LA FALTA DE AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN FINANCIERA NOS AFLIGE EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE NUESTRO PAÍS: MAGISTRADO JUAN CARLOS MONTES

Juan Carlos Montes y Montes, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Colima, participó en la reunión de trabajo entre titulares del Poder Judicial del país con legisladores federales en el Congreso de la Unión.

En hacer uso de voz dijo que “la falta de autonomía e independencia en la gestión financiera sigue siendo un área de oportunidad que nos aflige día a día en los tribunales de justicia en nuestro país”.

Señaló que “en Colima como en todos los estados, todos los años tenemos que exponer y justificar ante el Congreso local nuestras necesidades a efecto de que nos sean asignados recursos para poder solventar desde la nómina de los trabajadores, gasto corriente y toda serie de proyectos institucionales”.

Indicó que “con la independencia de esta sujeción financiera siempre nos hemos enfrentando a una insuficiencia presupuestaria, en primer lugar, porque la suma de dinero que se solicita jamás es aprobada en sus términos y en segundo lugar porque la cantidad que el congreso tiene a bien aprobar en el caso de Colima, no la entregan en su totalidad, sino que no la van ministrando por partes durante todo el año”.

“Esto origina que llevemos que lleguemos a los meses de septiembre y de octubre de cada año que el presupuesto aprobado se encuentre totalmente agotado y esa es la realidad que vivimos los estados, por ello para implementar nuevos modelos de justicia como es el caso que nos ocupa hoy, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa una tarea compleja sobre todo cuando no se tiene el recurso para ello y más un estado como el mío en el que la insuficiencia presupuestaria se ha agudizado en los últimos años al aprobarse un techo financiero insuficiente y por debajo de las necesidades del Poder Judicial, incluso para cubrir sueldos y demás previsiones personales, lo que nos llevará indudablemente a solicitar ampliaciones del presupuesto para el siguiente año”.

“Señores diputados, queremos apelar a su sensibilidad respecto de la trascendencia de tener un presupuesto suficiente para enfrentar la implementación de la normatividad en materia civil y familiar, materias que en la actualidad representan una complejidad significativa en atención a las diversidades vías, acciones y procedimientos, así como la observancia de principios y políticas públicas como el interés superior de la niñez, perspectiva de género, diversidad sexual entre otros que generan un mayor tiempo de estudio y que de acuerdo a la reforma que se pretende implementar ahora deberán tramitarse del modelo de gestión por audiencias y por medios electrónicos”.

“Lo que implica además de la inversión en infraestructura, equipo y capacitación, un proceso de transición a desarrollarse entre 10 y 15 años, toda vez que los procesos familiares que actualmente se tienen no suscriben y son los de mayor incidencia en cualquier estado del país, en otras palabras en los primeros años de implementación se tendrá la coexistencia casi al 100 por ciento de dos sistemas, el tradicional que llevamos actualmente y el que se pretende implementar con la reforma, con las cargas presupuestales que ello conlleva y las condiciones presupuestales del Poder Judicial en Colima son limitadas, ya que el 90 por ciento del presupuesto anual se destina a sueldos y el 10 por ciento a gasto corriente o de operatividad”.

“Por ello, el pensar que este nuevo sistema que trae esta reforma sea operado con los mismos juzgados que en la actualidad se tiene, nos orillaría indudablemente al colapso y a una deficiencia del servicio jurisdiccional que se presta a la ciudadanía”.

Aseguró que “los poderes judiciales estatales tenemos un gran reto, que sin un presupuesto adecuado será prácticamente imposible afrontar, por ello insistimos en que se consideren todos estos factores y que se analice la situación real en la que nos encontremos, para que en su momento se puedan efectuar las previsiones necesarias que nos permitan implementar esta reforma que incluya infraestructura, mobiliario, equipamiento, sueldos y capacitación de la plantilla operadora”.

“Señores diputados, en verdad celebro esta oportunidad que nos brindan de escucharnos y conocer la realidad, que no quede duda que estamos convencidos que esta reforma lleva implícita muchas bondades para mejorar el sistema jurisdiccional en materia civil y familiar, pero necesitamos también que nos sean dotadas las herramientas para implementarla y lograr así los objetivos y las metas que se persiguen y sobre todo poder cumplir lo estatuido en el artículo 17 constitucional que es contar con una justicia accesible, pronta y expedita”.