Diputada plantea reforma de atención a negligencias médicas

Sara Rizzo García, diputada federal por Colima de Morena, propuso reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para fortalecer la cultura de arbitraje médico como mecanismo de solución cuando los pacientes realicen demandas alegando negligencia médica y así respaldar a los médicos que “verdaderamente ejercen su profesión fuera del margen de la ética”.

Rizzo sugiere establecer en los objetivos del Sistema Nacional de Salud, el de vigilar, investigar, y en su caso, sancionar, actos de negligencia, impericia o imprudencia que deriven de una mala atención, intervención o rehabilitación médica. Además, plantea que las quejas se atiendan y resuelvan por los prestadores de servicios de salud “en primera instancia; y en caso de no llegar a un mecanismo de solución, los usuarios podrán escalar su queja a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico”.

Estipula la obligación de las autoridades sanitarias de crear un área de atención a pacientes, con personal calificado en orientación y contención, teniendo como principal objetivo una primera resolución de conflictos derivados de la atención médica. Plantea el derecho de los beneficiarios a presentar sus quejas, en su caso, ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Por lo que hace al título nuevo, “Del Arbitraje en la Praxis Médica”, lo define como el conjunto de mecanismos alternos de solución de conflictos y controversias derivadas del acto y la responsabilidad médica, y que existe mala praxis médica cuando se provocan daños parciales o totales en el cuerpo o la salud de un paciente, como consecuencia de un tratamiento, cirugía o cualquier acción médica ejercida con imprudencia o negligencia por un profesional de la salud.

Incluye a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud, cuyo presupuesto garantizará los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Su principal propósito es ofrecer mecanismos alternativos de solución de controversias entre usuarios de servicios de salud y prestadores de servicios médicos, velando por el derecho humano a la salud y respetando la integridad y derechos de profesionales, técnicos y auxiliares de los servicios de salud.

Señala que estas modificaciones representarían el reforzamiento de los derechos de los pacientes, y la protección a los médicos y profesionales de la salud, ante posibles atropellos del sistema de procuración de justicia.

Reconoce el trabajo del personal médico, de enfermería y técnico del sector salud, que están en la primera línea de acción y velan por el bienestar de las personas a las que atienden; sin embargo, hay personas que, con dolo o por negligencia, provocan daños irreparables en la salud de las y los pacientes, ejercen su profesión de manera incorrecta y atentan contra el derecho a la salud.

Destaca que, aunque la solución de controversias puede funcionar de manera eficaz, no se deben dejar en la impunidad los atropellos a la ciudadanía en diferentes instituciones de salud.