ROBERTO RAMÍREZ RINDIÓ SU INFORME DE LABORES DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), rindió en sesión solemne del Congreso del Estado, su informe de labores correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

El ombudsperson expuso que el informe en braille se realiza ante la necesidad de fortalecer las políticas públicas, planes y programas de todos los gobiernos con la perspectiva de personas con discapacidad; “que todos los presupuestos y recursos públicos se inviertan atendiendo a la accesibilidad universal, tenemos una deuda con las personas que viven con discapacidad, tenemos que adaptarnos a sus necesidades y no ellas al mundo”.

El documento que describe de manera detallada todas las actividades realizadas por la institución y que se entrega el documento impreso y en los códigos QR, se encuentra publicado en la página de internet de la Comisión de Derechos Humanos, ahí encontrarán descritas cada una de las acciones que se llevaron a cabo, que de manera conjunta vienen a fortalecer el objetivo, primero y último del Organismo Protector, que es la promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, respeto, estudio, investigación, educación y difusión de los Derechos Humanos en el Estado.

Dio a conocer que en este año que se informa, lo ha caracterizado la permanente preocupación por la defensa y protección de los Derechos Humanos de todas las personas, el acercamiento directo y comunicación con las víctimas, la disposición de colaborar y agotar todos los alcances que le permitan a la Comisión intervenir en cada caso con autoridades, instituciones, asociaciones civiles, colectivos, agrupaciones y entes gubernamentales.

En lo referente a la atención, recepción, trámite y resolución de expedientes de queja por presuntas violaciones a Derechos Humanos, se abrieron 539 expedientes, de los cuales se concluyeron 371 a través de los distintos mecanismos con los que se cuentan, además se resolvieron de manera satisfactoria mediante gestión u orientación 426 asuntos, que quedan documentados y registrados, sin la necesidad de que se abra un expediente de queja y siga todo el procedimiento establecido, esto, gracias a las nuevas herramientas legales que nos otorga la nueva Ley Orgánica, lo que permite tener una Comisión más eficiente y efectiva.

Con este nuevo ordenamiento, se privilegia la restitución inmediata de derechos, más allá de un procedimiento que nos lleve a la recomendación, que en los hechos puede ser más largo, desde luego, el mecanismo de restitución aplica siempre y cuando la persona quejosa este de acuerdo y el asunto de que se trate lo permita.

Los principales derechos trasgredidos fueron: Derecho a la Legalidad, Derecho Humano a la Integridad y Seguridad Personal, Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho al Debido Proceso, Derecho de Acceso a la Justicia.

Las autoridades estatales más señaladas por presuntas violaciones a derechos fundamentales fueron: La Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Sistema Estatal Penitenciario, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.

Las autoridades federales más señaladas fueron las del área de salud en su conjunto Imss e Issste.

En el periodo que se informa, se remitieron 68 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ser actos atribuibles a autoridades del ámbito federal.

En el caso de las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad, “tenemos que, al momento de solicitar la apertura de un expediente, 82 se identificaron como niños, niñas o adolescentes; 60 víctimas de delito; 44 privadas de su libertad; 39 adultos mayores; 26 mujeres víctimas de violencia de género; 19 personas con discapacidad; 10 personas de la comunidad LGBTTTIQA+ y 6 periodistas”.

Resaltó la importancia especial que han tenido las denuncias públicas, hechas a través de los distintos medios de comunicación, lo que nos ha permitido atender con mayor prontitud los asuntos que acontecen en el Estado y que requieren la intervención del órgano.

“Agradezco y reconozco de manera especial a todos los integrantes de los medios de comunicación, por el trabajo profesional que realizan todos los días, ya que para que un Estado pueda ser considerado democrático, es fundamental que los medios de comunicación tengan plena libertad de investigar, documentar e informar sobre el quehacer gubernamental en condiciones de seguridad, solo así podemos decir que está garantizado el derecho de libertad de expresión y de prensa”.

