LOS TRABAJADORES NO TIENEN QUE PAGAR LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: AUDELINO FLORES

Al asegurar que el sueldo y prestaciones son irrenunciables y que los salarios e incrementos están establecidos por ley, la Federación de Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, que encabeza Audelino Flores Jurado, aseguraron que defenderán hasta las últimas consecuencias un aumento salarial que cubra las necesidades actuales de los trabajadores y no el 3 por ciento que pretenden otorgar los gobiernos estatal y municipales en Colima.

Resaltó que independientemente del quebranto financiero que es evidente hay en el estado, “los trabajadores no tenemos porque pagar ‘los platos rotos’ de quienes evidentemente afectaron las finanzas del estado”.

Al leer un posicionamiento de la Federación, Flores Jurado aseveró que “en atención al acuerdo del ejecutivo y ayuntamientos del estado, contando con la complacencia de algunos líderes ‘charros’ sin la autorización de la base trabajadora, respecto a que el incremento salarial del año 2022 sería de un 3 por ciento, por considerar tales entes públicos que el quebranto financiero hace insostenible la sobrevivencia de los funcionarios públicos tanto estatales como municipales, provocado por el desvió del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado a fines personales y diferentes a los sueldos de los trabajadores, nos obliga como Federación de Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, a defender los derechos laborales de los trabajadores de la base sindicalizada acorde al siguiente posicionamiento.

“Primero, los derechos de los trabajadores son irrenunciable y de orden público y su pago está garantizado por la aprobación del presupuesto de egresos de cada año y además lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, por ser reglamentaria de los artículos 110, 116 fracción VI, y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como lo establecido por el artículo 127 de la Constitución Federal ya que los salarios se fijan en los presupuestos respectivos con la única excepción de que los sueldos no sean mayores a los que percibe el presidente de la República y los superiores, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia por lo que todos los funcionarios públicos de la Federación, estados y municipios y cualquier otro ente público recibirán una remuneración digna, adecuada e irrenunciable en el desempeño de su empleo o cargo o comisión y que será proporcional a sus responsabilidades.

Segundo, en consideración se deberá tomar en cuenta la opinión de los integrantes del sindicato las remuneraciones asignadas, por lo que lo convenido por la gobernadora con los munícipes es totalmente inatendible por no sujetarse a los derechos humanos, laborales de cada trabajador, porque para fijar los incrementos salariales y demás remuneraciones debió haberse tomado en consideración, previamente, a su fallida declaración, a los sindicatos.

Tercero, ante la complacencia de algunos líderes ‘charros’ en acuerdo al contenido del Ejecutivo estatal y municipales, es una traición a los trabajadores de base del gobierno y en general a todos los trabajadores, pues previo a manifestar su aceptación del incremento salarial del 3 por ciento de este 2022, debió ponerse en su papel de defensor de los derechos de los trabajadores y abstenerse de opinar a favor del gobierno del estado hasta en tanto hubiera tenido el consentimiento de los trabajadores en sus respectivas asambleas.

Cuarto, la Federación de Sindicatos, defenderá hasta las últimas consecuencias que el incremento salarial del 2022 sea cuando menos de un 10 por ciento, respecto al índice inflacionario y además de que los convenios de los años anteriores siempre fueron acordes a los derechos humanos de los trabajadores y atendiendo la necesidad de cada trabajador, salvo algunas excepciones como en Tecomán.

Resulta que ahora los trabajadores tienen que pagar la irresponsabilidad de los servidores públicos al desviar los recursos que provocaron la pobreza económica tanto del gobierno del estado como de los municipios. Muy a pesar de esas conductas de desvíos se deben denunciar ante las autoridades competentes por parte del gobierno del estado y ayuntamientos y no sacrificar por tales tropelías a los trabajadores de base sindicalizados, ya que, en vez de avanzar en las conquistas sindicales, vamos en un retroceso directo a la miseria económica de cada trabajador y su familia.

Quienes han sido traicionados por la falta de certidumbre y certeza jurídica de los actos de gobierno, por tanto, urgentemente solicitamos a la Ejecutiva del estado, reflexionar sobre lo que hemos manifestado en este momento.

Pedimos a la gobernadora tener reuniones con los trabajadores para llegar a un acuerdo que beneficie a la clase trabajadora que no tienen culpa de lo que otros se robaron”, finalizó el líder sindical.

En este tenor, ponderó que, si bien los sindicatos podrían iniciar con acciones como paros laborales, marchas, etc., también reconocen que actualmente, ante la ola de violencia que se vive en el estado esto podría provocar mayores conflictos o alguna contingencia, aunque no descartan posibles paros laborales, pero reiteró “invitan tanto a la gobernadora como presidentes y presidentas municipales a dialogar sobre esta situación y que reflexionen su postura”.

Externó que no es posible que quieran ‘castigar’ al trabajador ante el quebranto financiero que propiciaron gente con nombre y apellido y que, por no querer poner las denuncias correspondientes, se afecte la economía de todos los trabajadores.

Recordó, finalmente que la Federación está integrada por diez sindicatos, que aglutinan entre 4 mil 500 a 5 mil trabajadores, incluyendo supernumerarios.