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GOBIERNO DE MÉXICO CASTIGA AL CAMPO NACIONAL UNIÓN GANADERA REGIONAL DE COLIMA

+ El sector rural es de vital importancia para la organización productiva, social y económica del estado de Colima, en donde participan más de 36 mil productores, generando una cantidad importante de fuentes de empleo y fortaleciendo la cadena de valor, señaló Jorge Antonio Salazar Barragán, presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima.

 En el evento “Cierre de Filas por Colima”, que realizó el Gobierno del Estado de Colima, con la finalidad de darles voz a los colimenses para defender sus derechos, ante la desaparición de los 109 fideicomisos por parte del Gobierno de México, el ingeniero Jorge Antonio Salazar Barragán, presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima, manifestó su preocupación por la forma en la que la federación “castiga al campo nacional”.

Ponderó que el sector rural es de vital importancia para la economía del estado, en el cual participan más de 36 mil productores, generando una cantidad importante de fuentes de empleo y fortaleciendo la cadena de valor.

Asimismo, enfatizó que, en estos tiempos de pandemia, la seguridad alimentaria resulta crucial para salvaguardar la integridad física y de salud en los ciudadanos, por lo que precisa de la implementación de políticas públicas que coadyuven a mejorar la competitividad de las actividades productivas, así como a garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales, “y de esta forma lograr un desarrollo equilibrado de las economías y comunidades rurales”.

Es por ello, que, “expresamos nuestra gran preocupación por la forma en que el gobierno federal castiga al campo nacional, y particularmente al colimense, a través de medidas presupuestarias que van reduciendo los apoyos a los agroproductores y afectan de forma lacerante al sector productivo rural y, por lo tanto, a la sociedad entera”, señaló.

Recordó que, en el año 2019, el sector agropecuario sufrió la desaparición del programa Concurrente con Entidades Federativas, y los programas que por más de una década fueron la base para que los productores capitalizaran con apoyos sus actividades productivas.

Ahora, con la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, particularmente los relacionados con el sector rural, comentó que están desconcertados, y ven “una centralización de programas y de recursos económicos, con una distribución discrecional y sin reglas de operación que aseguren, procesos abiertos y justos para el acceso a los beneficios”.

En ese sentido, consideró que los señalamientos de corrupción, motivo principal de excusa para la desaparición al respecto, “se deben investigar y en su caso sancionar, pero no derivar en acciones que atenten contra el crecimiento y el financiamiento a este sector tan importante, que produce los alimentos que consumimos los mexicanos”.

De igual forma, lamentó la falta de interés en el crecimiento del campo, lo cual se ve reflejado en los presupuestos destinados para la Secretaría de Agricultura que han disminuido drásticamente en más de 24 mil millones de pesos, entre el ejercicio fiscal del 2018 al ejercicio del 2020, además de la desaparición de programas, pese a que “las necesidades del campo aumentan, sin generar opciones reales de apoyo a los productores”.

Finalmente, reiteró que el sector rural requiere atención urgente.

“Nos pronunciamos respetuosamente para que las autoridades legislativas, hacendarias y del sector rural garanticen un presupuesto sólido que permita con realidad el fortalecimiento y el impulso en el desarrollo de actividades productivas en Colima y en México; sumemos pues por el desarrollo de nuestra entidad, de nuestro país ante esta situación tan adversa de la pandemia Covid-19, ¡juntos por nuestra gente y el sector rural! que simboliza el origen de nuestra nación”, concluyó.

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