En el 2022 la Comisión realizó 74 Inspecciones, 95 Visitas a Centros Penitenciarios, 173 Visitas Domiciliarias, 09 Recursos de Inconformidad, 02 Medidas Cautelares, 47 Recursos de Exhibición de Personas, 12 recomendaciones, 226 Diligencias de Procedimiento en Centros de Reclusión, 01 Apoyos a Ceresos dentro del Diagnóstico Nacional Penitenciario de la CNDH, 02 Documentos de No Responsabilidad, 27 Reuniones de Coordinación Interinstitucional y Sociedad Civil y se atendieron 229 Llamadas al Celular de Emergencias.

No pasó por alto que hace un año, en esta misma tribuna, “señalé que era una premisa fundamental que se atendiera de manera real y a fondo el asunto ocurrido en Cereso de Colima, hoy, 12 meses después, se ha atendido de manera extraordinaria el tema, es la primera vez que se tiene este periodo de medición sin que ocurra un hecho lamentable, sin que exista ningún evento que ponga en peligro la seguridad e integridad de quienes se encuentran privados de su libertad; en las diferentes visitas que hemos realizado en centro penitenciario, hemos verificado como han ido cambiando las condiciones que privaban al interior, desde la limpieza del lugar, la higiene en el mismo, los olores, hasta la disciplina, las revisiones, supervisiones y la clasificación de internos, todo, desde la perspectiva de respeto a los derechos humanos. Quiero destacar las acciones de fortalecimiento que están llevando a cabo en áreas como fomento y capacitación al empleo, jornadas de educación, deporte y combate a las adicciones. Mi reconocimiento al secretario de Seguridad Pública, al director General del Sistema Penitenciario, al director del Cereso Colima y a todas las personas que integran este equipo”.

De las recomendaciones emitidas, está acreditado que se violentaron los Derechos Humanos de Legalidad, Seguridad jurídica, Trato digno, Libertad, Integridad, Seguridad personal, Igualdad y no discriminación, Protección a la salud, Vida, Trabajo digno, Medio ambiente sano, libertad de tránsito, acceso a la justicia, seguridad social y el acceso a una vida libre de violencias contra las mujeres.

Las autoridades más recurrentes señaladas como responsables en estas recomendaciones emitidas son: El ayuntamiento de Villa de Álvarez, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Subsecretaría de Movilidad y ayuntamiento de Comala.

El grupo en situación de vulnerabilidad más atendido en las recomendaciones fueron las mujeres.

En lo que respecta a las tareas de promoción, difusión, educación y divulgación de los derechos humanos, “definimos el plan estratégico de actuación, tomando como referencia los indicadores de las autoridades más recurrentes en quejas presentadas, los derechos más señalados como violentados, los hechos acreditados en las recomendaciones emitidas y la agenda pública de atención a grupos en situación de vulnerabilidad”.

Por lo que, con estos datos, priorizamos en la elaboración de programas y acciones en esta temática, que nos dio como resultado:

-Programas de conocimiento y sensibilización de derechos humanos con respecto al servicio público dirigido a autoridades, con el que se atendieron a 14 instituciones.

-Programas de capacitación en perspectiva de derechos humanos, interés superior de la niñez, perspectiva de género, principio de legalidad, identidad de género, perspectiva de personas con discapacidad y adultos mayores, mediante el cual se capacitaron 3122 personas.

Las autoridades que mostraron una mayor disposición en la capacitación de su personal fueron la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Isenco, Conalep y Sedena.

En el periodo en comento, se brindaron servicios de manera directa a 20,324 personas, a través de conferencia, talleres, capacitaciones, entregables, acciones mismas, que se ven reflejadas en colimenses con conocimientos de cómo hacer valer los derechos humanos.

Se emitieron varios pronunciamientos y comunicados, de manera especial a dos que estaban relacionados con rechazar y condenar las expresiones homofóbicas, discriminatorias hacia la comunidad LGBTTTIQA+, misóginas y de odio, para lo cual levanto nuevamente la voz, para que se deje de revictimizar y criminalizar, desde las oficinas gubernamentales, de manera indiscriminada y con evidente intensión de dañar la dignidad del o la ausente, cuando son víctimas de violaciones a derechos humanos o del delito.

Hizo un llamado, para que “logremos localizar a todas las personas que se encuentren desaparecidas, de manera especial, en este momento, al abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia”.