SEGÚN INVESTIGACIÓN, LOS DIF DE NUEVE ESTADOS, ENTRE ELLOS COLIMA, ENCIERRAN A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES EN CENTROS DE REHABILITACIÓN

En una investigación realizada por un medio informativo nacional se encontró que los Sistemas DIF han encerrado a cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en centros de rehabilitación, también conocidos como “anexos”. Aun cuando al interior de estos centros se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.

Una revisión a miles de documentos oficiales, búsquedas hemerográficas y la conversación con víctimas y testigos permitió conocer que los Sistemas DIF de al menos nueve estados lo hacen. Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.

Sin libertad de salir nunca a la calle, las personas pueden permanecer años en estos lugares. Como Janeth que, llevada por el DIF, rebotó de un anexo a otro en Michoacán desde los 12 años y hasta que cumplió los 17. O como Anselmo, que pasó sus últimos años en el anexo. El DIF lo llevó en 2018 con 84 años y la mitad del cuerpo paralizado. Murió ahí tres años después.

Se encontró evidencia de que esto ha ocurrido en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, San Luis Potosí, Tabasco y el Estado de México.

Los DIF pagan a los centros de rehabilitación desde mil 900 y hasta 15 mil pesos al mes por persona alojada, según la revisión de cientos de convenios del DIF con centros de rehabilitación. Estos documentos, llamados técnicamente Convenios de Coordinación o Concertación, son la vía para formalizar el envío de población a estos lugares.

De 2015 a 2022, los DIF de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones.

Los DIF son los organismos de gobierno encargados de proteger a personas menores de edad y a quienes están en condición vulnerable. A sus manos llegan víctimas de violencia, abuso, orfandad o abandono. Tras casi 40 entrevistas, visitas a centros para personas con adicciones en cuatro estados y la revisión de expedientes, esta investigación documentó que el DIF con frecuencia, en lugar de ponerlos a salvo, los expone a mayores riesgos.

“¿Por qué los llevan a anexos si hay casas hogar? (..) Nunca he entendido”, dijo Janeth, que pasó cinco años en anexos en Michoacán. “Al anexo llegan muchas personas muy mal y los que son de DIF tienen que ver eso. En un anexo se habla de muchas cosas que uno a lo mejor no ha vivido o no sabe”.

A menudo los anexos son vistos como un centro de asistencia social más, pero los centros para adicciones cuentan con dinámicas distintas a las de una casa hogar, un albergue, un asilo u orfanato.

Alejandro no había consumido drogas ni alcohol, pero el DIF Ciudad de México lo dejó en el centro de rehabilitación Fundación Jóvenes Tlatilco en 2022, cuando tenía 17 años. Él cree que fue un castigo por haber defendido del maltrato a otros niños en la casa hogar donde vivía con su hermano de ocho años.

Dice Alejandro que en Jóvenes Tlatilco, él y otros niños y adolescentes llevados por el DIF convivían las 24 horas con adultos en recuperación y eran obligados a presenciar hasta 12 juntas diarias de Alcohólicos Anónimos. “Un niño de 8 ó 12 años no está para escuchar esas cosas”, dijo. “Fue bastante difícil, la verdad, tolerarlo todo, bastante difícil el hecho de estar ahí”.

Alejandro fracasó en su primer intento por escapar del anexo, a quince días de haber llegado. Los encargados lo golpearon, lo encobijaron y amarraron de pies y manos como escarmiento, narró una tarde, en una calle céntrica de la capital. En un segundo intento, a los dos meses de su ingreso, logró fugarse.

“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. No hay algún parámetro para que el dif decida a dónde llevar a las personas, lo que permite actos arbitrarios. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.

CÁRCELES PRIVADAS

Hay centros autorizados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), bien montados y seguros, incluso algunos aptos para adolescentes, pero la mayoría opera en la clandestinidad, en condiciones de hacinamiento y miseria. Parten de la idea de que las personas “valoren lo que tienen afuera”, como describió el encargado de otro centro de rehabilitación en Nezahualcóyotl.

En el precario salón de unos siete metros de largo por cuatro metros de ancho, donde se realizan todas las actividades, sientan a los 55 varones alojados ahí y los hacen permanecer durante horas en sillas de plástico solo viendo a la pared con la consigna de no hablar, no dormir y no leer. “Los días son muy lentos y no avanzan”, dijo Santiago un joven internado ahí años atrás.

La Conadic estima que hay alrededor de 2 mil 280 centros que ofrecen servicios contra las adicciones y solo 247 cumplen con la normatividad. Acaso una docena ofrece tratamiento médico profesional. “Hay muchos que valen la pena y muchos otros que, francamente, no deberían de existir”, dijo en entrevista el titular de conadic, Gady Zabicky Sirot.

