SE REQUIERE UNA RENOVACIÓN EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA: RUMUALDO GARCÍA

Es necesario y urgente una renovación del Poder Judicial del estado de Colima, porque hay magistrados que ya cumplieron su ciclo en la institución “estamos hablando de gente que tiene varios de ellos más de 20 años y que necesariamente ya no están rindiendo al máximo de sus capacidades y sería muy sano que se pudiera dar esta sustitución, pudieran llegar perfiles que cuenten con capacidad y la experiencia que se necesitan para ocupar estos cargos”.

Dijo el abogado en Estricto Derecho, Rumualdo García Mejía, quien comentó que no obstante “valdría la pena detenernos a explorarlo con detalle, porque estamos viendo cuáles son las circunstancias actuales, tanto la gobernadora como el Congreso local, hemos visto que se han caracterizado por elegir y avalar propuestas carentes de idoneidad para espacios de relevancia y pues por eso muchos dicen que quizás sería mejor que continúen los que están actualmente, precisamente por el riesgo de que lleguen otros peores, aquí cabría aplicar lo que dice el famoso refrán que ‘Más vale malo por conocido que bueno por conocer’”.

Señaló que “dentro de lo que es el Supremo Tribunal de Justicia es necesario analizar de forma particular el desempeño de uno de los magistrados, que es el actual presidente, que ha sido en diversas ocasiones severamente cuestionado, se le han atribuido irregularidades de todo tipo a cual más de lamentables, de vergonzosas, incluso es muy comentado y claro que con toda la razón en cualquier país democrático en el que valieran para algo a la ética y la decencia, pues hace mucho que este señor tendría que haber dejado el cargo, incluso hasta mediante una renuncia por elemental dignidad y sobre todo por un mínimo de respeto a la sociedad colimense”.

Indicó que “estas numerosas irregularidades de las que hablamos, pues lo curioso es que son del conocimiento de la gobernadora como del Congreso estatal, pero no sabemos si son temas que no comprenden o no les alcanza para atender esta problemática tan grave o a pesar de que sí entiendan de qué se trata, no han podido o peor aún no han querido entrarle a este tema”.

Mencionó que “mientras tanto los que más resienten esta situación son los justiciables, quienes tenemos la necesidad de acudir cotidianamente a los juzgados de primera instancia, pues somos quienes tenemos que padecer todos los días estás carencias de recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, es una situación verdaderamente lamentable”.

Manifestó que “no se trata de una cuestión de percepción, no estamos entrando al ámbito de lo subjetivo, no es una cuestión de carácter personal, todo esto que estoy diciendo puede ser corroborado por quienes se dedican a litigios del fuero común y que precisamente hoy les toca vivir este calvario todos los días”.

Agregó que “vemos con tristeza cómo la gente presenta sus demandas y por el cúmulo de trabajo, pues estas no pueden ser acordadas hasta que pasan varias semanas, en ocasiones meses y pues es más lamentable todavía cuando se trata de asuntos de carácter urgente, asuntos que ameritarían que rápidamente se diera la intervención de la autoridad judicial y sin embargo  esto no es posible, no porque no quieran, no porque no sea su voluntad hacerlo, sino porque es prácticamente imposible que eso suceda”.

Añadió que “eso mismo ocurre con emplazamientos, de todos los tipos de notificaciones por parte de los secretarios y las secretarias actuarias, ni se diga en materia penal con las solicitudes de audiencias, aun cuando se trata a veces de asuntos urgentes, pues prácticamente es imposible que se cumpla con el mandato constitucional de una justicia pronta y expedita, ya que cuando se solicita las fechas pues resulta que la fecha que está disponible es hasta dentro de varios meses, esto definitivamente como dice la conocida frase ‘Justicia retardada es justicia delega’”.

Dijo que “es necesario aclarar que todo esto que estoy diciendo de ninguna manera va dirigido a cuestionar, al contrario más bien se trata de reconocer el compromiso y el nivel de responsabilidad de muchos servidores públicos judiciales de los juzgados, de quienes personalmente me consta que hacen todo lo humanamente posible por cumplir a cabalidad con sus obligaciones, pero a quienes sí estamos cuestionando, a quienes iban dirigidos estos reclamos es precisamente a la instancia superior, a la instancia responsable que tiene a su cargo el total de estos recursos para que la justicia pueda ser una realidad”.

