LA MAFIA DEL PODER Y LA MAFIA EN EL PODER – TAREA POLÍTICA

José Luís Santana Ochoa

Tan mafia es la “del poder” que según Andrés Manuel López Obrador la integran “los conservadores que no quieren que haya democracia porque son partidarios de la oligarquía, no de la democracia”, como la mafia 4trera que está “en el poder” manejando desde Palacio Nacional los poderes Ejecutivo y Legislativo del Congreso de la Unión, la mayoría de las gubernaturas de los estados y las legislatura locales. Como la  Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se le ha resistido a su sometimiento, el tabasqueño loco se siente volver.

López Obrador sentencia que la “mafia del poder”, oligarquía la llama, es el gobierno de los ricos que están en contra de su reforma electoral (Plan B) “porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues su único dios es el dinero. Este es el fondo del asunto”. Si fuera caballo sería el Alazán de los ricos que un 19 de marzo en San Fernando corrió en contra del Rosillo de los pobres, ambos no eran grandes ni eran chicos. En esa carrera el primero le ganó al segundo, pero en el diferendo por el control total de INE, hasta ahora, va en la punta el potro alazán fifí, conservador, neoliberal, oligarca.

“Pero además, los distinguidos miembros del Poder Judicial y de INE ganan más que lo que gana el Presidente de la República. Entonces como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren”, alega López Obrador a sabiendas de que no considera en su comparación a modo, sus percepciones integrales, las de él, que superan por mucho el sueldo nominal que se ha asignado y que usa para exhibir a los funcionarios que los tienen más altos pero no reciben extras  en forma de “entres, comisiones, retornos ni  mochadas” como él y su “mafia en el poder”. 

El disco rayado de “la mafia del poder” lo volvió a tocar el líder de la “mafia en el poder” en visceral respuesta a la admisión por parte del ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, de la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral, concediendo la suspensión solicitada cuyo decreto es “ para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la publicación de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expiden una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) está en todo su derecho de impugnar la decisión del ministro de la Suprema Corte (SCJN) Javier Laynez Potisek, pero con fundamentos legales, no con acusaciones 4treras como la de que  este funcionario  “arrancó hojas a la Constitución y que desconoce las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales”.

La CJEF podrá decir misa y que “no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite”, pero con esos pueriles alegatos es mejor que ya vayan dándole curso a los planes “C, D, E…” hasta agotar todas las letras del abecedario.

Convencido de que su Pan “B” ya chupó Faros, desde su púlpito mañanero AMLO anunció hacia el país y el mudo que “hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”. Y si el domingo 2 de junio de 2024 le dan pa’trás, ¿pondrá en acción su plan “D”, el golpe de estado? Es pregunta, no se enojen.

EL ACABO

             A propósito de mafias, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Colima, Eduardo Sánchez, denuncia que “el 50 por ciento de los empresarios en Colima ha sido víctima de un delito, lo que ha dificultado el interés por realizar inversiones en la entidad. En el último trimestre del 2022, los empresarios consultados manifestaron haber sido víctimas de un hecho delictivo, entre ellos la extorsión o el llamado cobro de piso, el robo de mercancía o de vehículos propiedad de las empresas, además de delitos informáticos”.