LA FARSA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN LA VINCULACIÓN DEL EXSECRETARIO DE FINANZAS

Este lunes concluyó la audiencia inicial celebrada para decidir si se vinculaba a proceso o no al ex secretario de finanzas del gobierno de Nacho Peralta. Es la causa número 2758/2022, un asunto que viene desde el año pasado, cuando la fiscalía anticorrupción intentó formular imputación contra varios exfuncionarios, pero al final solo vincularon a Carlos Noriega. ¿Qué pasó?  

Inicialmente había 3 imputados: el exsecretario de finanzas, el exdirector del IPECOL y la exdirectora de egresos de la Secretaría de Finanzas, pero en el trayecto se hicieron negociaciones bastante turbias, para que los dos últimos delataran al exsecretario, a cambio de no ser procesados ellos, y ahora sus testimonios son precisamente la base de la imputación formulada en contra del exsecretario.

Qué lamentable que, en lugar de realmente hacer justicia y castigar a todos los involucrados, entre ellos el ex gobernador, quien ayer fue mencionado como parte de esta acción delictiva, se prefiera negociar la aplicación de la ley. Ojalá la fiscalía nos explique por qué a Nacho Peralta no lo están imputando. Quién sabe si la gobernadora o el fiscal tengan algún acuerdo con él para garantizarle impunidad. Recordemos que ambos fueron sus empleados.

Volviendo a la audiencia del lunes, de cuatro involucrados iniciales, al único que aventaron al ruedo fue al exsecretario de finanzas, quizá solo para afectarlo políticamente, porque el “gravísimo” delito (esa es la percepción que están tratando de crear los medios oficialistas) que le atribuyen no es tal, y aun cuando andan repitiendo que se castigará el desfalco en las finanzas, pues no, no es así.

Vamos a explicar en qué consistieron los hechos que se le imputan al exsecretario de finanzas: en el mes de noviembre de 2020, como no completaba para cubrir los compromisos de pago que tenía el gobierno del estado, ya que le faltaban setenta millones de pesos, buscó la manera de obtenerlos, dándose cuenta que el IPECOL sí tenía dinero, pero obviamente estos recursos no eran de libre disposición, ya que forman parte de los fondos de pensiones y, por lo tanto, no se podían tomar.

Sin embargo, habló con el entonces director del IPECOL para que le prestara ese dinero, y este le dijo que sí, pero que no hubiera problema legal, contestando el exsecretario que no lo habría, porque Nacho Peralta estaba de acuerdo, lo cual confirmaron en ese momento con una llamada telefónica que le hicieron. De esta manera, con el conocimiento y la anuencia del exgobernador se hizo esta indebida disposición de recursos, al contar con el visto bueno del titular del Poder Ejecutivo, aunque curiosamente a él la fiscalía no lo toca ni con el pétalo de una rosa.

Así, con el consentimiento del gobernador, el entonces director del IPECOL transfirió primero sesenta millones y después otros diez. Ni siquiera quedó registro contable de estos movimientos; se hicieron las transferencias a la cuenta de gobierno del estado, y así se pudieron cubrir los pagos pendientes.

Afortunadamente para las cuentas de los fondos de pensiones, en un plazo menor de 10 días, al gobierno del estado le llegó una transferencia de recursos extraordinaria, y restituyó al IPECOL los setenta millones que se habían dispuesto, lo que minimizó considerablemente la afectación patrimonial causada. De hecho, y esto hay que recalcarlo, el único daño por el cual están procesando al exsecretario es por una cantidad que no rebasa los seis mil pesos, por posibles rendimientos no percibidos y, además, ese dinero ya fue pagado por el exdirector del IPECOL.

Incluso, en el remoto caso de que se llegara a condenar penalmente al exsecretario, dado que restituyó los recursos dentro de este breve plazo, se le tendría que imponer una sanción atenuada, relativamente baja, que podría ser de 1 año de prisión, por lo que tendría derecho a todo tipo de beneficios y jamás pisaría la cárcel, además de que tampoco pagaría reparación del daño, porque esta ya fue cubierta.

A qué voy con esto, a que toda la faramalla que se está haciendo no implicará que se reintegre al erario cantidad alguna. Todo el discurso de la gobernadora, de que durante el gobierno de Nacho Peralta hubo un desfalco de once mil millones de pesos, quedará en nada, porque con este “magno proceso” en contra del exsecretario de finanzas no se logrará que regrese a las arcas públicas ni un centavo.

Entonces, cuál es la verdadera intención de la fiscalía anticorrupción de prestarse a esta maniobra. Quizá tratan de hacerle creer a la población que están trabajando, que sí están combatiendo la corrupción, que van a sanear las finanzas, pero no, no se va a lograr nada, no va a regresar ni un peso.

Volviendo a la audiencia de este lunes, precisar que fue para imputarle únicamente al exsecretario la comisión de 2 delitos: el de peculado, previsto en el artículo 237 bis del código penal, y el de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 234, fracción IV, del mismo código. Es importante destacar porque esto no lo alardearon los medios oficiales, que el exsecretario nada más fue vinculado por uno, el de peculado, ya que el ejercicio indebido de servicio público la jueza les señaló que ni siquiera era lógico lo que estaban señalándole al respecto.

Esta decisión confirma el desempeño tan lamentable de estos servidores públicos de la fiscalía anticorrupción, empezando por el propio fiscal “especializado”, quien no tuvo el valor o la capacidad para llevar la audiencia, y tuvo que mandar a tres subordinados a que dieran la cara, pero lo único que dieron fue pena ajena, porque de los tres no se hacía uno.

Entonces, el único delito por el que se vinculó a proceso al exsecretario fue el de peculado, y dados los argumentos planteados por la defensa, es casi seguro que ni siquiera se le llegue a condenar, y esto nos lleva a preguntarle a la fiscalía anticorrupción por qué nos quieren entretener con un caso como este, en el que el “grandísimo perjuicio” no rebasa los seis mil pesos, mientras siguen teniendo guardadas en el cajón las investigaciones realmente importantes; y que también nos expliquen por qué no han procedido contra el principal responsable de todo este desastre: el ex gobernador Nacho Peralta.

Ojalá no sea por el vínculo que tuvieron con él en su momento la gobernadora y el actual fiscal general, quienes fueron sus subordinados. Porque existen todos los elementos para llevarlo ante la justicia, y pareciera que no quieren siquiera incomodarlo. Alguien tiene que responder por ese gravísimo daño de los once mil millones, o acaso ya los recuperó la gobernadora, o nos mintió y ese supuesto daño al erario nunca existió.

OTROSÍ: Los desatinos no ocurren nada más en las fiscalías. El 19 de mayo pasado, el Tribunal Electoral del Estado resolvió algo que ya habíamos pronosticado: la inaplicación del decreto 262, emitido por el congreso del estado con la intención de reducir, de la forma más burda posible, las percepciones de las magistraturas y las consejerías electorales de Colima. Lo dijimos en su momento y ahora lo reiteramos: tenemos un congreso que da vergüenza. Y hay que tener presente que este yerro tiene nombre y apellido: el diputado Armando Reyna, quien se dice licenciado en derecho y deja muy mal parada a la institución que le otorgó ese título, por esta burrada tan monumental.