”.

Dijo estar consciente de que la Secretaría de Salud del estado cumple con lineamientos y protocolos establecidos para la atención médica, y que muchas veces, ese marco normativo no ayuda a dar respuesta a quien lo necesita, amén de la falta de los recursos públicos etiquetados para eso y los medicamentos para las quimioterapias que no se tienen.

Pero, “¿Qué autoridad es responsable de que falten los medicamentos para las quimioterapias?, ¿Que hacer en estos casos?, ¿Cómo se atiende al ser humano, al colimense que lo necesita? Si el gobierno Federal es quien debe proveer estos medicamentos, ¿Qué gestiones se hacen para obtenerlos?  ¿Qué hace el gobierno del estado para resolver esta problemática?”.

Por lo anterior, refirió que el Congreso del Estado ha aprobado puntos de acuerdo con exhorto al gobierno de la república para resolver la falta de medicamentos en los tratamientos del cáncer infantil, sin embargo, “no sabemos qué ha pasado con ello, si ha habido respuesta a estos exhortos o solo han quedado en el anecdotario del diario de los debates de esta legislatura”.

De igual forma, apuntó que en el Informe se señala, en el apartado de finanzas, que en el presente ejercicio cambió el porcentaje que la federación aportaba para brindar los servicios que antes estaban a cargo del Seguro Popular que representaban el 60% del gasto destinado a ello y que con la implementación del INSABI solo se aporta el 40% de los mismos, de una aportación que se venía destinando en el presupuesto de egresos en los últimos 3 años.

En síntesis, manifestó que se requieren los recursos necesarios para echar andar el aparato de salud y por supuesto de una administración eficiente y transparente de los mismos para lograr ese propósito.

“A eso aspiramos los mexicanos, a gozar de la garantía de ese derecho a la salud de manera integral, inclusiva, gratuita y de calidad”, dijo.

SEGURIDAD PÚBLICA

Al comparecer ante el Congreso del Estado, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, el Secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante retirado Miguel Ángel García Ramírez, las y los legisladores, lo cuestionaron acerca de la ola de violencia que se vive en la entidad.

En ese sentido, Remedios Olivera refirió que en el Plan Estatal de Desarrollo se señala puntualmente un número importante de objetivos y acciones tendientes a lograr el Colima seguro que todos queremos. Sin embargo, “estamos en el quinto año de Gobierno y no se vislumbra cumplir con ese compromiso”.

Afirmó que Colima sigue siendo lamentablemente uno de los estados más inseguros del país, a pesar de que el gobernador enunciara en su informe una serie de acciones realizadas, entre las que destaca operativos coordinados con los otros niveles de gobierno, en los que se incluye a la Guardia Nacional; se manejan cifras de armas decomisadas, autos recuperados, y detenciones puestas a disposición del Ministerio Público tanto del fuero común como del fuero federal.

“Sin duda todo esto representa un importante esfuerzo, pero lamentablemente los resultados de esta serie de acciones no se perciben aún, ya que la percepción de la ciudadanía sigue siendo la de vivir en un estado con una alta criminalidad, y es que todos los días tenemos noticias circulando en todos los medios, sobre asesinatos violentos, restos humanos embolsados, desapariciones forzadas, feminicidios y una serie de delitos que desintegran el tejido social, lo cual genera un clima de inseguridad y una imagen que desalienta el turismo y la inversión en nuestro Estado”, dijo.

Reconoció que este clima de inseguridad es un problema complejo que se viene arrastrando de años atrás y que afecta a todo el país, “pero eso no debe ser una limitante para bajar los índices de criminalidad en nuestro estado”. 

Asimismo, lamentó que el estado de Colima se encuentre en el nivel más alto de homicidios, mientras que Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Yucatán y Chiapas, fueron los estados que más mejoraron en ese periodo. Lo anterior, con base en el índice de paz en México elaborado por el Instituto de la Economía y la Paz, durante los últimos 5 años.

Y es que “Colima, por segundo año consecutivo es el penúltimo estado más violento del país, solo superado por Baja California, por lo que seguiremos insistiendo en mejorar las estrategias que puedan hacer de nuestro Colima un mejor lugar para vivir en materia de seguridad y se cumpla con lo establecido en el Plan estatal de Desarrollo porque los colimenses tenemos memoria, que no olvidamos las promesas de campaña del Lic. Ignacio Peralta cuando aseguraba que viviríamos felices y seguros”.

 En ese contexto, señaló que como legisladores asumieron la responsabilidad para dotar de mayores recursos al Gobierno del Estado, con la finalidad de que sean destinados al equipamiento del C5, “el cual requiere de alta tecnología que en mucho apoyará en las labores de inteligencia, prevención y persecución del delito”.

Agregó que está consciente de que no se logrará solo con mayores recursos, sino que “también se requiere de mayor voluntad, trabajo, compromiso, honestidad y capacitación y profesionalización del personal, y de nuestras autoridades encargadas de brindar la seguridad”.

En materia de Reinserción Social, subrayó que el Estado mexicano es concebido como un Estado de derecho, lo cual conlleva a garantizar la protección de todos los derechos humanos de los miembros de su sociedad, incluyendo la comunidad penitenciaria.

En ese sentido, la diputada aseveró que en este rubro, “también hemos detectado hay mucho por hacer”.

Recordó que en este año, por ejemplo, se han presentado motines o conatos de éstos, debido a que las instalaciones no cuentan con la separación entre la población sentenciada y la sujeta a proceso, como lo marca la ley, lo que ha generado estos hechos de violencia en su interior que ponen en riesgo la vida de las personas privadas de su libertad.

Además, apuntó que no se respeta lo establecido en la ley en cuanto a la separación de la población privada de su libertad, exponiendo con ello la seguridad no solo de los internos, sino del personal penitenciario que les atiende.

Mencionó que otro de los problemas al interior de los Centros de Reinserción Social es la falta de personal penitenciario, ya que no son los suficientes para cumplir con la función de salvaguardar la seguridad del interior de los centros de readaptación penal en el estado, lo que genera también un claro incumplimiento de la norma que regula las operaciones de dichos centros.

SEPLAFIN

En la comparecencia del Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Arturo Noriega García, con respecto a la glosa del 5to informe de labores del Poder Ejecutivo, la diputada indicó que una de las facultades principales de la dependencia es coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos públicos de la Administración Pública del Estado de Colima.

Además de instrumentar y dirigir el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, e integrar y evaluar los programas operativos anuales de inversión, gasto y financiamiento; proyectar y calcular los ingresos y egresos del Estado, tomando en cuenta las necesidades de recursos para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas, observando su correcta utilización; ejercer las facultades en materia de registro, recaudación, comprobación, determinación y cobranza de los impuestos, derechos, derechos de cooperación y contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos, que correspondan al Estado; entre otros temas presupuestales.

Sin embargo, aseveró que no se han tenido los resultados esperados, ya que en el contenido del 5to informe de gobierno quedan dudas sobre los avances y metas obtenidos en términos generales.