PRÓXIMA VACANTE EN EL SUPREMO TRIBUNAL – ESTRICTO DERECHO

26-09-2023

Una vacante está próxima a generarse en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Tanto nuestra Constitución Federal como la Constitución Local establecen que en cada poder judicial local existirá un tribunal que lo encabece como máxima institución judicial, y este es el caso del Supremo Tribunal de Justicia antes mencionado, el cual se integra, según lo establece la ley orgánica respectiva, por al menos 10 magistrados propietarios, de los cuales uno funge como presidente y los restantes conforman las salas del tribunal.

Actualmente son 10 los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia: en primer término, tenemos al decano, el magistrado Rafael García Rincón, el que más tiempo lleva en el cargo, quien fue designado en 1997, durante el sexenio de Fernando Moreno Peña, al igual que el magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo y la magistrada María Luisa Ruiz Corona, quienes iniciaron su encargo en el año 2000. Ya en el periodo del gobernador Silverio Cavazos fueron designados magistrados Bernardo Alfredo Salazar Santana, en el año 2005; Miguel García de la Mora, quien asumió en 2010; y Juan Carlos Montes y Montes, quien fue nombrado en 2009, pero asumió hasta julio de 2011.

Durante el sexenio de Mario Anguiano no se hicieron designaciones en el Supremo Tribunal, por eso nos vamos hasta el sexenio del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a quien le correspondió completar la integración del tribunal con las designaciones de Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, a quienes nombró en septiembre de 2018 y, por último, antes de dejar el cargo, en septiembre de 2021, designó a la magistrada Lilia Hernández Flores, siguiendo instrucciones de la actual gobernadora.

Cabe destacar que, en el caso de la magistrada Lilia Hernández, aunque es la más reciente, y tiene apenas dos años en el cargo, es la que más pronto va a concluir su periodo, porque solamente fue nombrada para completar el periodo del antiguo magistrado Mario de la Madrid Andrade, quien había sido nombrado en julio de 2018 y renunció al cargo; por ello, en septiembre de 2021 se nombró a la magistrada Lilia Hernández para que cubriera el resto del periodo de seis años.

Recapitulando, de la actual integración del Supremo Tribunal tenemos a las diez personas que mencioné: son 7 hombres y 3 mujeres; son 4 que vienen de la carrera judicial y 6 que son externos; y, en cuanto a su procedencia, 3 vienen del sexenio de Fernando Moreno, 3 del sexenio de Silverio Cavazos, y 4 fueron nombrados por Nacho Peralta, aunque la última, como ya dijimos, podemos decir válidamente que fue nombrada por la actual gobernadora Indira Vizcaíno.

Sentado lo anterior, tenemos conocimiento de que próximamente se concretará el trámite de la pensión que solicitó uno de estos magistrados que, aun cuando no es uno de los más antiguos, sí es el de mayor edad, y es uno de los que nombró el gobernador Peralta Sánchez.

No obstante, en relación con el tema de las vacantes, necesitamos hacer un paréntesis para precisar que solo las cuatro magistraturas que fueron designadas durante el periodo del gobernador Peralta Sánchez son las que puede ser sujetas a evaluación, cuando concluya el periodo de seis años para el que fueron designadas y, eventualmente, en los meses de julio de septiembre del próximo año, la actual gobernadora decida si los ratifica o no en el cargo; en el entendido de que, si los ratifica o no hace por evaluarlos, adquirirán la condición de inamovibles y continuarán en el cargo de por vida, hasta que decidan por ellos mismos retirarse, como ocurre con los otros seis, que ya gozan de esa prerrogativa.

Aclarado lo anterior, es importante hacer del conocimiento público que, según información filtrada por fuentes del propio gobierno estatal, está próximo a concluir el trámite (únicamente es cuestión de que lo apruebe el Consejo Directivo del IPECOL) del retiro del actual magistrado René Rodríguez Alcaraz, quien se pensionaría por vejez, a la edad de 73 años.

Aquí es donde este asunto se pone muy interesante, porque tenemos que estar atentos para ver con qué cantidad lo va a pensionar el Consejo Directivo del IPECOL, ya que la situación financiera del Instituto es crítica, y la ley es muy clara al fijar un tope máximo al monto de las pensiones que pueden ser autorizadas, y a nadie se le puede aprobar, en este momento, en ninguna circunstancia, una cantidad superior a los $49,795.20 pesos mensuales. Y señalo lo anterior, porque ya está circulando la versión de que, por negociaciones que se han hecho para que pueda generarse la vacante que comentamos, la gobernadora ordenaría a sus subordinados en el Consejo Directivo del IPECOL que autoricen a dicho magistrado un monto mayor al que la ley señala, lo que sería totalmente ilegal.

Y si esta probable ilegalidad es preocupante, lo es más la propuesta que están cocinando Indira Vizcaíno y compañía para sustituir a dicho magistrado, porque según han comentado fuentes fidedignas, están contemplando nombrar magistrada a Brenda Gutiérrez, para aparentar que es un logro para el feminismo, pero desde ahora debemos señalar que no sería correcto, porque la antes referida, de inicio, carece de experiencia en la judicatura; en segundo término, su honorabilidad, competencia y antecedentes no la hacen merecedora de un nombramiento de esta naturaleza y, por último, francamente, en este momento lo que menos necesitamos en Colima es que una improvisada ocupe un cargo de este nivel.

Por ello, aun cuando aplaudimos que la gobernadora haga por incorporar más mujeres en estos espacios de decisión, debemos exigirle que, si realmente quiere posicionar a las mujeres, ahí tiene una baraja bastante amplia en las juezas de primera instancia del propio Poder Judicial local, quienes se han esforzado día con día por muchos años en las distintas categorías de la carrera judicial, y lo menos que puede hacer es reconocerles su trayectoria y su desempeño, porque son quienes tienen, además del conocimiento y la experiencia, la sensibilidad que da el hecho de juzgar todos los días a tus semejantes. Esperamos que la gobernadora tome una buena decisión, como ocurrió en su momento con la actual magistrada Lilia Hernández, y haga una propuesta que se corresponda con estos estándares.

OTROSÍ. Ya que estamos hablando del Poder Judicial del Estado, recientemente el Tribunal Colegiado de este circuito, la máxima instancia judicial federal en Colima, resolvió 2 amparos relacionados con la judicatura local. En uno, ordenó que se suspenda el procedimiento de designación de jueces que sigue pendiente de concluirse debido a impugnaciones que en su momento se promovieron, y que seguirá detenido porque se determinó que no podrá designarse a nadie hasta que este tribunal federal revise la legalidad de dicho procedimiento, para ver si se ajustó a derecho. Y en el otro, le dio la razón a la Asociación de Jueces (y Juezas) de Primera Instancia del propio Poder Judicial, para que se homologuen los salarios con quienes reciben la percepción más alta, que en este caso son los jueces de Manzanillo, y así todos ganen exactamente lo mismo. ¡Enhorabuena!