DESDE LA CURUL 26 – 20 DE SEPTIEMBRE 2021

Por Juan Ramón Negrete Jiménez 

Las complicidades del Legislativo 

Este lunes el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización  Gubernamental entregará a la Comisión de Hacienda de la Quincuagésimo Novena Legislatura un primer paquete de informes finales de cuenta pública del ejercicio fiscal 2020, donde se incluyen algunos organismos autónomos, organismos operadores de agua y algunos ayuntamientos. 

Conforme la ley, OSAFIG tiene como fecha límite para entregar el informe final de auditoría hasta el 30 de septiembre, para hacer la entrega al Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización  Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima y los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para calificar o no los informes relativos a las cuentas públicas. 

Como resultado de la cuenta pública 2020 de los entes fiscalizados por OSAFIG, el Auditor Superior del Estado, Indira Isabel García Pérez rendirá 31 informes, aunque hay que aclarar que solamente son obligadas de acuerdo a la Constitución los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 10 ayuntamientos; 7 órganos autónomos; y 9 organismos operadores de agua. 

En la cuenta de este año se incluyeron el DIF estatal e IPECOL, lo que da la cifra de31 instituciones auditadas. 

En la cuenta pública 2020 incluirá además auditorías de desempeño a los 10 DIF municipales, así como a ocho organismos descentralizados, como son el INSUVI, la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTEM), la Universidad de Colima (U de C), el Instituto de Adultos Mayores, el PRONNA, el Incode, el Incodis y el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) 

Hoy la entrega de estos informes finales solamente corresponden a una parte de los organismos autónomos, organismos operadores de agua y  ayuntamientos, ocurrirá a diez días de que concluyan los trabajos de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Estado, lo que desde cualquier punto de vista que desee verse, no queda prácticamente tiempo para que los actuales legisladores, alcancen a leer tan siquiera los informes, mucho menos dictaminar al respecto para subirlos al pleno para calificar o no la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020. 

Además no debieran tener prisa salvo que quieran tapar algo, pues de acuerdo a la ley, disponen hasta el 30 de noviembre para calificar o no dichas cuentas. 

Bueno, eso pensando de manera responsable en el sentido de que se pretenda hacer un trabajo responsable, y realmente se quieran revisar las cuentas para saber qué es lo que realmente sucedió para que el estado de Colima esté sumido en la peor crisis económica de toda su historia. 

Hay que recordar que el OSAFIG, es un organismo que no tiene dientes, es decir no está facultado para aplicar sanciones a los presuntamente responsables de cualquier quebranto a las arcas municipales, estatales y de los organismos autónomos y operadores de agua. 

De acuerdo al procedimiento de fiscalización y sanción, OSAFIG entrega los informes finales de resultados al Congreso del Estado, y sea éste quien califique la cuenta pública del ente auditado. 

Cuando señalo que OSAFIG es un organismo sin dientes y sin uñas, es porque  aun cuando corresponde a su unidad administrativa investigar la presunta comisión de responsabilidades, cuando concluya dicha investigación lo único que tiene que calificar es sin son graves o no graves las faltas y remitirlas a la autoridad correspondiente. 

Si no son graves se envían al órgano interno de control del ente público auditado  para su atención y en caso de que sea una falta grave ésta será remitida a la Unidad sustanciadora del OSAFIG para su atención y en su caso ésta sea remitida al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para su posible sanción según corresponda. 

Las faltas graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son los actos u omisiones de los servidores públicos que actualicen alguna de las siguientes conductas: 

Cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. 

Y las faltas administrativas no graves, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplan o transgredan el contenido de las obligaciones. 

Algo que hay que destacar es  que tanto la unidad substanciadora como  investigadora en Osafig, la integran solo 3 personas y una situación que debemos resaltar es el hecho de que a pesar de la pandemia por el Coronavirus, no han dejado de trabajar a pesar de los riesgos de contraer el Covid-19, pues tienen claro que hay plazos fatales que se deben cumplir. 

No han hecho su trabajo los Legisladores… 

No me queda claro por qué urgir a OSAFIG a entregar solo una parte de los informes finales de resultados, cuando antes de diez días debería entregar los 31 resultados; no creo que estén pensando en dictaminar por la vía del fast track para tratar de dejar calificada la cuenta pública del ejercicio 2020 de esos organismos operadores de agua  y esos ayuntamientos o los organismos públicos que este lunes les entregue OSAFIG. 

