MINISTROS Y MINISTRAS DE LA SUPREMA CORTE PARTICIPAN EN EL FORO DE DIÁLOGOS NACIONALES SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL PODER JUDICIAL

Se llevó a cabo en Congreso de la Unión el Foro de Diálogos Nacionales Sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial con la participación de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura y organizaciones para exponer los distintos puntos de vista de ¿Qué Poder Judicial Tenemos? Y ¿Qué Poder Judicial Queremos?

Al tomar la palabra el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, agradeció la oportunidad para expresar su opinión personal en relación con la llamada reforma judicial, vinculada con dos enfoques específicos: ¿Qué Poder Judicial Tenemos? Y ¿Qué Poder Judicial Queremos?

Señaló que “el Poder Judicial federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito a través de concursos de oposición en donde solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos garantizando de esa manera la objetividad en su designación”.

“En mi opinión y después de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura federal; también esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Comisión de Disciplina recibe las denuncias de posibles actos de corrupción, así como de posibles faltas administrativas cometido en el desempeño de las funciones y se encarga de realizar las correspondientes investigaciones y en su caso de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente”.

Aseguró que “tengo la convicción de que la gran mayoría de las y los juzgadores federales prestan su servicio con honestidad y profesionalismo y que los casos de corrupción son la excepción no la regla general, no obstante lo anterior, debemos reconocer que la justicia federal tiene áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender de mejor manera a la sociedad a la servimos y eso nos lleva al segundo eje de estos diálogos, es decir, ¿Cuál es el Poder Judicial que Queremos?

“Entiendo al intención de materializar una reforma de alto impacto al Poder Judicial de la Federación, transformación que tiene como principal eje un esquema en el que jueces y juezas, magistradas y magistrados federales, ministras y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto directo de la ciudadanía, independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos integradores de justicia federales, en los que como todos conocemos, se encuentran procesos judiciales en trámite y corren cotidianamente plazos para definir en distintos supuestos la situación jurídica de las personas que acuden a ellos”.

“Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos, estimo que de esa manera se reducirá la posibilidad de afectación en los derechos de los usuarios del servicio de administración de justicia federal”.

En otro orden de ideas, dijo que “quisiera mencionar que las funciones que se asignan al Tribunal de Disciplina Judicial cuya creación de propone implicaría que un solo cuerpo de juzgadores pudiera actuar a la vez como fiscal y a la par como instructor y juez. Además de que las causas que se prevén para sancionar a las personas juzgadoras en la iniciativa por su amplitud y ambigüedad podrían interferir con la independencia judicial lo que estimo debería reflexionarse”.

Finalmente se permitió mencionar que “la reforma que se propone debe poner especial cuidado en relación con los derechos laborales de las y los juzgadores que podrían ser sustituidos con motivo de su entrada en vigor, las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de jubilación y retiro considero que no deben ser eliminadas a fin de proporcionar una culminación de la función digna a quienes hemos servido en el Poder Judicial de la Federación”.

Concluyó “hablando en nombre propio pero con la certeza de que es un sentimiento compartido entre quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, estaremos, como no puede ser de otra manera a lo que determine el poder reformador de la Constitución, pero reiteramos que seguiremos sirviendo desde la judicatura defendiendo con honor y dignidad a la Constitución, a las instituciones que derivan de ella y los derechos humanos que protege y que dan sustento al Estado de derecho, a la República y a nuestra democracia”.

La ministra Lenia Batres Guadarrama, expresó que “hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía no de los poderes fácticos, no es una apreciación subjetiva de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua”.

“En contraste se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre libre mercado que incluso llega a considerarse derecho humano”.

Se preguntó “¿es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano?, yo creo que no cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión garantizar justicia, hasta hoy ha fracasado en esa labor”.

“La reforma que se propone plantea tres temas elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina y un órgano de administración, acatamiento de límite de remuneraciones prevista en el artículo 127 constitucional, la reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público obligan a sus titulares a responder al interés general, crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras; la reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo”.

“A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía, propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución empezando por la Suprema Corte, limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa, limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional, eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios”.

“Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestare, actores que no sean parte en los juicios, suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte”.

“De acuerdo con nuestra Constitución no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes, si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propia facultades”.

“Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias”.

“Propongo que se revise también quién tiene la última en la interpretación constitucional, creo que debe ser compartida por los poderes de la unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto”.

Por otro lado, “debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales, si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora”.

“Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la Facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta”.

“Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes, si difícilmente pueden acceder a una defensa es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos”.

“Para la población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial, en una palabra, es injusta”.

“La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial su único propietario es el pueblo mexicano que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno”.

El Ministro Juan Luis González Alcántara, expresó su postura sobre la iniciativa de reforma a título estrictamente personal como fue solicitado “consciente que he llegado al pináculo de mi carrera, entenderán ustedes que no es una ambición personal el motivo de mi actuar, pero sí la firme convicción de que la unidad nacional se alimenta de la diversidad de opiniones, hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial, por ello es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales”.

Consideró que “de aprobarse en sus términos la reforma no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país a nivel federal y muchísimo menos a nivel local, en contrapartida la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de mexicanos; no obstante, ya no es momento para negacionismo, ni para críticas generales, sino para contribuir para dialogar con los objetivos y con los retos identificados en la iniciativa”.

