HABILITARÁN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

+ El Presidente del Colegio de Abogados Postulantes A.C, Pablo Navarrete Zamora, fue el primer abogado que se manifestó para exigir esta nueva modalidad de impartición de justicia, ante la problemática por la pandemia, logrando que se aprobara la iniciativa que presentó la Diputada del Partido del Trabajo, Ana María Sánchez Landa

Luego de que el Director General del bufete jurídico Pablo Navarrete&Abogados Asociados S.C., Pablo Navarrete Zamora, presentara una demanda de amparo, pugnando por la implementación de los Juicios en línea, tras la orden de suspensión de la actividad jurisdiccional, que giró el Gobierno del Estado, por la pandemia del SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad del Covid 19, el Congreso del Estado de Colima aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que cuente con un sistema electrónico y se agilice el trabajo de este poder, durante la emergencia sanitaria.

Cabe señalar que Navarrete Zamora fue el primer abogado que se manifestó para exigir esta nueva modalidad de impartición de justicia, ante la problemática por la pandemia, ya que refirió que, el 10 de abril de este año 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que, a pesar de la contingencia sanitaria, la actividad jurisdiccional es esencial, puntualizando, que ésta, no debería ser suspendida por parte de los tribunales.

El abogado Pablo Navarrete precisó que la iniciativa aprobada con 17 votos fue presentada por la Diputada del Partido del Trabajo, Ana María Sánchez Landa, y detalló que este decreto modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y tiene el propósito de brindar el marco jurídico para el Sistema de Justicia Digital, mediante el cual el Poder Judicial podrá habilitar servicios electrónicos para sus trámites y servicios.

Por ejemplo, “se pueden enviar promociones y documentos en forma electrónica, así como realizar notificaciones por esa misma vía”.

Explicó que con esta aprobación el Poder Judicial contará con un sistema electrónico a través del cual se podrán tramitar las diversas etapas en los procedimientos judiciales a cargo de los órganos jurisdiccionales, como enviar promociones y documentos en forma electrónica, así como, realizar notificaciones por esa misma vía, siempre que las partes previamente hayan obtenido la firma electrónica.

Así mismo se señala que cada órgano jurisdiccional tendrá la facultad de validar que quienes comparezcan vía electrónica estén legítimamente autorizados y cuenten con facultades para presentar promociones y documentos.

Para las notificaciones por vía electrónica esta procederá siempre y cuando las partes así lo soliciten, y que se haya hecho conforme a las disposiciones generales que emita el pleno del Tribunal.

En los artículos transitorios se expresa que el sistema electrónico del Poder Legislativo se regirá conforme a las determinaciones generales que emita el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, el cual tendrán que realizar dentro de los 15 días siguientes a la publicación del Decreto.

Así mismo dentro de los 30 días siguientes de la publicación del Decreto, el STJEC presentará al Congreso del Estado un proyecto del sistema electrónico para la atención integral de los diversos procedimientos, con el fin de que se considere en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021.

Destacó que para lograr esta reforma, trabajaron de manera coordinada el Poder Judicial, las Barras de Abogados del estado y la diputada Ana María Sánchez Landa, del Partido del Trabajo.

Ahora, indicó que lo que sigue es realizar las gestiones pertinentes de recursos ante el Ejecutivo del estado y la Suprema Corte de Justicia del País, a través del Fondo JURICA, entre otras instancias, para su puesta en marcha lo antes posible.

“Los poderes judiciales se han ido sumando poco a poco a este proceso de modernización judicial, el cual ha sido benéfico por diversas razones; con esto logramos un gran avance para el servicio de administración de Justicia, que busca la continuidad de la actividad jurisdiccional, ante esta pandemia de SARS 2, sólo nos  queda estar a la expectativa que está ley no quede en escrito, sino que se liberen los recursos económicos necesarios, a efecto de garantizar, la operatividad de esta modalidad”.

Recordó que cuando comenzó a trabajar en la propuesta, “detectamos áreas de oportunidad en nuestra Entidad Federativa, las cuales se pueden mejorar para que, en un mediano plazo y ante cualquier contingencia futura, no se ponga en riesgo el desarrollo y ejecución de la actividad jurisdiccional”.

Enfatizó que es importante que dentro de las disposiciones legales vigentes, se contemple el uso de los avances tecnológicos de la comunicación e información, que permitan acortar o eliminar las desventajas que actualmente tienen los Tribunales Locales, al no estar en posibilidades de armonizarse con los Tribunales Federales en un plazo inmediato.

Comentó que en algunas entidades federativas ya se ha trabajado arduamente en el aprovechamiento de los avances tecnológicos, como en el Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre otras, las cuales ya cuentan con innovación jurisdiccional y tecnologías, que les permiten la actividad judicial, en forma virtual.

Para concluir, el abogado consideró que la crisis sanitaria que trajo el Covid-19, “nos deja como aprendizaje, el compromiso de la voluntad política que debe de existir para impulsar reformas legislativas, que permitan la validación jurídica de la incorporación de las tecnologías al sistema judicial, lo anterior con la finalidad de evitar ser rebasados por circunstancias que impidan la garantía de operatividad de las actividades jurisdiccionales, al ser estos servicios esenciales. Su funcionamiento ya no debe quedar supeditado al desplazamiento  físico de funcionarios y usuarios, un reto que las autoridades y la sociedad en general deben se asumir en el corto plazo”.

Cabe señalar que el pasado mes de diciembre el Congreso del Estado de Colima, realizó una reforma de ley, a efecto de implementar LA ALERTA PATRIMONIAL, ante el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, reforma en la que trabajaron de manera conjunta el abogado Pablo Navarrete Zamora y el Instituto de Referencia.