Hay que decir que los Legisladores en su conjunto y ya de manera específica los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos, no han cumplido con la finalidad primordial que como diputados la ley les confiere que es la de fiscalizar los recursos públicos. 

Sí realmente hubieran hecho su trabajo desde que asumieron responsabilidades el 1 de octubre de 2018, el estado de Colima no estuviera sumido en la grave crisis financiera que está atravesando, pues se hubiera detectado a tiempo que las autoridades estatales, municipales u organismos descentralizados y los organismos operadores de agua potable, no estaban haciendo su trabajo y que se estaban dando movimientos extraños. 

De poco o nada ha servido que mensualmente los entes obligados entreguen la cuenta pública mensual, si los diputados nunca la revisaron, de haberlo hecho se habrían dado cuenta de los manejos poco claros que se venían dando. 

Se cayó en una permisividad y una opacidad, lo que llevó a una impunidad, y en eso también están involucrados no solamente los legisladores, sino el Tribunal de Justicia Administrativa por una parte y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, este último organismo convertido en un verdadero elefante blanco que a pesar de todas las denuncias que ha recibido no ha sido capaz de aplicar más de dos sentencias condenatorias. 

Las autoridades encargadas de sancionar a los presuntos responsables, nunca requirieron a la Auditora Superior del Estado, para que ampliara la información acerca de posibles responsables de irregularidades a pesar de que ésta había presentado las denuncias. 

¿Dónde estaban los diputados? 

Si revisamos los datos de la cuenta pública del ejercicio 2019, encontraremos hechos que aclararían mucha de la situación que llevó al quebranto del estado en este 2020. 

De acuerdo a información pública que se encuentra en la página web del OSAFIG, encontramos observaciones no solventadas y que extrañamente no llamó la atención de las y los legisladores, a quienes por su falta de atención y por incumplir su responsabilidad se les pudieran fincar responsabilidades. 

Entre la información que pudimos localizar está la observación F-39/2019, donde se da a conocer que desde 2019 existía gran cantidad de préstamos quirografarios, mejor conocidos como préstamos de corto plazo. 

Dichos créditos de corto plazo a partir de la Ley de Disciplina Financiera de 2016, dice que deben quedar pagados tres meses antes de que concluya la administración, ya sea municipal o estatal; es decir, tres meses antes de que concluyan los mandatos, sin especificar si se van el Legislativo, si se van de los municipios, o si se va la administración central, en este caso el Poder Ejecutivo. 

En la auditoría 2019,  OSAFIG detectó y se encuentra en el pliego de observaciones que es público en la página web, solamente testada la información relacionada a las funcionarias y funcionarios que intervinieron. 

En ese informe hay una relación de 22 observaciones graves que ni el Congreso del Estado, ni la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no han hecho nada para aplicar las sanciones; si bien el Congreso ya no tiene la facultad de sancionar a los presuntos imputados, como encargados de fiscalizar los recursos públicos sí estaban obligados a exigirle a la Fiscalía Anticorrupción haber aplicado las sanciones y en su caso, tratar de haber recuperado parte del quebranto que sufrió el estado. 

En la información encontrada se puede ver que en 2019, está la observación que pudiera ser la más relevante ya que es la que origina todo lo que ha sucedido en este 2020 y que llevó hasta caer en el impago de los salarios de los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado, en el Poder Judicial, en los maestros de la Sección 39 del SNTE, y en el incumplimiento de transferencia de recursos a los organismos públicos descentralizados entre ellos a la Universidad de Colima y que ya rebasa los 265 millones de pesos. 

Les pasó de noche la información a los diputados 

Los créditos que aparecen en la cuenta 2019 se debieron registrar en el Registro Público de Deuda, aunque fueran de corto plazo, de acuerdo a la información Gobierno del Estado nunca inscribió dichos préstamos quirografarios y nuestros flamantes diputados, a pesar de haber sido observados por OSAFIG, les pasó de noche, extrañamente nada dijeron. 

Eso está en la Cuenta del Poder Ejecutivo, en consecuencia era a él a quien le competía haber realizado dicho registro de los préstamos solicitados a determinada institución bancaria, sea Afirme, HSBC, Banorte, Banco Azteca, o Banco Mercantil del Norte,  pues  la ley así lo ordena que deben inscribirse hasta 30 días antes y ¿saben que ocurrió?, los registraron 198 días después. 