“Se pretende modernizar a todos los poderes judiciales del país, dotarlos de legitimidad democrática, de transparencia y de responsabilidad pública, esos son objetivos loables y son apremiantes, la pregunta que debiéramos formular es ¿cómo diseñar una reforma que permita alcanzarlos?”.

“Para dar respuesta me pronunciaré sobre dos puntos medulares la votación popular y la separación de la Corte y el Consejo, me centraré exclusivamente en el régimen aplicable a magistrados y a jueces federales, porque considero que deben un trato diferenciado y mucho más diferente y protector que el que tienen las ministras y los ministros”.

“Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial y de la expertise que a lo largo de los años y con esfuerzo se ha construido en México con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mucho se ha dicho sobre la elección popular de personas juzgadoras, pero pongámonos de acuerdo, lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía, sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres poderes de la unión”.

“Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular, el primero es que se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político. El segundo problema, la ciudadanía vota usualmente por propuestas, pero no evalúa resultados, por eso debemos de preguntarnos ¿qué papel queremos que cumpla en la función judicial el voto popular, queremos una campaña judicial que venda promesas a futuro o preferimos otra que nos permita definitivamente evaluar el desempeño pretérito”.

“Si ha de mantenerse el voto popular, considero que este debería de fungir como un medio para evaluar el desempeño y decidir definitivamente sobre la permanencia de las personas juzgadoras, pero no para reemplazar los concursos de la carrera judicial que permiten acceder al cargo mediante el mérito mediante la honradez y el profesionalismo de sus aspirantes”.

En otro aspecto “la creación de órganos administrativos y disciplinarios independientes puede fortalecer la rendición de cuentas. Ahora bien, para que un tribunal de disciplina pueda tener una incidencia real sin menoscabar la independencia de las personas juzgadoras es necesario acotar sus facultades, pero robustecer el aparato disciplinario de la escuela de formación judicial”.

“Salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de 1,600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas sí a la corrupción desde la formación de los integrantes de la carrera judicial, estas propuestas parten tanto de los objetivos como de los medios elegidos por la iniciativa, busquemos entablar un diálogo constructivo, abierto, desinteresado, pero realista en donde el punto de llegada sea la mejora y el perfeccionamiento de los poderes judiciales que demandan y esperan los mexicanos”.

La consejera Eva Verónica de Gibes Zárate, explicó que “la propuesta de reforma a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy nos convoca es trascendental para la vida democrática de nuestro país, en esencia su objetivo consiste en modernizar el sistema de justicia mexicano, específicamente el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, con la finalidad de que estén a la altura de los retos del país, atiendan las demandas de la sociedad, pero sobre todo cuenten con la legitimidad democrática indispensable para hacer valer sus determinaciones”.

“Dicha reforma pretende realizar un combate efectivo y real contra la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que durante años han invadido nuestro sistema de justicia; esa propuesta de reforma de ninguna manera pretende debilitar a los poderes judiciales, por el contrario su finalidad es reconfigurar una parte del sistema judicial incorporando a la Constitución federal mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar activamente en la selección de juzgadoras y juzgadores, quienes por mandato constitucional son los encargados de impartir justicia; además, se busca que el Poder Judicial recobre su alto prestigio y la confianza de la ciudadanía quien por medio del voto expresó su intención de lograr esta reforma para contar con una justicia confiable, que proteja los derechos de todas y todos, pero sobre todo que sea cercana al pueblo de México”.

“La reforma judicial pretende eficientar el sistema de impartición de justicia sin duda alguna, hay muchas cosas que pueden rescatarse del sistema que hoy en día tenemos, pero el objetivo es maximizar el principio de acceso a la justicia para lograr un auténtico estado de derecho donde las personas juzgadoras cumplan con sus responsabilidades en el marco de la ley e impartan justicia imparcial y expedita, en pocas palabras se trata de una reforma en beneficio del pueblo mexicano”.

“Quiero hacer énfasis en dos aspectos que en lo particular considero son se suma relevancia, el primero está dirigido a poner especial atención en los filtros por medio de los cuales se seleccione a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, debe tratarse de procedimientos confiables, certeros, dotados de absoluta credibilidad y que incluyen estándares de selección de alto nivel para estar en posibilidad de proponer a los ciudadanos los mejores perfiles”.

“El segundo aspecto está relacionado con el régimen transitorio específicamente a la forma en cómo se va a llevar a cabo la sustitución de juezas y jueces de distritos, magistradas y magistrados federales, mi propuesta consiste en que la sustitución de las personas juzgadoras a nivel federal sea progresiva, es decir, se vaya dando de forma gradual en los distintos estado de la República, atendiendo a las cargas de trabajo, ello con la finalidad de que la impartición de justicia no se vea afectada, que los órganos jurisdiccionales continúen funcionando adecuadamente y permita que las secretarias, actuarias y actuarios, oficiales y judiciales y demás personal que en ellos laboran continúen con estabilidad en el empleo”.

