ADVIERTE MARTÍN FLORES QUE RECURRIRÁN A TRIBUNALES LABORALES PARA LOGRAR INCREMENTO SALARIAL DEL 7.35%
Advirtió Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del estado (STSGE), que recurrirán a los tribunales laborales de no tener una respuesta de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, a la solicitud de un incremento justo con base en el índice inflacionario oficial, que es del 7.35 por ciento.
Flores Castañeda cuestionó que todos los impuestos federales, estatales y municipales aumentaron un 7.36% y a los trabajadores les quieren dar un incremento salarial de apenas un 3%, argumentando que, de no ser así, se pondrían en riesgo las finanzas públicas estatales.
Aseguró que el gobierno del estado ha tomado decisiones en materia de gasto público que ponen en riesgo las finanzas públicas, pues no sustituye las 57 plazas de base sindicalizadas pero, por otro lado, de enero a mayo de 2022 ha incorporado a 1,200 funcionarios públicos de confianza.
Explicó que “los servidores públicos entran con la consigna y con el breviario político de la 4T de Morena, es decir, se está lucrando políticamente con los puestos de servidores públicos del estado. Allí no hay mayor preocupación en las finanzas públicas, pese a que esas plazas representan un gasto extraordinario, porque una parte sí está presupuestado, pero no todo. Son 250 millones de pesos que se pudieran haber ahorrado o $125 millones si solamente incluyes a la mitad de plazas”.
El líder sindical puso como ejemplo el Incode, que contaba con 30 funcionarios de confianza y hoy tiene 50. Eso, dijo, “nos ocupa y nos preocupa, porque en la promoción del deporte me parece que el gobierno del estado no ha acreditado que sea mucho mejor o haga grandes cosas. Lo mismo sucede en el tema de seguridad, las áreas de Movilidad y demás secretarías, en todas hay un mayor número de servidores públicos de confianza”.
Aseguró que el gobierno del estado también está incumpliendo con los pagos al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (Ipecol), a los que está obligado, ya que adeuda la actual administración encabezada por Indira Vizcaíno 152 millones de pesos, porque no ha cubierto su compromiso de pago de su aportación para las jubilaciones de los trabajadores desde noviembre de 2021 a la fecha, es decir, desde el inicio del gobierno.
Dijo que esos 152 millones de pesos se suman a la deuda heredada de $1,200 millones, por lo que la deuda total de gobierno del estado al Ipecol es de 1,350 millones de pesos.
Añadió que parece que es de manera programada y, sobre todo, estratégica e intencional, no pagar la aportación de la entidad pública al Ipecol, para que caiga en un quebranto financiero y declarar inoperante el sistema pensionario. Sin embargo, dijo, “la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos establece la obligación del estado y municipios de salvaguardar ese sistema pensionario y si faltaran recursos, se tendrán que afectar participaciones para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones”.
