CAUSAS MÚLTIPLES DE LOS PROBLEMAS DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón, encargado de dirimir disputas laborales entre trabajadores burocráticos y el Estado, enfrenta un notable rezago. Los procesos son excesivamente prolongados y, aún con laudos condenatorios, los trabajadores luchan por hacerlos efectivos.

Este problema, común en muchos tribunales del país, complica ahora la ejecución de sentencias, lo que viola gravemente el estado de derecho en México y los derechos humanos de los afectados.

Los retrasos en los procedimientos laborales han sido una queja constante, y la acumulación de resoluciones inejecutables solo agrava la situación.

Varios factores contribuyen a este problema en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón: primero, la falta de personal suficiente para atender todos los casos. Esto puede deberse a una inadecuada comunicación del Tribunal al Congreso o a la Secretaría de Finanzas sobre la necesidad de más personal calificado. El creciente número de expedientes y la incapacidad de resolverlos a tiempo crean un cuello de botella.

El Congreso del Estado, al observar problemas en la justicia laboral, debe actuar. El Tribunal, como órgano autónomo, necesita apoyo, ya sea en forma de presupuesto, aumento de plazas o reformas legales para dotarlo de personal suficiente y pedirle que abata el rezago.

También es crucial actualizar sus sistemas de cómputo para agilizar el trabajo y que su personal maneje la tecnología actual en el campo de la justicia.

Otro aspecto importante es la conciencia de las partes involucradas en los litigios: los litigantes a menudo alargan los procedimientos y ejecuciones de sentencias sobretodo cuando son parte demandada y defienden a la autoridad.

Ya en ejecución los perdedores de los juicios utilizan recursos adicionales para evitar pagar, causando daños a las finanzas públicas. Mientras más se retrasa el pago a los trabajadores que ganaron el juicio, más se incrementa la cantidad que deben pagar las autoridades condenadas.

Para resolver estos problemas, es fundamental identificar sus causas. Una de ellas es cambiar la cultura del litigio que busca retrasar los procesos y la ejecución de sentencias.

Luego es común ver que las autoridades demandadas entrantes, heredan estos problemas de sus predecesores. Otro problema es la práctica de despidos masivos al inicio de nuevos gobiernos.

Esto se da porque las autoridades entrantes buscan colocar a su gente. Como consecuencia, cada trienio comienzan las demandas laborales que generalmente ganan los empleados despedidos. Estas prácticas deben terminar. Las nuevas autoridades deben respetar los derechos de los trabajadores y evitar cometer abusos.

Finalmente, quien paga todas estas prácticas, que aparentan ser legales pero no lo son si hablamos de justicia, es la sociedad.

La ejecución de las sentencias se paga con dinero público. Luego, la persona que entra en lugar del trabajador despedido, se queda en el puesto y se ensancha el número de trabajadores que en muchos casos podrían no ser necesarios.

Se necesita una revisión del sistema de justicia laboral estatal por parte del propio Estado, los municipios, los sindicatos y la comunidad jurídica, para modernizar la justicia laboral colimense.

Que ya no haya retrasos en su implementación y que se acaben las prácticas irregulares de cada tres años, en las que se despide gente a sabiendas de que van a demandar y el Estado va a perder el juicio.

También deben acabar esas prácticas de que, cada que llega un gobierno despida al personal injustificadamente, con el único propósito de meter a su gente. Esto viola el derecho al trabajo de quienes lo están desempeñando.

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