“Son tiempos de serenidad y de confianza, debemos escuchar el mayor número de pareceres, de ver con mirada crítica y constructiva los ajustes a que haya lugar de pulsar los tiempos políticos, pero sin descuidar los aspectos jurisdiccionales, es momento de observar con prudencia y conciencia los alcances a corto, mediano y largo plazo a fin de que la transformación se de gran alcance, para ello se deberá tener en consideración en forma práctica y sensible la realidad de quienes integran el actual Poder Judicial de la Federación cediendo un poco para alcanzar metas concretas y de mayor proyección”.

“El Poder Legislativo tiene una tarea de enorme magnitud reformar y reforzar uno de los tres poderes de la unión significa un cambio estructural de gran calado, sin embargo, en sus análisis deberán ponderar los tiempos y los cambios, así como el modo de realizarlos; considero que debe observarse minuciosamente y con sumo cuidado esta reforma constitucional y quizás sea el momento de valorar si es necesario ir paulatinamente en su instrumentación, valorar si se requiere ajustar alguna de las ideas que se presenten su contenido o quizás solo posibilitar la transición entre la actual integración con la nueva, que no sea drástica y lesiva a quienes en el conjunto pudieran ser considerados”.

“Finalmente, quisiera hacer un llamado a las legisladoras y legisladores para que en una actitud receptiva, dialogante y colaborativa al momento de analizar las propuestas de reforma no olviden que detrás de cada uno de los poderes judiciales hay individuos con aspiraciones y metas y busquemos soluciones y resultados concretos que faciliten su mejor implementación”.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, dijo que “creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia, para recuperar la confianza ciudadana”.

“El mandato de las urnas es claro, no podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social, hoy nos tiene esa realidad social aquí sentados, esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y entre otros no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida entre varias que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores”.

Señaló que “la impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano, requerimos jueces por elección popular sí y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar”.

“La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa, tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados, ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina, queremos jueces de excelencia y con legitimidad social en este contexto siendo plausible democratizar el acceso a la titularidad de los cargos del Poder Judicial de la Federación, todavía enfrentamos un reto mayor consiste en mantener su independencia y autonomía respecto de los demás poderes constituidos e inclusive con relación a los otros poderes fácticos o económicos”.

“Amos atributos independencia y autonomía son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países libres, son las cualidades que nos garantizan a todos, mujeres y hombres, a quienes viven en la pobreza, la riqueza o la clase media, así como extranjeros y mexicanos que la legislación nacional que se aplicará libre de toda atadura ideológica-política y que quienes decidan emprender cualquier actividad productiva o comercial, así como se les exige respetar el marco legal aplicable de ese mismo modo se les solicite también y se les proteja en un orden jurídico que brinde la protección suficiente a través de sus autoridades y jueces, para evitar esto que se dé interpretaciones arbitrarias, lo que debemos es generar seguridad jurídica”.

“El Poder Judicial de la Federación ya cuenta con amplio capital humano, de personas juzgadoras cuyo acceso al cargo pasó como se ha dicho aquí, por cursos de especialización, evaluaciones, concursos de oposición y que resuelven casi más de 1 millón 500 mil asuntos, anualmente en sus diversas materias”.

“Hoy el reto que tenemos es generar consensos identificar los puntos de acuerdo entre la elección directa como fue el mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar los derechos laborales adquiridos, asegurar el conocimiento técnico especializado de las personas juzgadoras en beneficio de los justiciables y contar con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable”.

“Acorde al mandato expresado por la mayoría de los ciudadanos me permito entregar a esta honorable soberanía mi propuesta que como elementos esenciales contiene siete: La elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial; la sustitución progresiva de juezas, jueces, magistrados y magistradas; la garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles de juzgadores que van a participar; el respeto de los derechos laborales de todas y todos, la observancia, la paridad de género, los jueces cercanos a la gente y la justicia para todas las personas por igual”.

“Un Poder Judicial y con respaldo popular es indispensable para el estado de derecho, para la democracia, para garantizar la justicia para que sirva y sirva bien al pueblo de México”.

Jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señaló que “estoy aquí dando voz a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, en estos diálogos de discusión de una iniciativa de reforma constitucional que por sus alcances es de gran trascendencia para el sistema judicial de la República, como directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), es una gran responsabilidad estar en este foro, no solo por la encomienda recibida de más de 1,600 compañeros juzgadores, sino por el compromiso social que tengo como juzgadora federal para dialogar sobre la propuesta de elección de jueces y magistrados por voto popular y la creación de un tribunal de disciplina encargado de vigilar y sancionar la actuación de la labor jurisdiccional”.

“No desconocemos el claro mandato de las urnas que llama un cambio dentro de las instituciones y creemos que el Poder Judicial Federal no puede ser ajeno a tal demanda social; la actividad judicial obedece a las demandas de la sociedad y por ello debe ser ajena a acciones de influyentismo y corrupción, existen mecanismos para lograrlo son los concursos de ingreso a la carrera judicial que se aplica a los cargos de oficiales, actuarios, secretarios, jueces y magistrados, criterios para su adscripción, procedimientos de ratificación para la permanencia en el puesto y mecanismos disciplinarios como sanciones ejemplares a quienes incumplen el mandato de la Constitución”.

Expresó su compromiso por “brindar a la sociedad un sistema de justicia fuerte, pilar fundamental de toda democracia por lo que deben garantizarse el principio de independencia judicial para que los juzgadores tomen sus decisiones de manera imparcial, sin temor a represalias políticas o a presiones externas, lo cual desde la lógica de la propuesta es posible lograr mediante un tribunal de disciplina que sancione el incumplimiento de los estándares éticos”.