Hoy día, prácticamente cualquier persona puede abrir un centro de tratamiento “y esto de alguna manera es lo que nos trae hasta el problemón que tenemos”, dijo Zabicky.

“(Hay) lugares donde sabemos que se cometen violaciones a los derechos humanos y a las leyes mexicanas, ataques sexuales, alguna golpiza o simplemente personas que están internadas en contra de su voluntad. Técnicamente eso en México es un secuestro, una privación ilegal de la libertad”.

Santiago contó que es común que en el anexo de Nezahualcóyotl sirvan de comer verduras en agua sin más acompañamiento, sobras de panadería, tortillas frías y roídas, plátanos maduros, bofe de res. Los apresuran para ir a dormir, despertar, comer e ir al baño y para asearse les dan tres o cuatro cuadritos de papel o recortes de periódico. Sin privacidad, ni agua corriente, los hacen bañarse en grupo.

-¿Hoy qué les van a preparar de comer?

-Zanahorias. Hoy comen zanahorias. Llegan las zanahorias y sus tortillas-, detalló el encargado de ese anexo mientras en el patio hervían las rodajas anaranjadas.

En julio de 2020 hubo un motín provocado por el estricto control, el hambre constante y la presión, dijo Santiago. En reacción, el administrador sumó varias hileras de tabiques a las ventanas –ya de por sí pequeñas–, además de barrotes, cadenas y candados extra para las puertas.

“(Los anexos) son cárceles privadas”, dijo Éder López, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario en Michoacán. Él y su familia fundaron y administraron 11 años el centro Despierta Hay una Solución, en Morelia, animados por su propia experiencia con un papá alcohólico aunque posteriormente lo cerraron debido a un motín.

EN MANOS DEL DIF

No se pudo conocer con exactitud cuántos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad física o mental están encerrados en un anexo por instrucciones del DIF.

En parte porque mucha de la información que maneja el dif es confidencial -por tratar con víctimas, personas menores de 18 años y datos personales-. Pero también debido a la falta de transparencia de los Sistemas DIF.

Los convenios que firman con estos establecimientos rara vez indican el número de personas que envían, su edad o condición o la duración que tendrá el alojamiento en los centros de rehabilitación.

Además, no todos los estados y municipios hacen públicos los convenios que han firmado con estos lugares. Incluso algunos DIF en el Estado de México ni siquiera ponen por escrito la transferencia de personas que tienen bajo su resguardo.

El DIF Nezahualcóyotl respondió que no celebra convenios “ya que la circunstancia del caso particular solo amerita el apoyo para su acogimiento residencial y no para actos jurídicos”. Lo mismo respondieron Ixtapaluca, San Felipe del Progreso, Jilotepec y Los Reyes La Paz.

No se encontró evidencia de algún convenio firmado entre el DIF y el Centro de Rehabilitación y Recuperación de Alcoholismo y Drogadicción, Zona Uno, a las orillas de la ciudad a donde llevó en 2021, a Juan, un niño de 11 años de edad con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, alegando que no había espacio en las casas hogar. El niño fue rescatado por familiares. Tras 15 días en el anexo, Juan volvió a casa asustado.

En el único censo que se ha hecho en México acerca de personas alojadas en centros de asistencia social, en 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contó a 13 mil 549 personas menores de 19 años viviendo en centros de rehabilitación para alcoholismo y drogas. No es posible saber cuántos de ellos están bajo tutela del DIF.

Tan solo en Michoacán, la entonces nueva directora del DIF estatal, Paula Edith Espinosa, informó que en 2021 habían encontrado en los anexos “a más de 100” personas no adictas de entre 7 y 17 años de edad, mezcladas con adultos. Los menores habían sido enviados por el DIF en administraciones anteriores.

En Morelos, el 3 de septiembre de 2020, el DIF envió a 13 adolescentes que tenía alojados en una casa hogar y los trasladó al Sistema Integral para Adicciones Nueva Integración, un centro de rehabilitación en Jiutepec. En el interior de este lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó tortura y humillaciones; la Comisión Estatal de Derechos Humanos alista desde entonces una recomendación.

AL ALCANCE DE TODOS

No sólo el DIF envía a población vulnerable a estos establecimientos. En muchos lugares de México, los anexos son la alternativa disponible para las familias de personas con algún problema de conducta o alguna discapacidad física o mental. Esto, ante la ausencia de políticas y la falta de sitios públicos para dar atención especializada.

Gady Zabicky, el titular de Conadic, dijo que “hay personas que llegan ahí porque tienen problemas de salud mental no relacionados con sustancias. Y esto sucede porque no hay ninguna otra opción. Hay quienes agarran a alguien porque está teniendo alguna conducta que no agrada a la familia y lo quieren corregir a palazos, que no es lo adecuado. También hay personas que viven en condición de calle. Obviamente se necesita una respuesta distinta, de bienestar por parte del Estado”.

