ESTRICTO DERECHO – RENOVACIÓN DEL STJE

Mtro. Rumualdo García Mejía

Como lo señalamos en nuestra colaboración anterior, en estos primeros quince días del mes de noviembre debe elegirse a la magistratura que presidirá el Supremo Tribunal de Justicia y, por ende, el Poder Judicial del Estado.

Ayer 08 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, el Pleno del Supremo Tribunal celebró una sesión solemne, con motivo del sexto y último informe de labores del magistrado Bernardo Salazar, actual presidente. Antes y después de ese acto, se ha convocado a las y los magistrados, sin éxito, para que elijan a la nueva presidencia del Supremo Tribunal. La razón: porque no logra reunirse el quórum.

En efecto, así de increíble como parece, no ha sido posible que se reúnan cuando menos cinco de las diez magistraturas que se requieren para que pueda instalarse y sea válida la celebración de una sesión del Supremo Tribunal.

¿Qué significa esto? ¿De verdad no han podido alcanzar el quórum señalado por la ley para sesionar? Todo indica que, una vez más, los operadores políticos de Indira le han fallado, y en el Supremo Tribunal de Justicia, aun cuando era complicado que sucediera, también se les hizo bolas el engrudo, y eso que los magistrados suelen ser dóciles con el poder, siempre acostumbrados a obedecer instrucciones.

Sin embargo, esta vez no ha sido así. Vamos a decirlo como es: si hasta ahora no ha habido quórum es porque no han querido cumplirle a Indira Vizcaíno el capricho de elegir nuevamente como presidente a un magistrado que ya ocupó el cargo con anterioridad.

Y eso es bueno, es muy favorable para el Supremo Tribunal y para el Poder Judicial. Hay que recalcarlo: ninguno, que quede claro, NINGUNO, de los tres últimos Presidentes del Tribunal (José Alfredo Jiménez con Silverio Cavazos; Rafael García Rincón con Mario Anguiano; y Bernardo Salazar con Nacho Peralta) merece volver a ocupar o seguir ocupando ese cargo.

Desafortunadamente para el Poder Judicial, estos tres últimos magistrados presidentes han sido una desgracia para la judicatura local, cada uno peor que el anterior. Si algo les ha caracterizado, a los tres, ha sido el manejo desaseado de las finanzas del Tribunal, el desvío de recursos, el tráfico de influencias hasta con sus propios familiares y, sobre todo, y eso es lo más lamentable, sus escandalosos comportamientos para con las mujeres que ahí laboran.

A cual más, tanto José Alfredo Jiménez Carrillo como Rafael García Rincón, y en mayor medida Bernardo Salazar Santana, a pesar de estar unidos en matrimonio y tener cada uno a su esposa, en ningún momento se han considerado impedidos, ellos y sus esbirros, para acosar sexualmente a trabajadoras del Poder Judicial, sostener relaciones extramaritales con algunas e, incluso, llegar al extremo de embarazarlas y tener hijos con ellas.

Está más que demostrado, cómo cada uno de los tres últimos presidentes del STJE ha abusado de su posición de poder para cometer, no solamente ilegalidades y probados actos de corrupción, sino también conductas que son ética y moralmente reprochables. Si en Colima hubiera estado de Derecho, ninguno de ellos siguiera en el cargo.

Por ello, el solo hecho de que se les considere para nuevamente ocupar la presidencia del Supremo Tribunal es indignante, es una afrenta para el Poder Judicial y más todavía para las mujeres. Y sobre todo deja muy mal parada a Indira Vizcaíno, una gobernadora que dice ser feminista, pero que no lo demuestra, al apoyar que Jiménez Carrillo o García Rincón puedan volver a ocupar estos cargos. Y no tiene que ir muy lejos Indira para corroborar lo que aquí estoy señalando: que le pregunte a su actual secretario particular, quien le puede dar santo y seña hasta de los abusos que él mismo cometió.