“Las preocupaciones surgen por su integración y por la garantía de respetar la autonomía en la decisión judicial, si los jueces son elegidos por voto popular cómo se le garantiza a la sociedad su única lealtad se la ley y la justicia y no a quienes lo promueven, el mandato en las urnas no es una licencia para debilitar el equilibrio de poderes, por lo cual generaciones enteras dieron incluso sus vidas”.

“La carrera judicial es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de justicia porque se basa en la preparación y capacidad del juzgador, elegir a la personas juzgadoras por voto popular, genera graves desventajas y riesgos que la sociedad debe saber y que públicamente se han reconocido, la historia muestra que las reformas al Poder Judicial deben ser realizadas luego de un estudio profundo analizando cada una de las repercusiones que pueden que pueden causarse a la paz social y sí estos juzgadores que a través de mí hablan, han garantizado la paz y la defensa de los mexicanos cuidando la constitucionalidad, por ello es importante que no se realice de forma apresurada y se tome en cuenta todo lo que implica la labor de impartir justicia”.

“Qué leyes y procedimientos existen en las diversas materias en Derecho Civil, Penal, Laboral y Administrativo, quiénes son los interlocutores de las personas que se ven involucradas en un juicio, cuáles son los mecanismos de impartición de justicia, se cumplen nuestras sentencias y por supuesto quiénes somos los encargados de impartir justicia”.

“La reconfiguración de un poder del Estado requiere de un debate amplio y serio en el que se consideren todas las implicaciones y se escuchen las voces de los expertos y de los ciudadanos, pero también se debe escuchar con especial atención la opinión de los que hasta ahora hemos tenido la labor de impartir justicia”.

“La independencia judicial, la estabilidad democrática y la progresividad de los derechos son elementos fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en un sistema de justicia, la propuesta de sustituir en masa a quienes actualmente a quienes actualmente integramos el Poder Judicial sin causa justificada y sin derecho a un debido proceso lesiona gravemente los derechos de las personas juzgadoras, viola convenciones internacionales que han sido signadas por nuestro país, socava la confianza en nuestras instituciones y genera inseguridad jurídica”.

“Una reforma en estos términos aun cuando se ha dicho que respetarán los derechos de los trabajadores, afecta gravemente los derechos adquiridos de las personas juzgadoras, tanto las que estamos en activo como las que han dedicado su vida al servicio de la justicia”.

“La Jufed hace un llamado respetuoso, tanto a los legisladores electos, como a las universidades, a los expertos, a las organizaciones civiles, a los defensores de derechos humanos y al pueblo mexicano a reflexionar con serenidad sobre los riesgos y las implicaciones que conlleva su propuesta; es imperativo que se promueva un diálogo constructivo, inclusivo y sensible para fortalecer el sistema de justicia y preservar la independencia judicial en beneficio de la democracia y del Estado de derecho”.

“Las personas juzgadoras en activo y retiro hacemos votos para que a través de estos diálogos se construya una reforma que fortalezca y no que destruya nuestro sistema de justicia, todos la República entera podemos salir perdiendo porque los ciudadanos demandan jueces independientes y esta ruta puede llevarlos a lo contrario”.

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, “hemos sido convocados para discutir los méritos de una reforma constitucional que pretende reformar a los 33 poderes judiciales del país, tanto el federal como los locales, me enfocaré en la independencia judicial y su importancia en la economía nacional”.

“La independencia judicial es fundamental para lograr una cancha pareja en los tribunales, garantizando que las personas sean escuchadas en igualdad de condiciones, independientemente de su poder político o económico, la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia”.

“Es valiosa la independencia judicial para el desarrollo de una economía nacional, sin duda lo es, cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de esa premisa, una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico, es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios, asumiendo que el poder reformador de la Constitución decide instaurar un modelo de elección de jueces y magistrados, es importante considerar el impacto económico de un mal diseño, esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados”.

“La incertidumbre y la necesidad de navegar un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas si el contribuyente optara por el modelo de elección directa de jueces deben de reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada para los usuarios, las barreras de entrada pueden exacerbar la desigualdad beneficiando a los que ya tienen poder y recursos, mientras que los pequeños emprendedores encontrarán dificultades para prosperar”.

“La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede racionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo, los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible”.

Consideró que “lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos, el sistema meritocrático bien implementado es superior, porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial, si la decisión del Constituyente es cambiar de modelo a uno de elección popular, la eventual reforma constitucional a mi juicio debe de incluir los siguientes remedios a problemas ya presentes y que podrían agravarse con la eventual reforma”.

“Primero, profesionalización de la función judicial, se debe mantener la profesionalización de la función mediante capacitación permanente con una escuela judicial autónoma, esto garantiza que la función judicial siga siendo técnica y jurídica. Segundo, garantía de estabilidad en el cargo, la función judicial es una vocación debida, se debe revisar y fortalecer las garantías de estabilidad en la función, incluyendo permanencia, ratificación, adscripción y disciplina de sus integrantes, la estabilidad evita intromisiones y permite que la función judicial sea previsible, además solo se debería sancionar a los jueces bajo criterio de disciplina objetivos y técnicos, lo cual hace usar criterios subjetivos o arbitrarios mata la independencia judicial”.