Advirtió que “es imperativo que esto suceda porque estamos llegado a un punto crítico, urge la creación de más órganos jurisdiccionales, es indispensable que haya más juzgados para que se pueda brindar eficientemente la justicia a la sociedad colimense y por qué no se establecen juzgados, por qué no se contrata más personal judicial, por qué no se les paga mejor, por qué no se regulan adecuadamente las cargas de trabajo, bueno pues todas estas tareas tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que le corresponde realizar a los magistrados a las magistradas que integran el pleno del Supremo Tribunal de Justicia; sin embargo, estos señores, prefieren hacer como que no ven, como que no oyen, ellos están muy tranquilos, muy a gusto percibiendo sus 100 mil pesos mensuales y no les importa que el resto del Poder Judicial enfrente una situación cada vez más crítica”.

Dijo que “por si fuera poco en estos momentos están en curso dos convocatorias para la designación de titulares de juzgados en diversas materias y para no variar ya surgieron diversos señalamientos de irregularidades en los recursos respectivos; estos señalamientos se ven desafortunadamente alimentados por la sospecha que genera la terrible falta de transparencia que prevalece en la realización de este tipo de procedimientos”.

“Estamos hablando que se trata de designar a personas que van a fungir como jueces o como juezas cuando menos por periodos de 6 años, es gente que va a estar al frente de un juzgado, que va a estar decidiendo sobre la libertad, sobre la propiedad, sobre todo tipo de derechos de las personas que acuden ante su potestad”.

Aseguró que “no es posible que conozcamos, aun cuando debería de ser así, podamos conocer cómo es que llegan a estos cargos; estas dos convocatorias que están en curso nada más vemos que esporádicamente se publica en el periódico oficial, que ya se tomó tal o cual determinación, que ya el jurado dijo esto, dijo el otro, pero no se puede conocer ni siquiera los nombres de quiénes están como aspirantes en este tipo de procedimientos; se les practican diversos exámenes, incluso de carácter psicológico, de conocimientos y no sabemos quiénes sí están aprobando estos exámenes, quiénes no los están pasando, cuáles son los aspectos que están teniendo en cuenta, todo esto debería ser público, incluso ser transmitido para el conocimiento de toda la sociedad, que pudiéramos ver cómo es que se están ganando este espacio estas personas, cómo es que les vamos a dar esa elevadísima responsabilidad de después juzgar nuestra vida, nuestros actos y todo eso desafortunadamente está sucediendo en la más terrible opacidad”.

Señaló que “toda esta responsabilidad es del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; entonces a qué nos lleva todo esto, a que necesitamos haya esta sacudida, se necesita que haya esta renovación, se necesita que ase renovación se dé principalmente en el Supremo Tribunal de Justicia, pero que también llegue hasta los juzgados, que tanto magistraturas como juzgados puedan estar ocupadas por perfiles que cuenten precisamente con la capacidad, con la experiencia, con el conocimiento que se requieren para este tipo de cargos; mientras esto no suceda pues quien va a resentir directamente esta afectación en la sociedad, a final de cuentas la sociedad es la que acaba pagando los platos rotos de que esto no cumpla con los estándares tanto de la Constitución como de las leyes para que se puedan dar este tipo de designaciones”.

“Cuándo va a suceder esto, pues bueno tratándose de los magistrados y las magistradas, cuando la gobernadora, cuando el Congreso se decidan por fin tomar cartas en el asunto”.

“Tratándose de los juzgados, ahí es una labor más sencilla porque eso es exigible a estas 10 magistraturas que integran el pleno del Tribunal, ellos son los que tienen que crear, los que tienen que propiciar las condiciones para que los nombramientos de estos jueces, de juezas que llegan a estos cargos puedan ser de una forma más transparente, más objetiva y que no vayan a llegar como actualmente se está especulando, personas que carecen de la idoneidad o que con toda seguridad podría decirse que se está tratando de posibles pagos de favores”.