PRESIÓN FINANCIERA OBLIGAR A JIPS A DECLARARSE EN BANCARROTA
+Una serie de movimientos como protesta por el impago a los trabajadores se ha suscitado desde entonces
Luego de que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez diera a conocer que su administración estaba impedida para pagar la nómina de la segunda quincena de julio a trabajadores del Gobierno del Estado, se han realizado manifestaciones y diversas voces han emitido sus posturas ante la situación.
Evocando a la Ley de Disciplina Financiera que obliga a los Estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión de su gobierno, expuso que como ya los pagó, generó una presión financiera que impide cumplir con su obligación.
Se dijo confiado en que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sensibilidad y solidaridad va a ayudar a las y los colimenses para poder cerrar la administración estatal de la mejor forma posible.
Mientras tanto, lamentó profundamente informar que no están en condiciones para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores de Gobierno del Estado, jubilados y pensionados, ni a enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente.
Con esa decisión, el mandatario afectó a trabajadores de 32 Organismo Descentralizados y Desconcentrados Estatales, y 9 organismos autónomos estatales.
CAMBIOS EN FINANZAS
Cabe recordar que durante su sexenio ha habido 3 secretarios de Planeación y Finanzas (Seplafin), inició con Carlos Arturo Noriega García, quien en marzo de 2021 presentó su renuncia por motivos personales para entrar de relevo Santiago Chávez Chávez, que solo estuvo 4 meses en el cargo para cederle la batuta a Marina Nieto Carrazco.
El pasado 7 de julio la actual titular de la Seplafin aseguró que la deuda pública directa que recibió de la pasada administración fue de 820 millones de pesos y cerraron con 2 mil 805 millones de pesos, esto es, un incremento de 242 por ciento, mientras que al cierre de la presente administración la deuda pública será solamente de un 20 por ciento, adicional, respecto al monto recibido.
Subrayó que para el término del gobierno de José Ignacio Peralta, esta administración habrá tenido un endeudamiento neto de solo 563 millones de pesos, muy por debajo de los 2 mil millones de pesos que tuvo la pasada administración.
En su momento, el anterior secretario de Planeación y Finanzas, Santiago Chávez Chávez, informó que la agencia calificadora HR Ratings refrendó la calificación BBB con perspectiva estable del estado, lo que confirmaba las buenas prácticas financieras del gobierno estatal.
POSTURAS
Al fijar su postura, la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva enfatizó que el único responsable de la falta de recursos es el gobierno actual, por lo que sostuvo que no será comparsa de nadie ni cómplice de actos de corrupción, así que anunció que realizará una revisión a fondo de las finanzas públicas para detectar irregularidades.
Añadió que por muy complicadas que le entreguen las finanzas, asumirá su responsabilidad de enderezar el barco y de gradualmente corregir la situación financiera recibida.
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE MORENA
Al emitir su posicionamiento sobre el anuncio de la insolvencia financiera que enfrenta el Gobierno del Estado, señalaron que sólo es una confirmación de las irregularidades administrativas que han sido señaladas constantemente por su bancada y sus integrantes, en distintos momentos de la actual Legislatura.
Esta crisis administrativa —que se asemeja en gravedad a la condiciones que el mismo Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez denunció que recibió de la anterior administración— refleja al menos una pésima planeación, una gran falta de orden administrativo y genera sospechas fundadas de manejo discrecional de los recursos públicos y de posibles actos de corrupción, asentaron.
En su comunicado exigen se aclare que la falta de recursos para cubrir la nómina de las y los trabajadores no puede obedecer a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ni a la baja recaudación federal, como lo aseguró en su mensaje el titular del Poder Ejecutivo. Esta crisis tiene un solo responsable y es el titular del Gobierno del Estado, el Gobernador.
Recordaron que en el año 2020, el Gobierno del Estado de Colima contrajo deuda pública con bancos por el orden de los 1,950 millones de pesos; esto, de acuerdo al Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda (actualizado a junio de 2021).
De esta cantidad, las obligaciones a Corto Plazo, suman 1,210 millones de pesos; mientras que las de largo plazo alcanzan los 740 millones de pesos.
Aunque el Gobierno del Estado sostiene que la mayoría de recursos extraordinarios solicitados a bancos en 2020 obedeció a las diversas acciones para enfrentar el COVID-19, el único crédito publicitado para ese objetivo, fue un empréstito de corto plazo otorgado por HSBC el 23 marzo de 2020 de 100 millones de pesos, con los que se asegura que se adquirió equipo médico de protección, un tomógrafo y respiradores.
En diciembre de 2020, el Gobierno del Estado recibió en sus cuentas los recursos correspondientes a varios créditos por un monto total de 1,250 millones de pesos, divididos de la siguiente manera:
-Créditos a largo plazo o simples: $740 millones de pesos. (500 MdP por HSBC y 240 MdP por BANSI S.A. de C.V.)
-Créditos a corto plazo: $510 millones de pesos. (200 MdP por Banco Azteca, 160 MdP Banco Afirme y 150 MdP Bansi S.A. de C.V.)
En su mensaje, el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció la inviabilidad financiera de su gobierno al no contar con liquidez suficiente para cubrir las quincenas de las y los trabajadores estatales en activo y pensionados, de organismos descentralizados e institutos y urgió la participación del Gobierno de México para liquidar estos compromisos.