“Remuneración justa y un plan de retiro digno, una remuneración y un plan de retiro digno garantiza el diseño óptimo para atraer y retener el talento jurídico más calificado, lo cual asegura estabilidad y continuidad del sistema judicial, profesionalización de los litigantes y fortalecimiento de las defensorías públicas”.

“Se debe asegurar que los litigantes privados y públicos sean profesionales de estatura ética y profesionalismo mediante exámenes de conocimientos y sanciones por faltas a la administración de justicia aplicadas por el órgano de administración del Poder Judicial, en conjunto deben fortalecerse las defensorías públicas para los más necesitados”.

“Revisión de los poderes judiciales locales, replicar las garantías de independencia a nivel local y establecer un porcentaje presupuestal fijo en las constituciones locales destinados a los poderes judiciales locales, esta propuesta también debería ser considerada para el Poder Judicial Federal”.

“Por último, fortalecimiento del arbitraje, dado que existe riesgo de que la reforma genere costos y barreras de entrada al mercado se debe plantear una alternativa a los tribunales, la alternativa es el arbitraje, cualquier reforma que pretenda fomentar el crecimiento económico con inversión extranjera debe incluir garantizar la ejecutabilidad de los laudos arbitrales, así como la eliminación de las reglas que obstaculizan el fácil acceso al arbitraje”.

Ministro Alberto Pérez Dayán, aseguró que “coincido con el eje fundamental que motiva la reforma al Poder Judicial, las instituciones del Estado en conjunto no han alcanzado hasta el niel de satisfacción y certidumbre que demanda la sociedad, precisamente por eso estamos aquí”.

“Toda reforma constitucional por su trascendencia impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores, debe siempre dar el tiempo necesario, la prisa no es un buen consejero, su diseño y prueba de eficacia son absolutamente imprescindibles, no es aceptable, ni recomendable, obviamente tomar riesgo alguno”.

“Los arrebatos como la nacionalización de septiembre de 1982 que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996 resultaron dolorosos y socialmente muy costosos, bajo esa premisa el Constituyente Federal de ese mismo año fijó las bases de la representación nacional haciéndola coincidir en la medida más precisa posible con los resultados de una elección tantos diputados como votos recibidos, los límites impuestos a la sobrerrepresentación no son casuales, guardan una lógica indiscutible con sus propósitos significan en las propias palabras de su autor el respeto absoluto a la pluralidad democrática y el reconocimiento de todas las expresiones de la voluntad popular”.

“Con esos precisos perímetros numéricos, 300 para ser exacto, se aseguró que ninguna fuerza política por sí misma pueda reformar el texto constitucional, es decir, que siempre debe hacerlo con la concurrencia de la oposición complementaria que le dé la legitimación y fuerza que requiere toda norma fundamental”.

“Destaco de entre muchos tres temas principales: Primero, prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que muy excepcionalmente otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación significa admitir también la posible violación a derechos humanos de modo irreversible si esas normas resultan inconstitucionales, recuérdenlo ya sucedido nada ni nadie lo repara”.

“Segundo, suprimir efectos generales a determinadas sentencias de amparo implica desarticular la doctrina del interés legítimo que caracteriza hoy al instrumento jurídico más avanzada de nuestra tradición jurídica, de aprobarse así la iniciativa nada impedirá que se ejecute una norma que afecta severamente, por ejemplo, el medio ambiente o exponga la colectividad a un daño injusto, pues solo habrá de proteger a quien tuvo recursos para defenderse de ella, no más. Con esa óptica, el caso de las trabajadoras del hogar iniciado con una sentencia y concretado en la ley en este recinto sería impensable siquiera”.

“Tercero, la carrera judicial implica un servicio civil de excelencia, la militancia y el sufragio la desvirtúan y la destruyen, no lo digo yo, ya se ha dicho aquí y mucho”.

Concluyó diciendo que “la división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos, México no debe ser la excepción, no debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa, sumemos ahora sí la experiencia legislativa, la experiencia judicial e impulsemos la voluntad del Ejecutivo de modo que los tres unidos como garantes refrenden el compromiso del gobierno con su pueblo eso es lo que persigue de una mejor justicia”.

Ministra Loreta Ortiz Alf, indicó que “la iniciativa con proyecto de decreto en materia de reforma al Poder Judicial documento base para estos diálogos, incluye aspectos tan variados y relevantes como la modificación a la composición y funcionamiento de la Suprema Corte, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial, así como la elección directa de las y los juzgadores de todos los niveles”.

Sin embargo, “dado el tiempo y la naturaleza de este espacio me enfocaré en los mecanismo de selección de quienes integran los más altos los órganos del Poder Judicial de la Federación, particularmente de la Suprema Corte de Justicia dado su rol como tribunal constitucional”.

