CUESTIONAN COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMALA
Durante la Sexta Sesión Ordinaria 2026 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento de Comala, realizada el pasado 29 de junio, el síndico municipal Noé Hernández Rodríguez lanzó diversos cuestionamientos sobre el control y fiscalización en la entrega de uniformes, luego de que el síndico advirtiera que el año pasado hubo inconformidades debido a que algunos trabajadores no recibieron las prendas correspondientes.
“Sí me gustaría que me hicieras llegar por oficio a las personas que se les entregue”, expresó Noé Hernández Rodríguez durante la discusión, al solicitar un listado completo de beneficiarios de los uniformes adquiridos por el ayuntamiento.
El síndico pidió precisar qué personal recibiría las prendas, señalando la necesidad de transparentar la distribución tanto al personal sindicalizado como al de base, administrativo y de campo.
En la sesión se informó la compra de:
– 252 playeras tipo polo para personal administrativo.
– 279 playeras para personal de campo.
– 54 botas industriales.
– 54 pantalones de mezclilla para trabajadores operativos.
Las adquisiciones fueron asignadas principalmente a proveedores que ya habían trabajado anteriormente con el ayuntamiento, situación que también fue señalada durante la reunión.
En el caso de los uniformes, el proveedor seleccionado fue Aarón Andrés Márquez García, mientras que el equipamiento industrial fue asignado a Alejandro Anaya Uribe, de la empresa Segurisat.
Durante el debate, el síndico insistió en reforzar la supervisión sobre las compras recurrentes y cuestionó que nuevamente se recurriera a los mismos proveedores utilizados desde el año anterior.
El tema escaló al advertirse posibles riesgos de:
– favoritismo,
– entregas selectivas,
– sobrecompra,
– o diferencias entre lo adquirido y lo realmente entregado al personal.
Otro de los puntos relevantes fue la solicitud de mayor supervisión en el equipamiento de seguridad para trabajadores de campo, particularmente en las botas industriales utilizadas por personal de poda y servicios públicos.
Noé Hernández Rodríguez planteó revisar la posibilidad de adquirir equipo especializado para trabajadores que realizan labores de riesgo, como poda de árboles, argumentando que algunos empleados requieren botas con mayor agarre y seguridad.
Además, durante la sesión surgió el debate sobre la posible ampliación de contratos mediante “adendum”, mecanismo que permitiría extender hasta en un 20 por ciento los contratos existentes e incluso dar continuidad a convenios durante el inicio del siguiente ejercicio fiscal.
La propuesta fue discutida como una medida para evitar interrupciones operativas en servicios públicos y suministro de combustible; sin embargo, también abrió cuestionamientos sobre la permanencia de contratos y proveedores recurrentes dentro del ayuntamiento.
