EL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA ES UN PROBLEMA MULTIFACTORIAL, DONDE CONVERGEN LA POBREZA Y LOS MALOS HÁBITOS: SOCIÓLOGA
+ Los legisladores deben presentar iniciativas integrales y no sólo basarse en los datos que le abonan a una problemática, señaló la doctora en Ciencias Sociales, Paloma Villagómez, en el conservatorio Beneficios, retos y oportunidades de prohibir la venta de comida chatarra a menores en Colima, que realizó la Red Mundial de Jóvenes Políticos, de Colima.
Tras la propuesta de iniciativa de ley para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad, que se presentó en el Congreso del Estado de Colima, la doctora en Ciencias Sociales, Paloma Villagómez Ornelas, consideró que los legisladores deben presentar propuestas integrales y no sólo basarse en los datos que le abonan a una problemática.
Lo anterior, en el conversatorio titulado “Beneficios, retos y oportunidades de prohibir la venta de comida chatarra a menores en Colima”, el cual realizó la Red Mundial de Jóvenes Políticos, de Colima, con la finalidad de crear consciencia entre la población.
“El cómo se construyen las preferencias alimentarias es fascinante y complejo, desgraciadamente hay lugares donde no hay leche, pero sí hay Coca Cola, hay lugares en donde no hay agua potable, pero sí hay refresco, y hay lugares donde la leche cuesta mucho más que el refresco, entonces son muchos los factores que determinan el consumo, y no podemos decir que sólo se trata de malos hábitos alimenticios”, argumentó Villagómez Ornelas.
En ese contexto, la ponente explicó que la nutrición de las niñas, niños y jóvenes depende de factores sociales, políticos y económicos.
“En el país hay 20 millones de menores de edad que viven en pobreza, 4 millones que viven en pobreza extrema, 10 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, es decir que en sus casa no siempre hay comida, incluso han tenido que pasar hambre, y a pesar de las cifras, no se considera que sea una epidemia”.
“Los programas que había antes, como Prospera, mediante los cuales se les otorgaba a los beneficiarios un apoyo económico, nutricional y se les daba acceso a los servicios básicos de salud, como el control de peso y talla, demostraron que hubo una mejora consistente en el estado de los menores, inclusive a algunos los llegaron a sacar de la desnutrición, por lo que vemos que cuando hay un poco más de incentivos económicos bien aplicados, hay buenos resultados”.
Lamentó que los gobiernos no tomen en cuenta los factores de pobreza para atender el problema de la desnutrición en la población más vulnerable, ya que “en mi trabajo de campo que hice en algunas alcaldías, donde hay más exclusión, la gente me decía que les habían recomendado comer menos carne, cuando ni siquiera tenían para comprarla, o que les habían sugerido ingerir más salmón, cuando el kilo de este cuesta aproximadamente 400 pesos”.
Por lo anterior, consideró necesario que los expertos en nutrición conozcan primero las condiciones en las que viven sus pacientes “para no partir de la ignorancia y conocer la razones por las cuales están consumiendo más alimentos chatarra, y así trabajar con ellos en la modificación gradual de su alimentación, desde lo cultural, social y otros factores”.
Referente a la iniciativa de ley para que se prohíba la venta de comida chatarra a menores de edad, la doctora indicó que de esta nueva normativa “en realidad se conoce muy poco, y no sabemos cómo opera; en el caso de Oaxaca, la ley indica que a quien regale, suministre o venda productos chatarra a menores de edad, se le sancionará, entonces a mí no me queda claro si en una fiesta infantil, por ejemplo, que yo haga, puedo dar papitas o estaría violentando la ley”.
No obstante, reconoció que estas iniciativas “son interesantes y necesarias”, pero comentó que la ciudadanía no debe permitir que sean las únicas acciones que se propongan desde los gobiernos, “tenemos que exigirles un pensamiento más complejo, diagnósticos multifactoriales, y no simplificaciones o reducciones a los problemas, en este caso al Legislativo”.
Apuntó que en México hay muchos elementos y diagnósticos sobre el tema para elaborar iniciativas más completas, “por eso tenemos que cuidar que estas acciones parciales definan razones de causalidad”.
“Un estudio de 2017 señala que en todo el mundo hay más niños desnutridos que obesos, y nadie ha hecho algo al respecto por la desnutrición, sin embargo en las últimas décadas se ha visto que el déficit nutricional se puede vincular al sobrepeso y obesidad”.
En ese sentido, refirió que “esta iniciativa en Colima se propone para terminar con los problemas de salud, pero necesitamos que esté bien documentada, porque ninguna de las dos, ni la de Colima, ni la de Oaxaca muestran en dónde sí ha funcionado una propuesta de este tipo”.
La especialista reiteró que es necesario que los diputados “propongan iniciativas más completas, ya que problemas como el de la obesidad son multifactoriales, y que no sólo pongan los datos que le abonan a la problemática, sino que también expongan las diversas situaciones y se documenten”.
Además, enfatizó que el trabajo que tienen los nutriólogos hoy en día “es fundamental y debe partir de los gustos y preferencias que tienen los consumidores, “pero cómo le hacemos para elevar el valor social de las aguas frescas y que estén por encima de las otras bebidas”, cuestionó.
Por ello, señaló que de igual forma se debe legislar sobre la presencia de los nutriólogos en los servicios de salud pública, ya que actualmente las instituciones no están obligadas a tener especialistas en alimentación, y de esta forma los sectores más vulnerables pudieran contar con la orientación de los profesionales para saber cómo alimentarse con base en su condición.
Finalmente, Alejandra Ureña, directora estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, de Colima, y Jorge Visfocri, coordinador de Democracia y Participación Ciudadana de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Colima, agradecieron la participación de la ponente y de quienes se integraron con sus aportaciones.
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