PERALTA, SEMOV, ALCALDES Y DIPUTADOS, INDIFERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN COLIMA – AJEDREZ POLÍTICO

Por: Eduardo Bravo*

La Constitución del Estado de Colima fue reformada el 18 de mayo del 2019, incluyendo la movilidad como un derecho constitucional establecido en el artículo 2° mencionando que los colimenses  pueden “acceder  a  un  transporte  público  de  calidad,  digno  y  eficiente, el  Estado proveerá  lo  necesario  para garantizar dicho acceso”, pero la realidad es que el Estado no cumple con este derecho, convirtiendo este artículo en letra muerta.

En la Constitución federal también se contempla el derecho a la movilidad, pero va más allá, al considerar la seguridad vial como derecho constitucional, expresando lo así en el artículo 4° “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. La Constitución local y federal colocan como prioridad de la movilidad al peatón, pero las autoridades no.

La ineficiencia en el sistema de transporte público en la entidad se hace presente todos los días, cuando miles de personas que necesitan trasladarse a sus actividades diarias, invierten tiempo y dinero para poder llagar a sus destinos, ya que no tienen otra alternativa para poder llegar a su trabajo, escuela o lugares de recreación, más que pagar otro tipo de transporte diferente al camión urbano “ruta”.

El Gobernador; José Ignacio Peralta Sánchez, el Secretario del Despacho de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima; Rafael Martínez Brun, el H. Congreso del Estado de Colima y los alcaldes de los diez municipios de la entidad, son indiferentes a la problemática de la movilidad y la seguridad vial, ya que estos funcionarios no implementan políticas públicas para volver una realidad lo que dice la Constitución y la Ley Estatal de Movilidad.

Los políticos actuales en Colima no resuelven el tema de la movilidad y el transporte público, por que ellos son el problema, en la mayoría de los casos son los mismos funcionarios los que son dueños de la mayoría de las concesiones de camiones o de taxis, por lo que con tal de ser un negocio rentable, juegan a la oferta y la demanda con la ciudadanía para quitar o poner rutas en circulación, como si los colimenses fueran una mercancía de supermercado.

Pero las personas no son mercancía y el transporte público tiene una función social que el Estado debe de cubrir por ley. Entre las soluciones está la adquisición de más unidades para prestar el servicio, la mejora de los vehículos que están en circulación, el respeto de los horarios de servicio, horario de servicio extendido, mejores condiciones laborales a los trabajadores del volante, además de inversión pública en medios alternativos de transporte como: combis, ciclovías y mototaxis.

Por una movilidad eficiente ya!

*Autor de la columna “Ajedrez Político”, Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, por la Universidad de Colima, analista independiente en temas sociopolíticos y colaborador en diferentes medios digitales