El monto de los seis créditos quirografarios que el Gobierno debía en 2019, ascendieron a un mil 070 millones 540 mil 649 pesos, a corto plazo y que fueron registrados de manera extemporánea 198 días después y en ese año no teníamos la pandemia del Coronavirus, para que no le echen la culpa. 

Esa información apareció en la auditoría realizada por el OSAFIG y que el órgano interno de control del Ejecutivo (Contraloría General del Estado) debió haber detectado que esos créditos no se estaban registrando, sin embargo no lo hizo por eso cuando el Órgano Superior de Fiscalización audita al Ejecutivo, un año después, se encontró con esa irregularidad. 

Si el OSAFIG que es el órgano técnico realizó las auditorías y entregó  los resultados a los diputados a través de la Comisión de Hacienda, desde 2019, el Órgano Superior les dijo  que había una serie de créditos a corto plazo que ni siquiera estaban registrándolos, pero al parecer los legisladores no supieron leer, o no les interesó lo que ya se veía venir que era el quebranto del estado. 

¿Cómo vendrá la cuenta público 2020? 

A partir de este lunes se recibirá en el Congreso del Estado, un primer paquete de informes finales de la cuenta pública 2020, quizá en lo que se entregue este día no estén los resultados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero va a ser muy interesante conocer los resultados, sobre todo porque en la cuenta del ejercicio 2019, aparecen préstamos a funcionarios (quizá hoy exfuncionarios), por más de 6 millones de pesos y otras linduras. 

Con relación a los préstamos a funcionarios ¿por qué si ya existía el Instituto de Pensiones (IPECOL), los entes públicos estuvieron actuando como cajas populares? 

Y nada de eso vieron los diputados, será que como se mencionó en el propio Poder Legislativo que ¿hubo diputados y diputadas que disfrutaron de esos beneficios?, en radio pasillo se manejan nombres y hasta algunos montos… en fin falta poco para saberlo ya nada más les quedan diez días a los actuales diputados. 

Para cerrar… 

*¿Rompimiento?… 

Se suponía que la semana anterior, el martes para ser más exactos, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, iba a convocar a sesión extraordinaria para subir al pleno las cinco iniciativas que el equipo jurídico de la gobernador electa, entregó a diez diputados de las bancadas de MORENA y del PVEM, para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica, reformas a la Constitución Política del Estado y la Ley para las Entidades Paraestatales del Estado de Colima. 

Querían subir esas iniciativas al pleno para que vía fast track se aprobaran por la mayoría MORENA-PVEM, la fracción ex Morenista de Memo Toscano e Isabel Martínez Flores, PANAL, MC y a lo mejor hasta el PT. 

Bueno pues algo sucedió que las cosas no salieron como las habían vislumbrado, incluso se habla de que Morena no le quiso cumplir lo que le habían prometido al Partido Verde y esta fracción recibió la orden de frenar todo. 

Por lo pronto la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde, Martha Meza, no acudió, a pesar de ser secretaria de la mesa directiva, a la última sesión de la Comisión Permanente y se habla de que la nueva mayoría que había al interior del Congreso, comienza a hacer agua. 

*El PRI manejará la bancada de Morena en la próxima Legislatura 

La semana que acaba de concluir el dirigente estatal de MORENA, Sergio Jiménez Bojado, dio a conocer los nombres de quienes manejarán la fracción parlamentaria de MORENA en la Sexagésima Legislatura. 

Llamó la atención que si bien como coordinadora se nombró a Viridiana Valencia Vargas, el grupo parlamentario será manejado por priistas, pues como vicecoordinador se nombró a Armando Reyna Magaña, con un amplio currículum al interior del tricolor y ex funcionario de la administración estatal que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez a la que tanto han defenestrado. 

Como vocera del grupo parlamentario se nombró a otra priista, Andrea Naranjo Alcaraz, ex presidenta del PRI en Manzanillo y gente muy ligada al ex presidente estatal del tricolor, Rogelio Rueda Sánchez, a quien señalan de habérselos impuesto a Morena 

 En diez días entrarán en funciones como nuevos legisladores locales, va a ser interesante ver su comportamiento. 

*Finalmente para concluir “Desde la Curul 26”, deje y le comento que a las iniciativas enviadas por el equipo jurídico de la gobernadora Electa a la actual Legislatura, les falta una buena revisada, pues aparte de estar  plagadas de errores ortográficos y palabras pegadas, trae algunas pifias que ya se las comentaré en breve, por hoy hasta aquí la dejo…