13 agosto, 2025
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Incluyen certámenes de belleza a la violencia simbólica contra las mujeres

Gustavo Valdovinos

A través de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga del grupo parlamentario de Morena, se llevó a cabo la Mesa de Trabajo Legislativo sobre Violencia Simbólica, a fin de analizar el proyecto de dictamen para incluir la definición de este tipo de agresión en la Ley General en la materia, sin prohibir los certámenes de belleza.
La presidenta de la Comisión explicó que la violencia simbólica es una conducta que no utiliza la fuerza física, sino la imposición y la autoridad; sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y el dominado.
Por lo que Briceño Zuloaga aclaró que el proyecto de reforma a los artículos seis, 17 Bis y 17 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca impactar en la congruencia de lo que debe ser la inversión pública y lo que no, en los concursos de belleza.
La legisladora comentó que la violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencias que se presentan a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas que refuerzan y reproducen relaciones basadas en el dominio y la sumisión, tal y como lo es el caso de los concursos de belleza, donde se estipulan ciertas características y prototipos.
 
“Se legisla con el único propósito de avanzar en la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres, sin destinatarios concretos, así como en la igualdad de género. Esos son los objetivos para transformar la realidad en beneficio de todas”, apuntó.
Agregó que con esta adecuación no se busca afectar los derechos y libertades de las mujeres; por el contrario, se procura avanzar en alianzas estratégicas más allá de partidos, ideologías y colores.
Asimismo llamó a un debate abierto “sin linchamientos hacia ninguna persona”, porque la libertad de las ideas es un eje central de la democracia. Por ese motivo pidió debatir con ideas, argumentos, información y datos concretos que permitan avanzar en corresponsabilidad con la sociedad.
En su intervención, la diputada de Morena, Paola González Castañeda, dijo que en la Comisión prevalece una evidente intención de voto en favor para aprobar el dictamen. Por eso, este foro de parlamento abierto adquiere significativa importancia para escuchar a toda la ciudadanía.
Destacó que no se trata de un dictamen que prohíba, sino que enuncia las modalidades de violencia en contra de las niñas y mujeres. Afirmó: “legislamos para todas”.
También de Morena, la diputada Geraldine Ponce Méndez propuso tener una visión correcta para incluir la violencia simbólica en la ley, pero sin vincularla a los certámenes de belleza, ni restringirlos o eliminarlos.
Agregó que tampoco es correcto prohibir los apoyos económicos públicos, porque atenta contra la autonomía de estados y municipios, afirmó. Del mismo modo planteó modificaciones al artículo 17 Ter y pidió que el dictamen no se apruebe de forma arbitraria y sorda.
Por el PRD, la legisladora Frida Alejandra Esparza Márquez argumentó que los requisitos de los concursos de belleza son discriminatorios porque exigen a las participantes tener belleza de cuerpo y rostro. Arraigan estereotipos reforzando su cosificación premiando la belleza. Se producen dividendos económicos a costa de la explotación de las mujeres al ser obligadas a someterse a estereotipos sexistas e idealizar la estética que vende el patriarcado.
La también perredista, Guadalupe Almaguer Pardo apuntó que los concursos de belleza son una variante industrial que utiliza el cuerpo de las mujeres como señuelo a fin de obtener ganancias millonarias.
“Fomentan una cultura misógina, machista y patriarcal al considerar los certámenes como tradiciones. Se cosifica a las participantes con prácticas degradantes al exigirles medidas corporales y operarse porque no cumplen. Se han creado mujeres cosas e hipersexualizado a las niñas, considerándolas como propiedad.
Por Morena, la diputada Mildred Ávila Vera comentó que la violencia simbólica se ha construido por siglos; por ello, se tiene que reflexionar para reconstruir y superar muchos desafíos, porque “las microviolencias están en todo lo cotidiano. Empezarlas a depurar desde nuestros espacios privados y públicos “implica todo un reto” que debe asumirse. Fomentar la publicidad sexista cosifica a las mujeres y las hace ver como objetos de consumo, afirmó.
Del PRI, la diputada Cynthia López Castro aclaró que “no se criminalizan los concursos de belleza” y reconoció a las mujeres que han triunfado en ellos. Sin embargo, propuso prohibir el financiamiento público para esos certámenes, como ha sucedido en Tijuana, Baja California; Jalisco, Nayarit y Nuevo León. “El recurso público no puede promoverlos” cuando se recorta el 75 por ciento al Instituto Nacional de las Mujeres. Refirió que los requisitos sí discriminan a las mujeres.
Karen Pamela Rocha Ruiz, activista de derechos humanos para personas con discapacidad, afirmó que hay certámenes que empoderan y abren una puerta de oportunidad para mujeres con capacidades diferentes, que requieren alcanzar la inclusión integral, el estatus de ciudadanas de pleno derecho y sin discriminación. Los concursos pueden ser un motor para sensibilizar a la sociedad respecto de la discapacidad, añadió.
 En este mismo forose contó con la participación de Aimée Dora Montiel, investigadora y maestra en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, quien comentó que los concursos de belleza promueven la discriminación.
Refirió que son base de la violencia contra las mujeres y alientan estereotipos sexistas, además de que no respetan los derechos humanos.
“Los propietarios de los certámenes y las televisoras son los que ganan al utilizar a las mujeres como objetos sexuales desechables con redes de trata a nivel internacional”, aseveró.
Mientras que Guadalupe Jones Garay, administradora de empresas y ganadora de certamen Miss Universo, argumentó que los certámenes de belleza son plataformas para convertir a las mujeres en voceras y en apoyo a grupos vulnerables.
“Coadyuvan a promover el turismo y no el cuerpo de las participantes como se sugiere; además posicionan al país como un área de inversión. Los requisitos para participar garantizan una competencia justa y equilibrada, que no es discriminatoria.

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