DAMOS SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS POR EL CRÉDITO DE $740 MILLONES QUE PIDIÓ EL GOBIERNO ESTATAL PASADO: ISELA URIBE
Isela Uribe Alvarado, contralora general del estado de Colima, dio a conocer que la Contraloría desde el primer año de gestión “estamos trabajando de manera responsable y respetuosa, teniendo los principios constitucionales que rigen el actuar de los servidores públicos, estableciendo el marco normativo el seguimiento a las auditorías, a los programas de fiscalización, evaluación, control interno de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo estatal, así como vigilamos la actuación de los servidores públicos”.
Señaló que “nuestra misión es vigilar el cumplimiento de las medidas legales que garanticen el cumplimiento de las medidas legales que garanticen el desempeño íntegro, efectivo y eficiente de las personas servidoras públicas bajo el compromiso y convicción institucional plasmada en los marcos normativos”.
Aseguró que “desde el primer momento hemos atendido de manera responsable y damos seguimiento a tareas cruciales que teníamos durante el proceso de integración de esta nueva administración”.
Dijo que “hemos dado seguimiento de manera puntual a denuncias y procesos de investigación que tienen que ver con el impacto del decreto 286, correspondiente del crédito de 740 millones de pesos que pidió el gobierno estatal pasado; también estamos trabajando en la denuncia que se nos presentó por los 229 trabajadores basificados de manera no regular”.
“Así como también damos seguimiento a las denuncias por préstamos que adquirió la anterior administración de manera personal como caja chica, donde se atendía los recursos públicos del gobierno del estado para asuntos y fines personales; también estamos dando seguimiento a denuncias por licitaciones públicas de diversa índole, desde luego esto atendido en el marco de nuestras atribuciones de responsabilidades y dar cumplimiento a las sanciones de responsabilidades logrables”.
“También hemos dado seguimiento a temas de relevancia de los servidores públicos como el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los trabajadores adscritos al Ejecutivo, entre otras actividades relevantes”.