CONGRESO DEL ESTADO APRUEBA INICIATIVA DE LA GOBERNADORA PARA REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
Diputados del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa enviada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para reestructurar la deuda pública directa a largo plazo del gobierno estatal, la cual asciende a 3 mil 026 millones 319 mil 810.13 pesos, esto a un plazo de 20 años.
La deuda pública directa a largo plazo está conformada por ocho créditos contraídos con diversas instituciones; cuatro de ellos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Institución de Banca de Desarrollo, el primero de fecha 5 de junio de 2008, otro del 29 de febrero de 2012, uno más del 17 de julio 2013 y el último del 30 de agosto del 2013.
Otro crédito data del 26 de abril de 2018, contraído con Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; otro contraído con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, el 8 de octubre de 2019; uno más con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSB, el 24 de diciembre de 2020 y el último contraído con Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, el 11 de diciembre de 2020.
Al someterse a votación, el dictamen de referencia fue aprobado por 22 votos, en contra se pronunciaron los diputados Héctor Magaña y Crispín Guerra, coordinadores del PRI y PAN, respectivamente, por lo que se autorizó a la titular del Ejecutivo estatal para que, en las mejores condiciones de mercado, lleve a cabo la contratación de financiamiento con las instituciones del sistema financiero mexicano, para destinarse al refinanciamiento o reestructura del saldo insoluto de la deuda pública directa.
Las Comisiones de Presupuesto y Disciplina Financiera, así como de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública, presentaron el dictamen, el cual fue leído por el diputado Julio Cano, quien mencionó que al realizar el análisis de dicha iniciativa, “el Congreso del Estado de Colima es competente para autorizar al Poder Ejecutivo estatal los montos máximos para la contratación de financiamiento y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, del otorgamiento de la garantía o del establecimiento de la fuente del pago”.
Agregó que al analizarse el fundamento jurídico, “es una salvedad en las obligaciones o empréstitos, pues como se advierte en su texto, existe una prohibición clara para los estados o municipios de no contraer este tipo de obligaciones, salvo que, cuando el recurso se destine a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, como es el caso que hoy nos ocupa”.
Por lo que respecta a los créditos a refinanciar o reestructurar, las Comisiones dictaminadoras consideraron conveniente la propuesta de la gobernadora, “pues tiene como consecuencia acogerse a las mejores condiciones del mercado financiero para mejorar el perfil de la deuda y dicho mejoramiento se traduce, en principio, en la premisa de que los saldos de los financiamientos vigentes no se vean incrementados”.