Y que quede claro, estos señalamientos de ninguna manera implican un apoyo al todavía magistrado presidente o al grupo que lo sostiene, quienes últimamente han cerrado filas con el magistrado notario, Sergio Marcelino Bravo, a quien incluso Bernardo Salazar llevó a presentar al Poder Ejecutivo, en un intento, afortunadamente infructuoso, de que la gobernadora le diera su bendición como su sucesor.

Pero no, Sergio Marcelino no puede ser presidente del Tribunal, en nada le beneficiaría. Al contrario, al Supremo Tribunal le haría mucho daño que quede como presidente un político caído en desgracia, que de jurista tiene muy poco, y que solo se dedica a cobrar su sueldo cada quincena, porque rara vez acude a trabajar, supuestamente porque no le alcanza para estarse trasladando todos los días desde Manzanillo, donde reside.

Y si él no puede serlo, tampoco podría ser presidente René Rodríguez, quien ya ha pasado desafortunadamente por sus mejores años y también ya coleccionó las pensiones que podía coleccionar (solo le falta la del gobierno del estado para retirarse de la magistratura). Él ya debería dejar el espacio a otros perfiles, más frescos y capacitados, alejados de la misoginia que caracteriza a este magistrado, tan desfasado en sus criterios jurídicos, propios del siglo pasado.

Por lo que ve a la magistrada Leticia Chávez, la última de los alfiles de Bernardo Salazar, tampoco es una opción viable. ¿Qué podemos decir de ella después de su presidencia fallida del pasado mes de julio? Pues que prefirió irse por la puerta de atrás, antes que afrontar los graves problemas del Poder Judicial (que desde entonces ya le quería heredar Bernardo), al ser evidente que no tiene con qué afrontar esta responsabilidad.

Aunado a lo expuesto, tenemos los delicados señalamientos de nepotismo en su contra, por la anormal incorporación de familiares suyos a la nómina del Poder Judicial local. Está el caso de una hermana de la magistrada, quien varios años simuló estar adscrita a la ponencia del magistrado René Rodríguez, pero en realidad era asistente personal de Leticia Chávez, y cobraba un sueldo sin trabajar para la institución. Hasta la fecha, dicha servidora pública sigue “laborando” para el Supremo Tribunal.

Como se ha evidenciado, es inviable que cualquiera de los nombres que hemos mencionado llegue a la presidencia del Supremo Tribunal, lo que nos deja como alternativas posibles al resto de magistraturas: Lilia Hernández Flores, María Luisa Ruiz Corona, Miguel García de la Mora y Juan Carlos Montes y Montes. En mi convicción personal, estimo que debe elegirse a una magistrada presidenta, por el principio de paridad de género y por la alternancia que legalmente debe existir. Y de entre las opciones restantes, considero que la magistrada Lilia Hernández es la idónea para el cargo, por su probada honestidad, además de la capacidad y la experiencia con que cuenta. No obstante, cualquiera de estos cuatro podría hacer mejor papel que los primeramente mencionados.

Finalmente, considero lamentable que en el Supremo Tribunal de Justicia, a diferencia de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se tenga un ordenamiento legal o reglamentario que norme la forma y los términos en que debe darse la elección de su presidencia. Solo la ley orgánica establece que la sesión debe ser pública, pero ni siquiera eso han respetado, ya que han tratado de mantener toda la información en secreto, lo cual es absurdo, al tratarse de la elección del titular de uno de los tres poderes de nuestro Estado. Ojalá se aprenda la lección y, en un futuro próximo, se expida esta normatividad tan necesaria, para transparentar y publicitar esta relevante decisión.

OTROSÍ: Insistiendo con el informe de actividades que sigue sin rendir el Fiscal General del Estado, se trató de justificar porque no había cumplido un año en el cargo. El pasado 1º de noviembre ya se cumplió dicho plazo. Ya no hay excusas. ¿Qué esperan las diputadas Isamar Ramírez, presidenta de la Comisión de Justicia, y Priscila García, presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, para hacer cumplir la Constitución local?