ENRIQUE PUGA PIDE NO SE VIOLEN DERECHOS HUMANOS AL REALIZAR REVISIONES A CENTROS DE REHABILITACIÓN

Enrique Puga Virgen, presidente de la Red de Organizaciones Civiles Siglo XXI, dijo que en el tema legislativo como la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado de Colima, que reformaron pusieron que los centros de rehabilitación deben contar con licencia comercial, pero entró otra Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, donde las organizaciones sin fines de lucro están inscritas ante el Registro Estatal de Organizaciones, entones se contrapone ya que las licencias comerciales en los municipios son solo para los negocios.

Explicó que muchas de las veces las asociaciones civiles que son mayorías entre AC y APs, que son sin fines de lucro en el estado y atienden el problema de adicciones como instituciones privadas, por eso es importante que cuenten ahorita con lo que pasó con los sismos, con todas las medidas de Protección Civil.

Señaló que los ayuntamientos en coordinación con las instituciones gubernamentales exigen que las instituciones tengan la licencia, pero “no te dicen ni te dan las facilidades para poder obtenerla y eso hace que los servicios aumenten y que las instituciones recauden las aportaciones voluntarias de las familias o hacen eventos para atraer fondos para poder funcionar, o participan en algunos proyectos como el del REOS que actualmente tiene el Gobierno del Estado o algunos municipios”.

Mencionó que de esa manera es cómo ellos recaudan para poder funcionar y cumplir con su objeto social, pero “ahí vemos que se contraponen y que de alguna forma esta Ley de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, viene a generar una violación a los derechos humanos de  la gente que se encuentra dentro de las organizaciones de la forma que se hacen las revisiones y que también llegan las autoridades y hay una Ley de Confidencialidad donde no se pueden violentar este tipo de derechos de las personas que reciben tratamiento; nosotros no tenemos garantías, no se tienen derechos, pero sí hay un montón de obligaciones”.

Pidió que se cumpla con el reglamento real de la ley, que también se considere a los centros de rehabilitación y a las familias de los usuarios, que son quienes los llevan, porque las leyes y modificaciones que se han realizado han sido directamente impuestas por los diputados, “en ningún momento ha habido un foro o ha habido un mecanismo de opinión pública donde se considere la opinión de las personas que viven al día y que ellos llegan e imponen la cuestión legal”.

Hizo un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dirigida por Roberto Ramírez, para que esté al pendiente de las instituciones y que este tipo de revisiones se cumplan bajo los principios y derechos humanos de las personas.