El titular del Ejecutivo sostuvo que durante el año 2020 su gobierno recaudó menos recursos de los esperados; sin embargo, hubo un crecimiento en los ingresos estatales por el orden del 1.3 por ciento comparado con el año 2019, según un análisis del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión.
Y si se revisan las Aportaciones y Participaciones Federales, el CEFP establece que Colima dejó de recibir aproximadamente 250 millones de pesos por estos conceptos en el año 2020. Esta contracción de 250 millones de pesos no es una cifra comparable con los $1,210 millones de pesos que requirió a corto plazo a distintos bancos. La diferencia revela el tamaño de las irregularidades y el desorden financiero del actual gobierno estatal.
Irregularidades y desorden que se agravan si consideramos también la falta de pago al Instituto de Pensiones del Estado de Colima por cientos de millones de pesos ya, o si observamos los pendientes para la conclusión del C5i o la compra de los terrenos de la Zona Militar. Hechos por los que esta bancada ha interpuesto denuncias penales y solicitado auditorías a las instancias correspondientes. Lastimosamente, estas auditorías no han avanzado debido al control que aún ejerce el Gobernador sobre las y los funcionarios que las dirigen.
En ese contexto, expusieron que su bancada está en el proceso de integrar mayor información y evidencias para iniciar nuevos procedimientos jurídicos en contra de los responsables de este desfalco a las finanzas estatales.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Ante el anuncio del mandatario, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, expuso que los trabajadores no tienen que pagar las consecuencias de un mal manejo financiero, pues la Ley de los trabajadores establece que el salario tiene prioridad sobre los gastos del estado. El salario está debidamente presupuestado y ganado.
Dijo que esperan una solución inmediata, pues bajo las circunstancias que existan, se debe proteger a los trabajadores; además de manifestar su enérgica protesta por esa determinación tan irresponsable, por lo que exigió el pago inmediato de la quincena, y prestaciones.
Añadió que adeudan 4 meses y medio de retenciones, se ha caído en un delito. Son retenciones al sindicato por los programas financieros, ya tiene más de un año con problemas de retraso con los compromisos con los trabajadores, en la retención de sus reducciones. No solamente es el salario, son prestaciones y retenciones que no se pagan a los trabajadores.
VLADIMIR PARRA
Por su parte, uno de los principales detractores del gobierno peraltista, expresó en marzo pasado, que la renuncia de Noriega García a la Seplafin mostraba impunidad y cinismo de gobierno de JIPS, dejó en marcha una investigación por el uso irregular de 200 millones de pesos que tendrían que haberse utilizado para la compra de la Zona Militar.
Asimismo, abandonó su responsabilidad con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL), al que se le adeudan más de 500 millones de pesos que nunca fueron aportados a pesar de que la ley lo exigía.
OTROS ADEUDOS
Los adeudos a proveedores, los créditos a corto plazo, la deuda que se tiene todavía con la Universidad de Colima y de la que prefieren mantenerse callados los involucrados.
El 11 de enero del presente año, el gobernador detalló que fueron dos créditos a corto plazo los que se solicitaron para el pago de aguinaldos que tendrían que estar liquidados en el mes de julio de 2021.
En su momento expresó que, dado la falta de apoyo, por primera vez en la historia, por parte del gobierno federal para hacerle frente a los compromisos de fin de año, entre ellos el pago de aguinaldos, su administración tuvo que solicitar dos créditos a corto plazo, uno de 150 millones de pesos y otro de 250 millones de pesos, los cuales tienen que estar liquidados a más tardar en el mes de julio de 2021.
NUEVO LIBRAMIENTO
El Grupo Parlamentario de Morena del Congreso del Estado, informó que el proyecto del nuevo libramiento anunciado por el gobernador José Ignacio Peralta carece de viabilidad, no beneficiará a la población, compromete las participaciones federales del estado y representa un mero negocio para el gobernador y sus amigos.
El coordinador de la bancada, Vladimir Parra Barragán señaló que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presupuestó ese proyecto como posible obra de inversión público privada en 876 millones de pesos, y en octubre de 2019, el gobierno del estado lo presupuestó en 1 mil 914 millones de pesos; más adelante, en la nueva iniciativa subió a 2 mil 100 millones.
COMPARECENCIA NORIEGA
Durante su comparecencia por la Glosa del Informe, el entonces titular de Seplafin, Carlos Arturo Noriega García aseguró que las participaciones federales bajaron un 12.6 por ciento.
Lo anterior, al darse a conocer que de forma ilegal se autorizó un crédito por 740 millones de pesos y agregó que la Secretaría de Hacienda informó que el Estado recibió más de los recursos estimados y autorizados, en 2019 recibieron 729 millones de pesos más.
Se precisó que, en créditos a corto plazo y refinanciamiento del año 2019, suman 1 mil 375 millones de pesos.
En esa ocasión, el secretario de Planeación y Finanzas dijo que se pagaría con un crédito fiscal de 147 millones de pesos al IPECOL, para llegar al término de la administración sin adeudo alguno.
Mañana nuevamente el exsecretario, junto con la actual titular, Marina Nieto y el gobernador comparecerán ante el Congreso del Estado para explicar lo que los llevó a declararse en bancarrota.
