SI EL MINISTERIO PÚBLICO NO INVESTIGA BIEN Y EL ACUSADO RESULTA INOCENTE PUEDES DEMANDARLO POR DAÑO PATRIMONIAL

El Ministerio Público (MP) desempeña un rol fundamental en el sistema de justicia mexicano, siendo el encargado de investigar y perseguir la delincuencia conforme a la ley.

Sin embargo, históricamente, esta institución ha enfrentado serias deficiencias que han mermado su eficacia y han erosionado la confianza de la sociedad.

A pesar de su obligación constitucional de actuar con autonomía e independencia, el MP aún no logra desprenderse completamente del poder ejecutivo, lo que limita su capacidad para cumplir eficazmente con sus responsabilidades.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente en sus artículos 19, 20 y 21 que el Ministerio Público debe perseguir la delincuencia, llevando a cabo investigaciones exhaustivas a través de la policía y el departamento de peritos.

Estas investigaciones deben incluir todas las diligencias necesarias para identificar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos.

Además, los tratados internacionales ratificados por México refuerzan este mandato, subrayando la importancia de respetar los derechos humanos durante el proceso investigativo.

No obstante, la realidad muestra que el MP ha sido una de las instituciones más rezagadas en cumplir su función conforme a la ley.

En un contexto donde cada 100 delitos cometidos, sólo uno es investigado efectivamente, se evidencia una grave ineficiencia que socava el sistema de justicia.

Esta baja tasa de investigación se atribuye principalmente a la falta de autonomía e independencia del MP.

Aunque recientemente se ha independizado al MP del poder ejecutivo; tanto a nivel federal como estatal, de facto, esta dependencia persiste.

Esta falta de independencia no solo limita la capacidad del MP para actuar con imparcialidad y eficacia, sino que también afecta directamente su desempeño y la confianza pública en la institución.

La ineficacia del Ministerio Público no solo impide la persecución de delitos, sino que también genera un profundo descontento y desconfianza entre las víctimas y la sociedad en general.

La falta de investigaciones adecuadas ha llevado a casos donde personas inocentes han sido detenidas y procesadas, enfrentándose a procesos judiciales prolongados y, en algunos casos, siendo exoneradas posteriormente.

Esta situación vulnera los derechos fundamentales de los individuos afectados y mina la credibilidad del sistema de justicia.

Además, la incapacidad del MP para investigar eficazmente contribuye a la impunidad y al aumento de la delincuencia, afectando la seguridad y el bienestar de la población.

En un avance significativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis aislada 1a. XIII/2024, emitida en Julio de 2024, ha establecido que el Estado es responsable patrimonialmente cuando el Ministerio Público ejerce acción penal sin realizar las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal del indiciado.

Este criterio jurídico fortalece los derechos de las víctimas a exigir reparación por los daños y perjuicios ocasionados por la falta de diligencia del MP.

En el caso específico, una persona demandó al Estado por detención arbitraria, maltrato en custodia y exposición pública como culpable sin las debidas investigaciones.

La Suprema Corte reafirmó que el MP debe cumplir estrictamente con sus obligaciones investigativas y, en caso de incumplimiento, el Estado debe responder por los daños causados.

Este precedente no solo protege a las víctimas, sino que también incentiva al Ministerio Público a mejorar sus procesos investigativos.

El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado representa un avance crucial para las víctimas, quienes ahora cuentan con un mecanismo legal para exigir justicia y reparación por los perjuicios sufridos.

Este derecho a la reparación abarca tanto daños materiales como morales, reconociendo el sufrimiento y el impacto psicológico causado por la falta de una investigación adecuada.

Además, los jueces tienen un papel esencial en este proceso, debiendo condenar al Estado cuando el MP falla en su deber y emitir medidas de no repetición, para prevenir futuros incumplimientos.

Este enfoque no solo busca reparar el daño individual, sino también fortalecer el sistema de justicia en su conjunto, garantizando que el Ministerio Público actúe con la independencia y eficacia que la ley le exige.

Es crucial que tanto la sociedad como la comunidad jurídica tomen conciencia de la importancia de estos avances legales.

La independencia y autonomía del Ministerio Público deben ser una prioridad para asegurar que las investigaciones se realicen de manera justa y eficiente.

Asimismo, es indispensable que los jueces y otros actores del sistema de justicia colaboren para implementar y respetar estos nuevos precedentes, protegiendo así los derechos de las víctimas y fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas.

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