“Los tribunales constitucionales se han afianzado como los promotores decisivos para consolidar los esquemas de protección de los principios fundamentales contenidos en las normas supremas, por ello diversos aspectos asociados a estos y al propio constitucionalismo contemporáneo son objeto de numerosos debates y enfoques críticos a lo largo del mundo, por ejemplo, el papel que desempeñan dentro del sistema político la naturaleza y alcance de sus mecanismos de control judicial, su diseño y facultades o los sistemas de selección de sus miembros, si un tribunal constitucional o corte suprema se erige como el órgano judicial de mayor jerarquía con la función de interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental es comprensible que una de las principales inquietudes de la sociedad se centre en la forma en que estos se integran y en los mecanismos que garanticen a la población el adecuado desempeño de sus funciones”.

“Es fundamental tomar como punto de partida que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal o deseable de selección de jueces al ser una materia que corresponde al ejercicio soberano de cada estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe garantías para la independencia de las y los operadores de justicia que no le corresponde indicar cuáles son los órganos que deben intervenir en un procedimiento de selección de las y los operadores de justicia, ya que es una materia que escapa de su competencia”.

“Por el contrario, este órgano ha señalado que lo más relevante para cualquier procedimiento de selección es que desde una perspectiva sustancial y con independencia de que se elija un mecanismo de designación directa o indirecta deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político afectando así la convicción de los justiciables”.

“De ahí la importancia de uno de los objetivos centrales de estos diálogos, reformar el Poder Judicial a fin de que su conformación y actuación cuente con el respaldo y con la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones. Dentro del sistema interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país, estos siempre deberán contar con criterios objetivos de selección basados en mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones”.

“Como señala en su informe la Comisión Interamericana que mencioné es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia, sin embargo, los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos pasados en el mérito personal y en la capacidad profesional, lo más deseable a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables”.

Ministra Margarita Ríos Fajart, “¿Qué Poder Judicial Tenemos?, para responder es indispensable explicar pacientemente a la sociedad que hay poderes judiciales locales y un Poder Judicial de la Federación y que son distintos entre sí, profesionales los dos, luego hay que recordar que existen tribunales en materia agraria, administrativa y laboral, que no están siendo integrados en la reforma, además debe reconocerse que México enfrenta una dura y añeja realidad y es que mucha gente concibe a las fiscalías, procuradurías, defensorías, comisiones de derechos humanos, de búsqueda, de atención a víctimas como parte del sistema de justicia, donde se presentan muchas problemáticas que no están siendo abordadas en la iniciativa de reforma, espero que lo sean”.

“¿Qué Poder Judicial Queremos?, respetuosamente considero que una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: Primera, estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión sino según la realidad. Segunda, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera, ser económica. Cuarta, implementarse con sencillez”.

“Con ese pragmatismo opto por compartir algunas ideas mínimas: Primer tema, fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados, los estados son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos, sería de gran beneficio para la gente de cada estado que contara con jueces de primera instancia elegidos por examen y que los magistrados revisaran en apelación y fueran jueces ascendidos con la posibilidad de que la ciudadanía preparada participe en convocatorias públicas para integrar salas de constitucionalidad local”.

“Bastaría una reforma al artículo 116 constitucional utilizando adicionalmente incentivos fiscales para adoptar mejores prácticas y dotar de estabilidad financiera a la justicia local. Las disponibilidades de recursos con que cuentan los estados al cierre de los ejercicios integrados por recursos federales etiquetados regresan a la Tesofe, pero en lugar de justificar desequilibrios financieros para su retención por parte de los estados, los recursos pueden asignarse al fortalecimiento de los sistemas judiciales locales”.

“Según las reglas que derivan del artículo 116 constitucional, ahí están los recursos solamente se reorientan los incentivos, eso nos lleva al segundo tema, fortalecer a la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación para que puedan capacitar a profesionales de los poderes judiciales locales, de las fiscalías, de las comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas y procuradurías para la defensa de los menores, entre otros, los estados no gastarían en la profesionalizar, lo haría la escuela de formación de larga trayectoria y probados resultados, esto elevaría la calidad de la burocracia incluso podría certificar a la abogacía cristalizando el añejo ideal de colegiación obligatoria y de paso certificar escuelas de derecho, pues proliferan las llamadas patito, la sociedad merece juristas acreditados y no usurpadores de la profesión”.

“Tercer tema, este responde a una preocupación, se opina que falta dimensión social en la judicatura, yo creo que no, pero siempre es posible mejorar, se puede hacer un ajuste a la carrera judicial para que la escuela de formación facilite que futuros jueces incluyan un año de servicio social jurídico, no gratuito en defensorías públicas, centros de atención a adicciones, estaciones migratorias, comunidades indígenas, donde hay infancia maltratada, donde tanta falta hace, pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social, de por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social, necesitamos preservarlos”.

“Esto se relaciona con el cuarto tema, clínicas de asesoría jurídica gratuita, que la defensoría pública lleve a cabo con universidades a fin de que jóvenes abogados de la mano de la abogacía profesional brinden ayuda legal en zonas marginadas, si un adulto mayor va a prestar dinero que lo documente, si una mujer renta su vivienda que lo formalice, no solo ayudarles cuando hay problemas, sino evitárselos, esta por cierto es una idea que quedó en el tintero de las desarrolladas en el Plan de Nación del presidente López Obrador, es lamentable que no se haya llevado a cabo”.

