PRESIDENTE DE JUECES HACE ALGUNAS PRECISIONES SOBRE SEÑALAMIENTOS DE QUE DEJAN EN LIBERTAD A PRESUNTOS DELINCUENTES

José Luis Torres Arreola, presidente de la Asociación de Jueces de Primera Instancia en Colima, hizo algunas precisiones sobre los señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que los impartidores de justicia dejan en libertad a presuntos delincuentes.

Explicó que con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, cuenta con jueces de control, tribunales de enjuiciamiento y jueces de ejecución, “entonces el juez de control debe velar en todo momento por garantizar los derechos de las personas, tanto imputadas, detenidas y las víctimas”.

Dijo que aquí lo que pasa es que el juez resuelve sin ver los expedientes, sino con base en los argumentos que dan las partes, tanto la Fiscalía como la defensa, pero “también debemos de verificar que esas detenciones se hayan ejecutado en términos del artículo 16 de la Constitución, esto es en flagrancia o inmediatamente después de haber cometido el hecho”.

Indicó que antes había el Código de Procedimientos Penales del Estado de Colima y la mayoría de los códigos a nivel nacional establecían las 72 horas en que se podía detener a una persona porque había ciertos señalamientos, la Corte desde hace varios años ya se pronunció en el sentido de que esa flagrancia equiparada es inconstitucional porque no se prevé en el artículo 16 constitucional, “es por ello que muchas personas quedan en libertad, pero no implica que la persona no vaya a ser sujeto a un proceso con posterioridad”.

Mencionó que se confunde dejar en libertad a una persona “porque antes se decía hacer justicia es que la persona quede detenida y podía salir libre exhibiendo una garantía; ahora ya no la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo son inconvencionales”.

Comentó que hay casos en que las personas quedan en libertad no necesariamente porque no quedan vinculadas, sino porque el Ministerio Público en ocasiones no justifica la prisión de la persona, porque el código nacional establece ciertas reglas en la que la persona puede o no quedar en libertad.