En uno de los espacios visitados en el Estado de México vivía un niño de 13 años al que su mamá llevó por problemas de conducta. En otro centro encontramos a un hombre con esquizofrenia que leyó obsesivamente, durante varias horas, la misma hoja del periódico.

Una niña de 11 años llegó a Urgencias del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, en julio del 2022 con quemaduras que le causaron en el anexo Casa de Vida Camino a la Fortaleza, a donde la llevó su familia creyendo que podrían remediar sus convulsiones, reportó la prensa.

Santiago se ha encontrado con menores a los que su familia internó porque los papás tienen una nueva pareja que no quiere al niño consigo. “Ahí los van a dejar”. Además, se ha encontrado con personas con discapacidades mentales e incluso con ancianos a los que su círculo cercano ya no quiere o no puede cuidar. Por su permanencia, las familias pagan cuotas de 400 ó 500 pesos a la semana. Algunos anexos incluso reciben pagos en especie.

Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, organización que trabaja con poblaciones callejeras, señaló que los anexos fungen como sitios a los que llevan a las personas que de algún modo son consideradas como “desechadas”.

Una vez dentro de los centros de rehabilitación, las personas son tratadas como un interno más. Hasta se mimetizan con la dinámica del lugar. “Yo comencé mi proceso acá con los compañeros”, dijo el adolescente Beto durante un recorrido por el anexo en el que vive ahora. Una fotografía tomada hace tiempo lo muestra apoyando los brazos en una tribuna; su postura sugiere que habla frente a un público que no aparece en la imagen. Del muro amarillo a sus espaldas cuelgan un cuadro con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y una imagen de su fundador, Robert Holbrook.

A CONTRACORRIENTE

No está claro cuándo fue que el DIF comenzó a enviar a personas, pero se encontró casos tan atrás como 2009.

En años recientes ha habido dos momentos cuando alguien intentó un cambio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al DIF Morelos en 2021 no enviar a más niños, niñas y adolescentes a centros de rehabilitación. Investigaba abusos y vejaciones cometidos por la policía y por encargados de un anexo. Pero eso no ocurrió y el DIF continuó tratando con anexos, según documentos obtenidos vía Transparencia.

En Michoacán, con cinco días como directora del DIF, Paula Edith Espinosa ordenó revisar los centros donde habían ubicado a personas bajo custodia del organismo. Una visita ordinaria para verificar el estado en el que recibía la dependencia.

Una semana más tarde, Espinosa declaró a la prensa que habían encontrado a más de 100 personas menores de 17 años en unos 10 anexos. “A muchos los mandaron por malas conductas y no por drogas”, publicó El Sol de Morelia, citándola.

En al menos dos anexos las condiciones eran deplorables, recordó Espinosa en entrevista. Como consecuencia, el DIF Michoacán denunció ante la Fiscalía del estado a Silvia Bernal Navarro, la directora de uno de los anexos, pues “sacaban a las niñas a hacer aseo a las casas”, añadió Espinosa.

Detalles de la visita al anexo administrado por Bernal quedaron asentados en documentos de la Secretaría de Salud y del DIF. En Crecer Victoria las jóvenes entrevistadas denunciaron “castigos corporales, azotes, gritos y marcas como producto de la violencia física/verbal que ejerce la directora del centro Silvia Bernal Navarro y las personas que cuidan de ellas, narrando además que las atormentan, las encierran y las amarran, si no hacen lo que les dice y ordena la directora del centro”.

Hay una orden de aprehensión pendiente en contra de Bernal por el delito de trata de personas en la variante de trabajos forzados. A través de su asistente en Crecer Victoria, Bernal dijo ser inocente y declinó hablar para este reportaje. Dos jóvenes que vivían en Crecer Victoria dijeron que no hubo abuso o maltrato. “Jamás pasó nada malo, ellas siempre fueron buenas con nosotras, siempre nos atendieron bien y las otras niñas sólo querían irse por eso inventaron cosas”, dijo en entrevista Janeth, quien figura en el expediente legal junto con otras menores acusando a Bernal. El DIF de Michoacán declinó hablar del caso.

Un funcionario que tuvo conocimiento directo de la visita a estos centros, dijo que la intención de Paula Edith Espinosa era buena y que su interés por poner a los menores a salvo fue genuino.

Sin embargo, el DIF con Espinosa colocó a cerca de 70 adolescentes rescatados de los anexos, justo en otros centros de rehabilitación.

Al 18 de abril de 2022, seis meses después del operativo, 38 personas menores de 18 años vivían en el anexo Fragata Libertad por encargo de DIF; 38 en Fundación Volver a Vivir; 19 en Grupo Norte Unido y cuatro en Tesoros Escondidos. “Fueron a revisar los espacios (…) Son anexos de otra calidad”, dijo Espinosa.