“Quinto tema, que los poderes judiciales locales cuenten con jueces mediadores que serían electos por voto popular de sus vecinos dada la proximidad y que les ayudarían a resolver problemas cotidianos de convivencia, de inseguridad, de servicios públicos, en fin facilitar la vida municipal porque serían mediadores y gestores, esto impulsaría la cultura de la mediación, del arbitraje, de la resolución de controversias de manera sencilla y desahogaría la carga jurisdiccional y la agobiante estadística y con esto el retraso a la justicia”.

“Sexto tema, mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial de forma pedagógica a fin de que la gente conozca ese quehacer y pueda verdaderamente participar en mecanismos de justicia abierta sobre cómo alcanzar el ideal de justicia”.

“Si pensamos con generosidad surgen ideas creativas, útiles y realistas, desde un enfoque desconfiado o egoísta no surge nada verdaderamente valioso ni transformador, procuramos servir a México con responsabilidad y lo mejor de nuestras capacidades y no perder esto de vista abona una sociedad más serena y humanista”.

Finalmente consideró conveniente “tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida, se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual especialmente de quienes tienen menos, esta generación de mexicanas y mexicanos debe saber que cuenta con instituciones sólidas, republicanas y democráticas, resultado de nuestra historia y del esfuerzo de nuestros antepasados, tan es así que aquí estamos en un esfuerzo interinstitucional de diálogo democrático y además en respetuosa de colaboración entre poderes, razón para estar contentos por estar haciendo lo correcto”.

Ministro Luis María Aguilar Morales, “creo yo que estamos en esta primera etapa en la inauguración de estos foros los cuales, entiendo que se verán ya con detalle en las mesas de trabajo según los temas específicos”.

“Coincido con muchas de las opiniones que se han expresado aquí con propuestas que se han señalado con participaciones de muchos de los evaluadores y analistas que han participado esta ocasión, de tal manera que no quiero repetir cuestiones tan importantes como las que, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló como requisitos en la vida de los jueces o juzgadores que además son parte de los principios de independencia de la judicatura que se expidieron desde 1985 en Naciones Unidas y de las cuales México aprobó en la asamblea general”.

“Muchos de estos principios como a inamovilidad, las condiciones salariales, los nombramientos adecuados, son estos principios a los que México debería estar comprometido para poder seguir adelante, ya que fue partícipe de la aprobación de estos principios”.

“Yo creo, desde luego, en la carrera judicial me es inevitable tener que creer en ella porque actualmente tengo 75 años de edad y 55 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, empecé como mecanógrafo en un tribunal y he ido ascendiendo gracias a la carrera judicial hasta llegar al honroso cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, creo en la carrera judicial, es una institución que ha servido y se ha ido perfeccionando, durante todos estos años he visto cómo ha evolucionado y he visto cómo se ha perfeccionando y cómo a partir de exámenes de preparación, de requisitos específicos para la elección de los juzgadores se ha buscado siempre el mejoramiento para los juzgadores de nuestro país”.

“No es la independencia judicial que se logra con la carrera judicial un privilegio de los juzgadores, es un derecho del pueblo de México tener jueces independientes que cumplan cabalmente con su tarea y con la independencia necesaria, no es una cuestión accidental, es una cuestión sustancial que los jueces sean independientes para servir al pueblo de México, el derecho a ser independiente no es de los jueces, es del pueblo de México que recibe el servicio de ellos”.

“La Suprema Corte de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional, quiero insistir en algo, aquí se habla de una reforma al Poder Judicial como si solo hubiera un solo bloque en país de Poder Judicial, en realidad tenemos dos grandes bloques de justicia, que están impartidos por dos grandes instituciones, el Poder Judicial de la Federación es de lo que más hemos hablado aquí y que creo que es uno de los que ha tenido mayor evolución y perfeccionamiento en todos sus niveles, en vigilancia, disciplina, en sanciones, pero también en capacitación, la escuela judicial el Antiguo Instituto de la Judicatura Federal, todo esto ha perfeccionado la justicia federal, pero no descuidemos a la justicia de los estados, también requiere un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores de cada estado los que impongan a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, que hay una verdadera carrera judicial, porque insisto para mí la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores”.

“Empecé como mecanógrafo, como les decía, vengo de una familia digamos humilde, mi abuela era una indígena maya de un pueblo de Yucatán ticul, mi abuelo materno era un conductor de tranvías aquí en la Ciudad de México, nunca hemos sido gente rica, ni mucho menos influyentes desde el punto de vista de nuestro país, yo he ido avanzando gracias a la carrera judicial, a mi trabajo y a la disposición para ir haciendo de la justicia algo que me convence que es parte ahora de mi propia vida personal y estoy convencido de que mi trabajo debe servir al pueblo de México todos los días, con independencia, con honestidad y con trabajo constante”.

“Muchos de nosotros lo hemos dicho en otros foros del que pertenecemos a la carrera judicial a veces sacrificamos el tiempo de nuestra familia, estamos muy empeñados en cumplir con nuestro deber a cualquier hora que se necesite y yo creo que esto es algo que debemos reconocer, no debemos destruir lo que se ha avanzado durante tantos años, aprovechemos la carrera judicial perfeccionémosla en efecto”.

“La elección de jueces y magistrados y en especial de ministros ni siquiera es una novedad, en el Constituyente del 17 ya se había hecho la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte mediante elección popular, lo hizo el diputado Truchuelo que después por cierto fue ministro de la Corte y propuso que se eligieran uno por cada estado de la República, un ministro para que hubiera al menos 28 ministros en la Suprema Corte”.

