URGE LA IMPLEMENTACIÓN DE JUICIOS VIRTUALES, DIJO EL ABOGADO PABLO NAVARRETE

+ El Director General del bufete jurídico Pablo Navarrete&Abogados Asociados S.C., Pablo Navarrete Zamora, consideró necesario que cambie el modelo tradicional de la impartición de justicia, ante la pandemia del SARS-CoV2.

Luego de que se cerraran los juzgados en Colima por instrucciones del Gobierno del Estado, ante la pandemia del SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad del Covid 19, para evitar un mayor número de contagios, los abogados litigantes, así como otros sectores, se vieron afectados por la falta de ingresos, por lo que se manifestaron en contra de esta medida y sugirieron que se implementaran nuevas formas para continuar con la impartición de justicia, ya que además es un derecho humano.

Al respecto, el Director General del bufete jurídico Pablo Navarrete&Abogados Asociados S.C., Pablo Navarrete Zamora, consideró que necesario que cambie el modelo tradicional de la impartición de justicia, ante la pandemia del SARS-CoV2.

Refirió que el pasado 10 del mes de abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó ante la pandemia SARS-CoV2, que la actividad jurisdiccional es una actividad esencial, puntualizando, que ésta, no debería ser suspendida por parte de los tribunales, “y más aún, considerando que además en nuestro país, dicha actividad jurisdiccional fue catalogada como esencial; coadyubando nuestra Entidad Federativa en ese sentido, conforme a lo anterior mediante el Acuerdo con fecha del 3 de abril del 2020, emitido por la Comité Estatal de Seguridad en Salud del Gobierno del Estado de Colima, a través del cual se establecieron las medidas y acciones para atender la emergencia sanitaria”.

Dada la emergencia sanitaria actual, aseguró que el sector al que representa se encuentra en la mejor disposición para buscar una alternativa que permita dar continuidad a la actividad jurisdiccional, y que no implique el desplazamiento físico de personas.

“Detectamos áreas de oportunidad en nuestra Entidad Federativa que sin duda abonaran para que en un mediano plazo y ante cualquier contingencia futura no se ponga en riesgo el desarrollo y ejecución de la actividad jurisdiccional, siendo importante que en nuestras disposiciones legales vigentes, se contemple el uso de los avances tecnológicos de la comunicación e información, que nos permita acortar o eliminar una de las desventajas que actualmente tienen nuestros Tribunales Locales, al no estar en posibilidades de armonizarse con los Tribunales Federales en un plazo inmediato”, dijo.

Indicó que una de las desventajas para los tribunales locales, es el no estar en posibilidades de armonizarse con los tribunales federales en un plazo inmediato, ya que  no cuentan con las disposiciones legales, ni la infraestructura, que les permita hacer uso de los avances tecnológicos de comunicación e información, a efecto de dar continuidad de la actividad jurisdiccional sin el desplazamiento de personas.

Por lo tanto, señaló que es importante considerar, que este cambio implica la adquisición de plataformas y equipos tecnológicos, así como gastos de capacitación del personal involucrado tanto en su operación como en su implementación, que permita cumplir con los requerimientos indispensables para su desarrollo y puedan darse las condiciones necesarias para que los juicios puedan desarrollarse de manera virtual. 

En ese sentido, indicó que es de suma importancia que exista voluntad política del Congreso de la Unión, así como la asignación de un presupuesto que sea suficiente para satisfacer a dicha área de oportunidad que permita a los Tribunales Locales el uso de las tecnologías. 

Y es que “la pandemia del SARS-CoV2 ha cobrado factura a nuestros Tribunales Locales, afectando a la ciudadanía por el retraso en el no ejercicio de nuestras actividades jurisdiccionales”, argumentó.

Por lo anterior, apuntó que la situación actual de quienes se dedican a la impartición de justicia “denota la existencia de un rezago legislativo por parte del Congreso de la Unión; toda vez, que en base a la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre del 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se tenían un plazo de 180 días, para emitir un Código Único Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar, y ante esta omisión legislativa, obliga a los Tribunales Locales a que continúen sigan operando estrictamente de manera presencial”.

Explicó que la ausencia de una legislación que permita la modalidad de juicios virtuales ante la ya citada emergencia sanitaria, “ocasionó un estancamiento procesal, metiendo en verdaderos apuros a los Tribunales Locales ante la imposibilidad de continuar la actividad jurisdiccional”.

Dado lo anterior, reiteró que es indispensable que haya voluntad política, con miras a que, en un futuro inmediato, se cree un marco jurídico que haga posible la implementación del juicio en línea y, con ello se pueda garantizarse, ante cualquier situación, fenómeno natural, contingencia sanitaria, la continuidad de la administración de justicia en forma completa.

“La impartición de justicia no debe quedar a merced ni al arbitrio de los Tribunales, al ser una garantía constitucional y un derecho de todos los ciudadanos”, enfatizó.

Comentó que en algunas entidades federativas ya se ha trabajado arduamente en el aprovechamiento de los avances tecnológicos, como en el Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre otras, las cuales ya cuentan con innovación jurisdiccional y tecnologías, que les permiten la actividad judicial, en forma virtual.

“Hay bastante por hacer, es lamentable que la gran mayoría de los estados carezca de un marco jurídico que les permita impartir justicia mediante el uso de las nuevas tecnologías”, insistió.

Ante la reapertura de los Tribunales Locales en varias entidades federativas, opinó que es muy probable que colapsen los tribunales, “debido a la inmensa carga laboral que se les presentará, y que, seguramente existirá un retraso en su capacidad de respuesta. Y los tribunales enfrentarán un reto muy importante y deberán de reinventarse, lo anterior a efecto de preservar cabalmente la garantía constitucional de otorgar una justicia pronta y expedita”.

Por otra parte, apuntó que a efecto de garantizar la continuidad en la actividad jurisdiccional, “debe de imperar el sentido de responsabilidad de los usuarios del sistema judicial, ante la aún existente emergencia sanitaria. Ello implicará el cuidar de nosotros mismos y de la sociedad”.

Para concluir, el abogado consideró que la crisis sanitaria que trajo el Covid-19, “nos deja como aprendizaje, el compromiso de la voluntad política que debe de existir para impulsar reformas legislativas, que permitan la validación jurídica de la incorporación de las tecnologías al sistema judicial, lo anterior con la finalidad de evitar ser rebasados por circunstancias que impidan la garantía de operatividad de las actividades jurisdiccionales, al ser estos servicios esenciales. Su funcionamiento ya no debe quedar supeditado al desplazamiento  físico de funcionarios y usuarios, un reto que las autoridades y la sociedad en general deben se asumir en el corto plazo”.