CABILDO DE COMALA PODRÍA DETENER PLAN DE OBRAS PÚBLICAS
La sesión ordinaria del Cabildo de Comala celebrada el viernes 5 de junio, se dio en el marco de señalamientos directos de regidores hacia la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal Daniela Orozco Pineda, todo por un fuerte debate sobre la forma en que fue presentado el Programa Operativo Anual (POA) 2026, con irregularidades la aprobación de las obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
Como resultado de la discusión, el Cabildo aprobó un resolutivo mediante el cual se establece que, si para el próximo 15 de agosto los expedientes técnicos no se encuentran debidamente integrados, completos y solventados, las obras no serán autorizadas para su ejecución.
El regidor Braulio Arreguín Acebedo, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Social, denunció que no fue notificado oportunamente sobre la inclusión del tema en el orden del día del punto relacionado con la aprobación de las obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y aseguró que el dictamen fue sometido a consideración del Cabildo sin ser analizado dentro de la comisión que encabeza, lo que calificó como un «atropello administrativo.
A las críticas se sumó la regidora Elsa Lizeth Aguirre Zamora, quien manifestó que la documentación fue enviada alrededor de las 10 de la noche previa a la sesión y que los integrantes del Cabildo fueron convocados apenas media hora antes de su inicio, situación que, dijo, impidió realizar una revisión técnica responsable de los proyectos.
Las observaciones estuvieron dirigidas principalmente hacia la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, encabezada por Carlos Alberto Villarruel Vázquez, dependencia responsable de integrar los expedientes técnicos y presentar la propuesta de obras para el ejercicio fiscal 2026.
Uno de los momentos más relevantes de la sesión ocurrió cuando el síndico municipal, Noé Hernández Rodríguez, cuestionó la integración de diversos expedientes técnicos y advirtió que la aprobación del listado de obras no representaba una autorización automática para ejecutarlas.
Con esta determinación, el Cabildo dejó asentado que la responsabilidad de corregir las observaciones y cumplir con los requisitos técnicos recae directamente en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Durante el debate, funcionarios de la administración municipal argumentaron que existía urgencia para aprobar el POA debido a la cercanía del cierre del sistema CFI, utilizado para el registro y validación de proyectos de inversión, advirtiendo que un retraso podría comprometer recursos destinados al municipio para el ejercicio 2026.
Sin embargo, varios regidores sostuvieron que la presión para aprobar las obras fue consecuencia de una planeación tardía y de la falta de información previa, pues los expedientes llegaron al Cabildo con observaciones pendientes y sin haber sido revisados adecuadamente por las instancias correspondientes.
Además de cuestionar el procedimiento, Braulio Arreguín señaló que diversas comunidades quedaron fuera de esta primera etapa del programa, entre ellas El Remate, La Nogalera, Llanitos, Lagunitas, La Yerbabuena, Barrio Alto, San Juan, San Miguel y Santa Cecilia, entre otras localidades que, afirmó, también presentan necesidades prioritarias de infraestructura.
A pesar de las críticas, el Cabildo aprobó el Programa Operativo Anual 2026, aunque condicionó la ejecución de las obras a la correcta integración de los expedientes técnicos y dejó constancia de las observaciones formuladas por varios integrantes del cuerpo edilicio respecto al actuar de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano encabezada por Carlos Alberto Villarruel Vázquez.