“Personas tan inteligentes y cultas como eran los diputados Hilario Medina y Manuel Lizardi dieron razones muy amplias que están ahí en el diario de los debates para hacer señalar las inconveniencias de hacer una elección de esa naturaleza, no niego que toda institución humana puede mejorarse, puede desde luego perfeccionarse, irle agregando cada vez más cosas, pero siempre en la mejoría y el bienestar de nuestro pueblo que es a quien está dirigida la justicia y a quienes deben garantizarse la independencia de los jueces”.

“Yo creo que si tenemos en cuenta esto aprovechemos la carrera judicial si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular pues que se haga, yo no me opongo, mi única condición y lo he dicho es que los jueces y los juzgadores sean independientes, si se elige un sistema determinado magnífico, qué bueno a lo mejor se avanza, pero mientras no se pierda la independencia quiere decir que vamos por buen camino”.

“Creo que limitar mucho a las facultades de la Suprema Corte cuyo artículo primero constitucional ya le compromete a buscar la mejor interpretación en favor de los derechos humanos, es una labor fundamental de la Suprema Corte de la Nación que va estableciendo criterios en general en todo el país, por qué hay unos criterios en unas materias más que en otros porque los tribunales recibimos las demandas de los justiciables, los ministros, los jueces no eligen los temas que han de conocer, los elige la propia ciudadanía”.

“Podemos perfeccionar siempre las instituciones, creo en la carrera judicial y que no se pierda la independencia de los jueces”.

Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura, expresó que “este ejercicio representa una oportunidad única para reflexionar y debatir sobre temas de trascendencia nacional que nos involucra a todos los poderes de la unión como lo es la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial, no solo al federal, también al local”.

“Desde la judicatura federal participaremos y expresaremos nuestras posturas sobre cada uno de los temas que en ellas se abordan, nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia, estamos en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos, compartimos con los que están aquí presentes el objetivo de mejorar la justicia en México, precisamente en este entendido y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde a inicios del presente año el Poder Judicial de la Federación convocó a la construcción colaborativa de una agenda nacional de seguridad y justicia, el objetivo más importante de esta agenda ha sido construir una visión de justicia desde la perspectiva de las víctimas y el camino que tienen que recorrer para defender y proteger sus derechos, cualquier reforma judicial debe de responder principalmente a sus necesidades”.

“Es por esto que llevamos más de cuatro meses escuchando a miles de personas en todas las regiones del país, compartimos las mesas de escucha, no solo con autoridades judiciales, sino también con policías, con fiscales, con defensores públicos, con peritos, con legisladores, con estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil, como defensores de derechos humanos, madres buscadoras, víctimas, miembros de grupos en situación de vulnerabilidad, generamos y recopilamos información tanto cualitativa como cuantitativa sobre los problemas prioritarios del país en estos temas”.

“Tenemos propuestas concretas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en nuestro país, esta agenda propositiva estará a disposición de ustedes y de toda la sociedad”.

“De este ejercicio de escucha aprendimos algo muy claro, la justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales, la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”.

“Resulta esencial decirlo con toda claridad, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis, pensar en una reforma al Poder Judicial implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”.

“Seamos críticos de la justicia en México, la realidad no nos permite otra actitud, pero apliquemos la crítica en el que se encuentre en el centro esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general, critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto, critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado”.

“Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio, estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”.

“El paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede dar entrada a problemas mayores, en las últimas décadas, esta soberanía ha impulsado reformas en diversas materias como la penal, la civil, los mecanismos alternativos, la laboral y la judicial, cada uno de estos cambios ha requerido amplitud temporal y gradualidad, ustedes así lo determinaron, por ello en la reforma judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad, las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas”.

“Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias, dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.

Arturo Saldívar, ex presidente de la Suprema Corte de la Nación, dijo que “cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia, se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es la confianza del pueblo de la gente en su aparato de justicia, sin legitimación social la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses pueblo”.

“La legitimidad social en la justicia en México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora, si preguntamos a la gente que lo hicimos en los diálogos por la transformación, seis meses intensos más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia y que no tiene legitimación social”.

“Hace unos años ante esta situación gran grave de la justicia y en particular del Poder Judicial federal con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autoreforma que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera, se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual, generamos una justicia digital completa, tuvimos una escuela judicial profesional con una nueva carrera judicial, se generó un auténtico Instituto de la Defensa pública y lo más importante se generó una política de igualdad y paridad de género”.

“Lamentablemente en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México”.

“La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha, la Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas y esto lo dije en la corte siendo ministro en funciones, pero lo peor decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros”.

“Cómo se hizo todo esto, con la máscara de la supuesta independencia judicial, somos independientes y podemos hacer que lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie, pero olvidaron que el pueblo no es tonto y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente, casi 36 millones de votos de dijeron a los ministros y a las ministras no más injusticia, ya basta, queremos un Poder Judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un Poder Judicial más democrático”.

“Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar, más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular”.

“La justicia no es un privilegio, es un derecho, devolvamos la justicia a quien le pertenece al pueblo de México, para que al fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas”.