OPINION

 PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN EN EL ESTADO DE COLIMA INSUFICIENTE

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón en Colima está padeciendo una insuficiencia presupuestaria que le impide realizar su trabajo eficientemente con el personal que tiene. Este organismo autónomo, encargado de resolver controversias laborales entre la burocracia y las autoridades administrativas del Estado, ha sufrido esta insuficiencia desde hace varios años.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, aprobado por el Congreso del Estado, otra ves es insuficiente, no les alcanza ni para pagar la nómina se les asignó menos dinero del que mínimamente necesitan para cumplir con su función.

En sus puertas, hay comunicados del personal de la institución, que se quejan de esta problemática. No cuentan con el personal suficiente para desahogar los casi 5000 expedientes acumulados, lo que ha causado un retraso considerable.

Esto ha generado molestias no solo entre los abogados litigantes y los de la burocracia, sino también entre los justiciables que acuden al tribunal en busca de justicia.

La Constitución establece que las sentencias y laudos de estos tribunales, deben emitirse en los plazos que señala la ley. Sin embargo, debido a la carga de trabajo, no se resuelven rápidamente, pues duran años, lo que se traduce en una violación de derechos.

Esto expone al servidor público que trabaja en esa institución a la posibilidad de ser multado por el retardo judicial. Una de las principales causas de este rezago es la falta de personal suficiente, ya que los recortes presupuestarios han obligado a trabajar con menos personal.

Es crucial que el Congreso del Estado, el Ejecutivo y la Secretaría de Finanzas analicen la situación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y resuelvan el problema.

Deberían revisar los anteproyectos de presupuesto que estas instituciones envían al Ejecutivo y al Congreso en agosto de cada año, con más cuidado.

Aunque el personal del tribunal trabaje arduamente, si la carga de trabajo los rebasa por falta de presupuesto, la responsabilidad recae en quienes lo otorgan. Es esencial revisar adecuadamente los presupuestos financieros y asignarles lo necesario.

No hay que olvidar que este tipo de tribunales atiende problemas de trabajadores que generalmente demandan por falta de pago de prestaciones, salarios o despidos injustos.

Cuando acuden al Tribunal de Escalafón y Arbitraje y encuentran que no pueden resolver a tiempo por causas ajenas a su voluntad, esto afecta directamente a los trabajadores que buscan justicia.

En un estado democrático como el nuestro, esto no debería suceder, o al menos se debería hacer un esfuerzo para resolver los problemas que enfrenta el tribunal.

Sería deseable que las autoridades encargadas de asignar el presupuesto y revisar las necesidades del tribunal se pongan en contacto con la institución.

De confirmarse la situación, deberían asignarles los recursos necesarios. También es importante que los funcionarios del tribunal soliciten lo que realmente necesitan conforme a las leyes financieras del Estado.

Hay una costumbre de que muchas instituciones piden más de lo necesario, ya que saben que el Congreso del Estado les asignará menos. En ocasiones, no justifican adecuadamente sus necesidades financieras, lo que lleva a la negación de los fondos.

Las ampliaciones presupuestales durante el año son excepcionales y solo deben otorgarse por circunstancias extraordinarias.

Se ha dictado jurisprudencia por tribunales federales en el sentido de que negar el presupuesto necesario, es una violación a la autonomía de estas instituciones.

Aunque esta práctica aún no se ha erradicado completamente, es importante aplicar el derecho actual, que implica que todos los tribunales de justicia deben respetar los derechos a un buen sistema judicial.

Para ello, necesitan estar bien estructurados, con personal capacitado y con los recursos necesarios para responder a las necesidades de justicia solicitadas por la sociedad.

Si no se atienden estas necesidades, continuaremos socavando las instituciones de justicia, lo que generará más inconformidad y afectará la calidad del sistema judicial en todos los sentidos, en este caso en este tribunal laboral.

Esto no es lo que el país requiere en este momento. Por ello, sería conveniente realizar una investigación profunda sobre las causas del resajo que tiene este Tribunal y, de ser el presupuesto entonces hay que otorgarselo para que puedan desahogar los procedimientos como lo marca la ley.

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