SISTEMA DE JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR PUEDE COLAPSAR POR FALTA DE PRESUPUESTO

En su participación en la reunión de trabajo entre titulares del Poder Judicial del país con Legisladores Federales de la comisión de Cuenta pública en el H. Congreso de la Unión, el  Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Montes y Montes, dijo que “la falta de autonomía e independencia en la gestión financiera nos aflige en los tribunales de justicia de los Estados” y que las falta de presupuesto impide que se pueda llevar a cabo la reforma al nuevo Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares y pone en riesgo la aplicación de justicia en estos casos.

Carlos Montes  lamentó que todos los años su dependencia tiene que exponer sus necesidades ante el Congreso local a efectos de que les sean asignados recursos para nómina y gasto corriente al Poder Judicial y que este presupuesto les sea regateado y se les asigne una cifra menor a la que solicitan “siempre hay insuficiencia, siempre nos aprueban menos”, acusó.

Aseguró que el Congreso ni siquiera les da el presupuesto operativo de manera completa, pues este se lo van administrando por partes durante el año, lo que provoca que para los meses de septiembre y octubre esté agotado y no puedan terminar el año de manera decorosa.

Montés afirmó que para la aplicación del nuevo modelos de justicia de procedimiento civiles y familiares, el dinero que reciben es insuficiente presupuesto y por debajo de las necesidades para cubrir sueldos y previsiones sociales que permitan operativamente sacar los casos en materia de diversidad sexual, interese superior de la niñez e igualdad de género; mismos que detalló el magistrado, comprenden la mayoría de los asuntos en el Estado.

El magistrado afirmó que para que se pueda dar la transición a un nuevo sistema de procedimiento civiles y familiares, es necesario realizar inversiones importantes en infraestructura, capacitación, personal y ampliaciones que no pueden ser llevadas a cabo con la actual deficiencia presupuestal de la que adolecen y que de no corregir este rumbo el sistema va colapsar, pues no se puede operar con los mismos juzgados ni personal.

Afirmó que actualmente, el 90% presupuesto se destina a sueldos y el otro 10% a gastos operativos y aseguro que en los próximos 15 años coexistirán dos sistemas de justicia civil y familiar cuyos casos no pueden ser atendidos sin la inyección necesaria de recursos económicos.